Los test masivos de Torrejón encuentran un 20% de prevalencia entre críticas de los epidemiólogos

Ni las advertencias del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha llegado a mencionar la posibilidad de imponer sanciones a quien no respete la estrategia común, ni las protestas de alcaldes de otros municipios madrileños han frenado la realización de la campaña de test masivos en Torrejón de Ardoz. En tres días 50.000 personas han pasado por las 10 carpas instaladas por el alcalde popular de la ciudad, Ignacio Vázquez, para someter a todos los vecinos de la localidad (casi 140.000) que quieran -el test es voluntario y gratuito- a una extracción de sangre para determinar si tienen anticuerpos, lo que indicaría que han pasado la covid-19. Según los resultados preliminares, alrededor de un 20% de quienes han acudido se habrían contagiado, según explicó el domingo a EL PAÍS el coordinador del proyecto, José David Zafrilla.

La noticia de que Torrejón pensaba hacer un “estudio de seroprevalencia” a todos sus habitantes provocó las protestas de otros municipios madrileños, que también quieren test para todos y hasta ahora no han conseguido autorización. El proyecto incumple la estrategia nacional de lucha contra el coronavirus, como recordó Illa esta semana. “No podemos ir por libre. Solo si vamos coordinados seremos eficaces y hacer carreras para ver quién ha hecho más test no nos llevará a nada”, dijo. No cumplir la estrategia de diagnóstico vigente, añadió, puede llevar “aparejada una sanción”. Esto ocurrió el jueves 28, pero el viernes empezaron los test masivos en Torrejón.

El plan era iniciarlos el miércoles, pero el Ayuntamiento tuvo que recular. La Comunidad de Madrid conocía el plan pero no lo había autorizado formalmente. Ante el enfado de otros ediles, se vio obligada a darle cobertura administrativa. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso publicó en un boletín oficial extraordinario en la tarde del día 27 una resolución con los requisitos para hacer un estudio de seroprevalencia. En cuestión de 24 horas, la directora de Salud Pública, Elena Andradas (que sustituye a Yolanda Fuentes, que dimitió al negarse a firmar la petición de Madrid para pasar a la fase 1 de la desescalada) estudió el proyecto y firmó el día 28 la autorización del estudio de Torrejón.

“Creo que es un gasto innecesario”, decía este domingo José Antonio González, de 73 años, a la salida del recinto ferial de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde sanitarios de la empresa Ribera Salud le habían sacado sangre a él y a su mujer, Rita Prieto, de 68. “Si haces un muestreo, igual que las encuestas en las elecciones, te saldría lo mismo”. “No íbamos a venir”, tercia Prieto. “Pero mi nuera y mi hijo creemos que han estado enfermos. Fueron en marzo al hospital pero no les hicieron el test. Queremos saber si lo hemos pasado o no”.

La opinión de esta pareja acerca de la utilidad del estudio coincide con la de los epidemiólogos consultados por este diario, pero es muy minoritaria entre los torrejoneros que el domingo se acercaron, según la primera letra de su apellido, a las 10 carpas donde un centenar de sanitarios toman las muestras. “A mí me parece muy bien. Esto es salud. La gente tendrá que saber si lo ha pasado o no”, opinaba José Gómez, de 48 años, que había ido con su mujer e hijas. A la pregunta de si el resultado hará que cambie de hábitos, aseguraba que no: “Nadie sabe si se puede volver a pasar, así que hasta que haya vacuna habrá que seguir con el protocolo”.

Ese es uno de los argumentos que esgrimen los especialistas en salud pública para rechazar los test masivos. Decirle a alguien que ha estado contagiado no debería cambiar su actitud en cuanto a las medidas de protección, porque todavía no se sabe qué tipo de inmunización se ha generado ni cuánto dura esa inmunidad, explica Jesús Molina Cabrillana, de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene). También hay que coger con pinzas el dato del 20% de prevalencia. Torrejón fue uno de los epicentros de la epidemia, el foco inicial (llegó a tener 1.000 contagios confirmados) en España y es normal que el porcentaje sea superior al 11% que el estudio de seroprevalencia del Gobierno dio para la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el dato de Torrejón tiene el sesgo de que la muestra no es aleatoria. Al estar llamada toda la población, es probable que acudan más los que crean que han pasado la enfermedad.

Este epidemiólogo destaca también el coste-oportunidad de la medida. “Lo que se dedica a una cosa no se puede dedicar a otra”, resume. “Las estrategias se deben alinear con la estrategia nacional, para ganar en eficiencia y obtener resultados que guíen las actuaciones de una forma equitativa”, añade.

El coordinador del estudio: “Nuestro objetivo es minimizar la circulación del virus en la ciudad”

La campaña de test masivos de Torrejón de Ardoz es, sobre el papel, un “estudio de seroprevalencia”, es decir, pretende conocer la proporción de una población que posee anticuerpos frente al virus. Sin embargo, el coordinador del plan, José David Zafrilla, asegura que este es solo “uno de los objetivos secundarios”. El principal, asegura, es “minimizar al máximo la circulación del virus en la ciudad”. Salga el porcentaje que salga, la campaña pretende apartar de forma precoz a los que estén contagiados para interrumpir la transmisión comunitaria. El momento, asegura Zafrilla, es el adecuado “porque la tasa de incidencia es muy baja”. El 75% de los citados está acudiendo.

La estrategia consiste en usar test rápidos serológicos que miden dos anticuerpos, los IgM (la inmunoglobulina que indica enfermedad activa, aunque no se detecta hasta pasados varios días del inicio de síntomas) y los IgG (informa sobre la enfermedad pasada). Si se da un positivo en IgM, Ribera Salud llama al paciente y le cita para hacerse otra prueba, la PCR, más fiable porque detecta la presencia de virus. Hasta el domingo se habían tomado muestras para 518 PCR en la plaza de toros del municipio. El Ayuntamiento paga a un laboratorio privado para analizarlas, pero después es la sanidad pública la que se encarga de gestionar a los positivos, explica Zafrilla: controlar su aislamiento, rastrear a sus contactos y aislarlos si es necesario, etcétera.

El estudio de seroprevalencia del Gobierno, que analizó una muestra de 60.000 personas por toda España, también empleó test rápidos. Los de Torrejón, asegura el coordinador, son de los mejores del mercado y han sido validados por el Instituto de Salud Carlos III. La marca es Sealabs, afirma, y ya se ha usado en hospitales del grupo. Según sus datos, tiene una sensibilidad del 97% para las IgG y cercana al 90% para las IgM (mayor fiabilidad que los del Gobierno). Además, a una selección de muestras se le hace aleatoriamente un análisis ELISA, más fiable. Los test rápidos los ha adquirido el Ayuntamiento, aunque se desconoce el precio, el proveedor y las características concretas. El contrato no ha sido publicado.

Zafrilla asegura que por ahora ningún otro ayuntamiento se ha puesto en contacto con Ribera Salud para interesarse por el proyecto. Sobre la seroprevalencia, que se mueve entre el 18 y el 22% que habían calculado como hipótesis de estudio, afirma: “Solo este dato justifica todo este esfuerzo logístico”. En menos de 15 días calculan que entregarán los datos a la Comunidad de Madrid.

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