La crisis del coronavirus

Justicia prepara una ley exprés para evitar el colapso en los tribunales

El ministerio pretende potenciar el uso de nuevas tecnologías y debate habilitar agosto

El personal de seguridad de los juzgados de plaza Castilla piden papeles a las personas que quieren entrar.
El personal de seguridad de los juzgados de plaza Castilla piden papeles a las personas que quieren entrar.DAVID EXPÓSITO

El Ministerio de Justicia contempla la aprobación de una ley urgente para paliar los efectos de la pandemia de covid-19 en los tribunales. La norma, que podría estar lista antes del verano, serviría para adaptar la Administración de Justicia a las nuevas tecnologías, con el fin de agilizar los trámites y ayudar a desatascar la actividad judicial, que lleva suspendida un mes. Esta ley sería una de las patas fundamentales del plan que prepara el ministerio para cuando se levante el estado de alarma y que contempla reformas normativas, organizativas y tecnológicas. La intención es consensuarlo con todos los operadores jurídicos.

El Gobierno trabaja desde hace semanas en un plan para agilizar la Administración de Justicia tras la pandemia de covid-19 y evitar, en lo posible, el colapso de los tribunales. La actividad judicial no urgente lleva un mes suspendida, lo que ha obligado a posponer trámites y a aplazar miles de vistas que estaban programadas para estas semanas. A las consecuencias del parón se unirá, además, el previsible aluvión de asuntos derivados del estado de alarma, desde temas laborales y societarios como ERE, ERTE y concursos, a recursos contra las sanciones impuestas por saltarse el confinamiento.

Las peculiaridades de la Administración de Justicia, con las competencias divididas entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial, dificultan la toma de decisiones consensuadas, un mal al que se está intentando hacer frente a golpe de videoconferencias. Desde que se inició la crisis, se han mantenido reuniones para determinar qué servicios eran esenciales y debían seguir pese al estado de alarma, cómo garantizar las medidas sanitarias en las sedes judiciales o quiénes debían acudir a su puesto de trabajo y quiénes y cómo podían teletrabajar.

Pero la preocupación ahora empieza a centrarse en el día después, que en los tribunales algunos auguran como dramático si no se atina con las medidas que se tomen. El Ministerio trabaja ya en ese plan, que el real decreto-ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de marzo, obliga a tener listo 15 días después de que se levante el estado de alarma.

El ministro, Juan Carlos Campo; el secretario de Estado, Pablo Zapatero; y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público, Borja Vargues, se reunieron el jueves con las cuatro asociaciones judiciales y todos coincidieron en que para abordar la justicia post-pandemia hacen falta reformas a corto, medio y largo plazo. “Hay que hacer todo lo posible para que las instituciones implicadas unamos las fuerzas para que la Administración de Justicia salga de la crisis de la forma más rápida posible”, señala el secretario de Estado, que considera que este plan sobrevenido puede acabar convirtiéndose en una “oportunidad” para abordar de forma conjunta asuntos que estaban pendientes desde hace años. El ministro se reunirá este viernes con las comunidades y al encuentro se sumará el Consejo General del Poder Judicial.

Las reformas serán de tres tipos, avanza Zapatero: normativas, organizativas y tecnológicas. Entre las primeras, se contemplan reformas procesales urgentes vía decreto ley, tal y como ha propuesto el Consejo en un primer documento de plan de choque presentado hace dos semanas. Pero el ministerio pretende hacer un uso “muy medido” de esta fórmula, que debe limitarse a reformas urgentes que justifiquen el uso del decreto ley.

Para el grueso de las medidas, Justicia contempla una ley de agilización y eficiencia que intentará exprimir al máximo el uso de las nuevas tecnologías, en las que los juzgados y tribunales van muy por detrás de la Administración General del Estado. El ministerio ha tomado como modelo la Agencia Tributaria y el objetivo es disponer de una especie de código procesal electrónico para adaptar a la tecnología la mayoría de los procesos judiciales. Por ejemplo, algo tan extendido en otros ámbitos como poder hacer notificaciones inmediatas con servicios de mensajería.

“Estamos al inicio”

En la nueva ley se incluirán, además, cuestiones técnicas y procesales que puedan ayudar a evitar el temido colapso en los tribunales tras la crisis sanitaria. La idea es que esté aprobada antes del verano. “Estamos al inicio. Las medidas que puedan incluirse ahí queremos hablarlas con las comunidades, el Consejo, la Fiscalía, las asociaciones, la Abogacía y todos los implicados. Tiene que ser una ley consensuada y que esté fuera de la pugna de los partidos”, señala Zapatero.

Junto a estas reformas normativas, el ministerio pretende abordar reformas organizativas. Se contemplarán refuerzos en las jurisdicciones en las que se prevé el mayor atasco (contencioso-administrativo, civil y social) y se debatirá la posibilidad de habilitar las tardes y el mes de agosto, una propuesta que ha formulado ya el órgano de gobierno de los jueces y que tiene defensores y detractores.

La vuelta a la actividad judicial implicará, además, un desafío que la Justicia comparte con todos los sectores económicos y laborales pero que también presenta peculiaridades: cómo retomar la actividad minimizando el riesgo de contagios. El ministerio tendrá que esperar a lo que disponga Sanidad de manera general y adaptarlo, previsiblemente, a sus circunstancias. Habrá que decidir, por ejemplo, qué distancia física hay que guardar en los juzgados, quién provee el material de protección no solo de los trabajadores sino también de los usuarios o si hay que limitar el aforo de las vistas públicas.

Algunos de estos problemas los plantearon ya el jueves las asociaciones judiciales porque se dan cada día entre los trabajadores que prestan los servicios esenciales. Los representantes de los jueces advirtieron de que, aunque se han generalizado las medidas de protección, siguen faltando en algunas sedes, y reclamaron que, “en la medida de lo posible”, se vayan realizando las pruebas a quienes acuden a los juzgados a trabajar.

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