Al menos 829 preguntas sin respuesta por el apagón de la Transparencia

El Portal de Transparencia, el medio que permite a los ciudadanos pedir al Gobierno datos o informes amparándose en la ley de transparencia de 2013, lleva en suspenso más de dos meses, desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Desde entonces las solicitudes que se presentan no son tramitadas y así seguirán hasta el 1 de junio, cuando se levante la suspensión de todos los plazos administrativos, incluidos los de la rendición de cuentas. Mientras tanto se acumulan al menos 829 preguntas sin respuesta, que son las presentadas entre esa fecha y el 30 de abril, según datos facilitados a EL PAÍS por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, del que depende el portal.

En realidad son más, ya que habría que sumar las peticiones del mes de mayo y algunas anteriores al 14 de marzo. La ley obliga a la Administración a dar respuesta en un máximo de 30 días (60 en caso de que la solicitud sea considerada “compleja” o voluminosa), ya sea para entregar la información o para denegarla. Es decir, las solicitudes hechas en el mes anterior al 14 de marzo que en esa fecha aún no se hubieran respondido —y generalmente los ministerios apuran los plazos— también engrosan el listado de preguntas sin contestación. El Ministerio de Sanidad, que lidera la gestión de la crisis del coronavirus, es el organismo público con más solicitudes a la espera: 131.

Mientras tanto, cuestiones como el nombre de los expertos que deciden si una comunidad pasa de fase durante la desescalada o las copias de los informes en los que se plasman sus conclusiones seguirán siendo secretos probablemente hasta bien entrado el verano. Los medios de comunicación, que suelen hacer uso del portal para solicitar información que los gabinetes de comunicación de los ministerios no facilitan, están ahora a ciegas. La única ocasión para conseguir información del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, son las comparecencias diarias del coordinador Fernando Simón. Sin embargo, no es posible repreguntar, ni pedirle copias de un documento, y elige las preguntas el secretario de Estado de Comunicación.

“La transparencia es ahora más que nunca necesaria, no solo como escrutinio del buen hacer de los poderes públicos, sino también para comprender por qué se toman las decisiones: aquí la opacidad no ayuda”, asegura Leonor Rams, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos. En su opinión, que comparten otros expertos consultados por este diario, el apagón de la transparencia “no está justificado”. Inicialmente se argumentó que se suspendían los plazos para no perjudicar a los ciudadanos, pero más del 90% de las solicitudes presentadas en 2019 se hicieron por medios electrónicos. Los funcionarios de estas áreas siguen teletrabajando, según el Ministerio de Política Territorial.

Rams recuerda además que “aunque la ley de transparencia no es perfecta, es una garantía legal”. Es decir, aunque el Gobierno no dé una información, está obligado a justificar por qué la deniega en un procedimiento administrativo que puede ser objeto de reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o en los juzgados.

El parón ya ha tenido un efecto muy negativo, añade Miguel Ángel Blanes, jurista especializado en transparencia: “Ha imposibilitado acceder a la información pública cuando más falta hacía y más lo exigían la ciudadanía y los medios de comunicación”, y añade: “La forma más efectiva de negar el derecho a la libertad de información es retrasar su ejercicio para ganar tiempo”. No es lo mismo, asegura, denegar el acceso con la opinión pública muy sensible, con tantas víctimas mortales, que hacerlo después del estado de alarma, cuando la negativa puede pasar desapercibida tras varios meses después (o años, si algún caso llega a los tribunales). El retraso en el acceso, añade Blanes, “estimula la proliferación de bulos y noticias falsas y genera mucha indefensión”. Además de “incrementar el descontento social y la desafección hacia las instituciones públicas, que no rinden cuentas”.

La ley de transparencia establece una serie de garantías para el ciudadano. La Administración está obligada a responder en un plazo de 30 o 60 días. Si no da los datos o no contesta en ese plazo, el solicitante puede recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo que vela por el cumplimiento de la ley. En seis de cada 10 casos, este órgano da la razón al ciudadano o asociación e insta a la Administración a facilitarle la información. Este organismo ha visto caer el número de reclamaciones que le llegan. “Si no hay respuesta a las solicitudes de información debido a la paralización de los plazos, no hay reclamaciones”, asegura una portavoz, que prevé que, una vez levantada la suspensión, recibirá más que las habituales.

El Ministerio de Política Territorial asegura que en realidad las peticiones sí se han tramitado durante este tiempo, por lo que cuando se levante la suspensión darán respuesta con rapidez a muchas de ellas. La Dirección General de Gobernanza Pública ordenó a las unidades de transparencia (hay una en cada ministerio) que no notifiquen nada, pero que vayan tramitando las solicitudes para que no se acumule el trabajo. A partir del 1 de junio habrá centenares de expedientes administrativos sin actualizar. A partir de entonces estas unidades notificarán si conceden o deniegan las solicitudes.

Catedráticos en Derecho Administrativo expertos en transparencia consultados por EL PAÍS consideran que el Portal de Transparencia podría haberse acogido al interés general para levantar la suspensión de los plazos en el caso de peticiones de información pública relacionada con la gestión de la crisis sanitaria. Esta es una de las excepciones que recogía el decreto del 14 de mayo: las situaciones “estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma”. La Abogacía del Estado ha respaldado que no se diera respuesta a las peticiones de transparencia en dos informes encargados ad hoc.

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