El Gobierno esquiva el concurso público para contratar gastos electorales

El adelanto de la convocatoria de elecciones generales, anunciado el 15 de febrero, y el escaso margen entre ese anuncio y los comicios —apenas dos meses y medio— ha puesto en apuros la propia organización de las votaciones al Congreso y el Senado. Al menos así lo asegura el Ministerio del Interior, que ha solicitado a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado un “informe urgente” para determinar si puede tramitar por vía de emergencia los contratos de servicios y suministros vinculados a la convocatoria electoral. El trámite de emergencia equivale a no convocar concurso público y dar a dedo el contrato sin publicidad alguna.

En su solicitud a la Junta, un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior asegura que la decisión del presidente del Gobierno de disolver las Cámaras “ha sido anunciada con escaso margen de antelación”, por lo que “ha sido imposible iniciar los contratos necesarios con la antelación imprescindible” para tener listas las urnas o los sobres. Interior alega el “grave peligro” de no poder celebrar las elecciones y habla hasta de “serios riesgos” para el proceso democrático “e incluso para el orden público”.

Según Interior, normalmente los contratos vinculados a las elecciones se empiezan a ejecutar con mucha antelación “ya que solo de este modo es posible garantizar que estas puedan desarrollarse con normalidad”. En su petición, a la que tuvo acceso EL PAÍS, el ministerio asegura también que ha recibido “numerosas consultas” de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno que le han dicho que es “absolutamente imprescindible” la contratación por emergencia. El grueso de los contratos para las elecciones los celebra Interior, pero las delegaciones también gestionan elaboración de papeletas y de actas, contratos de transporte y montaje de material electoral, gestión de dietas a los miembros de la mesa.

El Gobierno nunca había usado la contratación de emergencia para unas elecciones. La legislación, explica José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y codirector del Observatorio de la Contratación Pública, solo permite usarla en situaciones “muy, muy, muy excepcionales”. Está prohibido contratar sin licitación salvo en tres casos: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. El Gobierno alega la segunda en su solicitud al órgano consultivo de Hacienda. El “grave peligro” sería que no pudieran celebrarse las elecciones, según su argumentación.

Solo dos contratos

Interior ha usado el procedimiento de emergencia únicamente en dos contratos para las generales, según explica un portavoz: uno para acondicionar el recinto de Ifema que acoge el centro de datos en el que se hace el seguimiento electoral, y el otro para las campañas publicitarias institucionales. En ambos “se ha intentado ser muy garantistas”, añade el portavoz, que subraya que la Junta ha autorizado esta vía. En el primero se hizo un procedimiento negociado y se presentaron dos licitadores. El segundo es una ampliación de las campañas ya contratadas para las elecciones de mayo. Además, algunas delegaciones de Gobierno han comprado papeletas mediante tramitación de emergencia “de forma puntual”, añade.

El informe de la Junta determina que el procedimiento de emergencia “es ajustado a derecho” pero añade que debe hacerse “bajo el cumplimiento” de determinadas condiciones, entre ellas, que el órgano de contratación tendrá que acreditar el grave peligro en cada caso concreto y "responsabilizarse" de ello. Estos contratos no se publican en la Plataforma de Contratación del Estado, pero hay que dar cuenta de ellos al Consejo de Ministros "en el plazo máximo de 30 días", según la Ley de Contratos.

"Únicamente podrá acudirse a esta opción cuando no quede ninguna otra", señala el informe. Y añade como condición "que la causa de la emergencia no sea imputable al propio órgano de contratación, es decir, que la situación de emergencia no hubiera podido ser evitada por el órgano de contratación mediante una actuación diligente". 

Para Gimeno, esas condiciones no pueden darse. Por eso dice que el informe es "un poco extraño": "La conclusión aparente es que se puede pues no dice que no. Deja a interpretaciones los argumentos que expone y un lector no experto fácilmente puede concluir que es posible. Hay datos suficientes para dar una respuesta claramente negativa a la opción planteada".

“El informe le dice al Gobierno que acudir a la emergencia tiene que ser la última opción y que tiene otras posibilidades, como el contrato negociado sin publicidad por situación de urgencia, que reduce los plazos”, afirma Gimeno, que añade: “La emergencia es algo inevitable: un terremoto, una inundación. Algo imprevisible”.

Su uso es tan excepcional que la propia Junta denegó en 2001 la contratación por esta vía pese a que había decretos leyes del Gobierno declarando la emergencia. Fue tras las lluvias e inundaciones que se produjeron en octubre de 2000 en zonas de Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia, que dejaron víctimas mortales y graves daños económicos.

“Ese procedimiento exige que se haya actuado con diligencia para evitar el grave peligro. Si usted ha convocado las elecciones y ha fijado la fecha, es usted el que ha causado la situación. Podría haberlas hecho coincidir con las europeas. ¿Es un grave peligro que se hubieran retrasado las elecciones? No. Si lo fuera, lo habría causado el propio órgano de contratación, el propio Gobierno y por lo tanto difícilmente se podría justificar la emergencia”, asegura Gimeno. El catedrático se muestra sorprendido: “Es abrir una puerta que me parece peligrosísima. Porque entonces con dejar que los calendarios se nos echen encima todo es emergencia. Como si tengo que hacer un hospital o una carretera y no me da tiempo: emergencia”.