El Gobierno aparca la ley de transparencia y oculta a quién compra el material sanitario

La entrada en vigor del estado de alarma, hace un mes, ha congelado la aplicación de la ley de transparencia. Los ciudadanos pueden enviar solicitudes de información, pero nada más hacerlo reciben un aviso: “los plazos están suspendidos”. Nadie va a tramitar esa petición hasta que el país recupere la normalidad. Esto impide, por ejemplo, solicitar las actas del comité de expertos en el que el Gobierno dice basar sus decisiones o pedir copia del contrato de compra de los 640.000 test chinos defectuosos. Tampoco hay acceso a datos como el número de test que hace cada comunidad autónoma, cifra que Sanidad no divulga pese a disponer de ella.

La contratación es otro foco de opacidad. Desde el decreto que declaró el estado de alarma, el 14 de marzo, la Administración no está tramitando nuevos contratos salvo en caso de necesidad. Sin embargo, lo que se ve obligada a comprar de urgencia, como los suministros de material sanitario, se tramita por vía de emergencia, una figura muy excepcional pensada para situaciones como catástrofes naturales. Se aplica a casos de extrema urgencia y permite, por ejemplo, encargar sin concurso público una obra para arreglar una carretera rota tras una inundación.

Mientras algunas comunidades como Cataluña o centros sanitarios como el hospital de La Paz, en Madrid, están publicando algunas de estas compras de emergencia (documentos donde justifica la urgencia e indica a quién se le compra y a qué precio), el Ministerio de Sanidad las mantiene en secreto.

Al no figurar en la Plataforma de Contratación ni existir la posibilidad de pedir datos por escrito a Sanidad a través del Portal de Transparencia, la única vía para obtener información son las comparecencias diarias de los responsables políticos. En varias ocasiones Salvador Illa ha evitado responder a la pregunta directa sobre quién es el misterioso “distribuidor español” al que Sanidad compró los test defectuosos que tuvo que devolver a China. Una información, la contractual, que debería ser pública, según le ha recordado la Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda.

En un informe reciente, adelantado por El Confidencial, este organismo afirma que la tramitación de emergencia no es excusa para no divulgar la adjudicación y la formalización de esos acuerdos. El Ministerio de Sanidad, por tanto, incumple la ley de contratación pública. Emilio Guichot, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, recuerda que esta norma “no hace excepción en la tramitación de emergencia respecto a la publicidad de las adjudicaciones” y dice expresamente que debe indicar el motivo de ese trámite (en este caso, la pandemia), “el precio y la identidad del adjudicatario”. Guichot añade que también la ley de transparencia obliga a Sanidad a divulgar en qué gasta dinero público: todos los contratos de la Administración deberían estar publicados en el Portal de Transparencia, independientemente del trámite usado.

Algunos expertos, como Esperanza Zambrano, subdirectora de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (el organismo público que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia), creen que habría que hacer una excepción con las cuestiones vinculadas a la crisis y a la gestión que se está haciendo de ella, es decir, que al menos esas preguntas deberían tramitarse ahora.

Dado que el plazo de respuesta a una solicitud de información es de 30 días, y este no empezará a contar hasta que acabe el estado de alarma (26 de abril, de momento), la Administración contestaría como pronto en mayo o junio. “Una fecha que, claramente, no se corresponde con la necesidad inmediata de transparencia que necesita esta situación y que se ve agravada por la ausencia de un ejercicio generalizado de transparencia proactiva de información de interés”, escribe Zambrano. “No puede ser que cuando más transparencia es necesaria para generar confianza a la ciudadanía, menos transparencia exista”, añade Miguel Ángel Blanes, jurista especializado en esta materia.

“Estamos obligados a estar encerrados, pero no a ciegas”, coincide Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias, que califica de “restrictiva” la interpretación que se está haciendo del decreto de alarma. Este indica que todos los plazos quedan suspendidos salvo los de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la crisis. Paralizar el Portal de Transparencia equivale a no considerar prioritario dar información por escrito sobre esa gestión. Un sinsentido para Cerdán, que subraya que es “incoherente además con la declaración de la actividad informativa de los medios de comunicación como actividad esencial, de claro interés público”, añade.

Este apagón de la transparencia no se limita a los ministerios. La Comunidad de Madrid no está tramitando solicitudes de información por escrito, como confirma un portavoz. Andalucía tampoco. Castilla y León, en cambio, sí lo hace. “Creemos que esta situación exige toda la transparencia posible y este derecho es un ingrediente esencial para garantizarla”, asegura Joaquín Meseguer, director General de Transparencia y Buen Gobierno de esta comunidad, que durante la crisis se ha distinguido por ofrecer datos detallados y comprensibles que otras no facilitan.

El Ministerio de Sanidad no contestó las preguntas de EL PAÍS. El de Política Territorial y Función Pública, del que depende el Portal de Transparencia, aseguró que se limitan a cumplir el real decreto y que la publicidad activa continúa ofreciendo información actualizada (durante el estado de alarma se han publicado, por ejemplo, los sueldos de 2019 de los altos cargos). “Tan pronto termine el estado de alarma se responderá todo”, añade un portavoz. El Ministerio de Hacienda no comentó el informe de la Junta de Contratación.

Juan Mestre, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, cree que el estado de alarma no justifica que se limite el acceso a la información, salvo en los supuestos en los que ya lo limitaba antes: la seguridad nacional, la defensa, los intereses económicos y comerciales… “Alarma no puede equivaler a opacidad”, añade. En el caso de la contratación, Mestre recuerda que algunas Administraciones sí están informando de sus compras, y añade que el procedimiento de emergencia no es lo mismo que el secreto, que también existe, pero para otros supuestos, apunta. “Es un problema de proporcionalidad. En lo que sea imprescindible y urgente hay que ponerse en marcha y luego ya se reconstruirá el expediente y se informará, pero en lo que se pueda informar ahora hay que hacerlo”.

Mestre va más allá: “No sé cuál es la razón para parar todas las actuaciones administrativas y judiciales sin discriminación”, asegura. Se refiere, por ejemplo, a contenciosos, en los que todas las actuaciones son por escrito. “O los procedimientos abreviados. No sé por qué no podemos hacer videoconferencias. ¿Dónde está la Administración electrónica?”, se pregunta. Y vaticina que cuando vuelva la normalidad, se producirá un atasco enorme en los juzgados.

Vicente Álvarez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, asegura sin embargo que en una situación de crisis como la actual “vivimos en otro momento jurídico”, con otras reglas, por lo que cree que la transparencia no es algo prioritario. “Cuando se terminen estas medidas por supuesto que habrá que rendir cuentas, tanto políticas como administrativas y jurídicas”, añade, y pronostica: “Van a venir millones de pleitos”.

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