Interior compró 30.000 test a un ginecólogo madrileño que no tenía licencia de importación
Dos meses después, el ministerio todavía está esperando las pruebas para Policía y Guardia Civil, que quedaron retenidas en la aduana
Se van a cumplir dos meses de la firma del contrato y los test rápidos que el Ministerio del Interior compró a finales de marzo a la empresa de un conocido médico y empresario dedicado a la reproducción asistida en Madrid aún no han llegado a su destino. El motivo es que la compañía, Instituto de Ginecología y Medicina de la Reproducción Doctores Ordas y Palomo, carecía de licencia de importación, según ha confirmado a EL PAÍS el ministerio. Los test, que ya llegaron con retraso al aeropuerto de Madrid a principios de mayo, quedaron retenidos en la aduana. Interior llegó a plantearse rescindir el contrato, pero finalmente ha decidido aceptar que la empresa le mande otros test distintos.
El contrato se firmó el 27 de marzo. Prevé la compra de 30.000 test rápidos de anticuerpos, o más bien se intuye que se trata de este tipo de pruebas, porque el texto no lo precisa. Simplemente los describe como “test Covid-19”. Ni fabricante, ni marca ni, suponiendo que se trata de test de anticuerpos, si detecta las inmunoglobulinas totales o los dos tipos (IgG e IgM). El contrato sí recoge el precio unitario, 12 euros. Los test deberían haber embarcado el 1 de abril. El 5 de mayo, cuando EL PAÍS preguntó a Interior por este contrato por primera vez, las pruebas acababan de llegar a Barajas y se habían llevado a analizar al Instituto de Salud Carlos III.
Según un portavoz del ministerio, los test pasaron la validación pero no pudieron ser entregados por la falta de licencia de importación de la empresa. Este contrato es uno de los que ha adjudicado por el procedimiento de emergencia la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial para proveer de mascarillas, test y gel hidroalcohólico a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Interior asegura que no ha tenido que adelantar ninguna cantidad, pese a que el contrato, publicado el 5 de mayo en la Plataforma de Contratación Pública, recoge que se debe pagar el 70% del importe total por anticipado y el 30% restante contra documento de embarque.
Aunque el Instituto de Salud Carlos III validó los test, según Interior, finalmente no serán estos los que se usen para analizar a los policías y guardias civiles, sino los de otro fabricante y modelo, que no precisó. Un portavoz de la empresa importadora aseguró a EL PAÍS el 5 de mayo —este jueves no ha podido contactar con ella— que los primeros test eran de la marca Vivachek y que ya se habían usado en varios países pese a no disponer aún de certificado de la FDA estadounidense ni de marcado CE. Según Interior, finalmente se entregarán este fin de semana 20.000 test a un precio unitario de 10 euros y otros 30.000 llegarán a lo largo de la semana que viene. El precio de este segundo lote será de 12 euros por unidad.
Según el portavoz de Interior, el hecho de que ahora sean 50.000 los test no hará necesario firmar otro contrato puesto que “no se supera la cantidad máxima pactada”. Estos test se almacenarán a modo de “reserva estratégica”, añadió. El precio unitario de cada test, 12 euros, supera los 7,7 euros a los que el Ministerio de Sanidad compró otros test rápidos de anticuerpos de la marca Wondfo, pero en ese caso el pedido fue de cinco millones de unidades.
Un millón más para material sanitario
El 16 de abril el Ministerio del Interior firmó una memoria económica para ampliar la cantidad destinada a comprar suministros relacionados con la covid-19, que inicialmente fue de cuatro millones de euros y acabó siendo de algo más de cinco. “Para atender las necesidades en materia de test analíticos” señala ese documento, “las previsiones iniciales de adquirir 30.000 test ha sido insuficiente”. El texto añade que “la demanda y la necesidad preventiva de realizar test para evitar posibles contagios, exigen al menos la adquisición de 50.000 test, lo que incrementa las previsiones iniciales en otras 20.000 unidades”. El gasto de esa partida, por tanto, pasa de los 360.000 euros destinados a comprar el primer lote, a añadir otros 366.000 euros.
La Secretaría de Estado de Seguridad justifica en la memoria que “se hace necesario disponer de test analíticos que permitan conocer el estado de afectación del personal de Secretaría de Estado de Seguridad y del personal de sus Órganos dependientes, para adoptar las medidas de prevención y profilácticas que los servicios sanitarios estimen necesarios”. Añade que la necesidad de disponer de material se ha visto doblemente afectado: “Por una parte, no ha sido posible atender las necesidades derivadas con los actuales medios y por otra, la situación del actual mercado de suministros, afectado por los lógicos procesos de fabricación derivados de una gran demanda, fluctuación de precios y los controles aduaneros, han impedido realizar las recepciones de forma ordinaria y en el tiempo previsto”.
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