La justicia, a la intemperie frente al virus

Interrogatorios por videoconferencia sin que el detenido pise el juzgado, declaraciones de víctimas sentadas a más de dos metros de distancia y botes de jabón de manos comprados por el juez camino de su puesto de trabajo. Los juzgados españoles, tan poco moldeables habitualmente, han vivido esta semana una carrera contra el reloj para adaptarse a las circunstancias. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió toda la actividad no urgente cuando entró en vigor el estado de alarma, pero los juzgados continúan funcionando para cubrir los servicios considerados esenciales. Siete días después, en muchas sedes judiciales se sigue trabajando sin material de protección frente al coronavirus y los profesionales se quejan de la falta de “directrices” claras por parte de la administración.

“Ha sido una semana muy extraña. Porque no hay actividad judicial normal, pero trabajamos con un estrés añadido por miedo al contagio, con dudas constantes sobre qué hacer para minimizar los riesgos, problemas logísticos nuevos pero que hay que resolver sobre la marcha”, afirma Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. El problema fundamental, según coinciden jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, está en los juzgados de guardia, donde ha bajado algo la incidencia de casos, pero los que hay han supuesto un constante quebradero de cabeza.

Los jueces y fiscales han ido ideando soluciones para algunos de los problemas logísticos que les planteaba el decreto de alarma y muchas se han oficializado después a través de acuerdos de los decanatos o de los tribunales autonómicos. Una de las medidas que han instado a impulsar tanto el órgano de gobierno de los jueces como la Fiscalía General del Estado es el uso de videoconferencias, sobre todo en el interrogatorio de detenidos, pero la realidad es que muchos órganos no cuentan con equipos para ello, así que algunos jueces han optado por utilizar aplicaciones como Skype o videollamadas de WhatsApp. Pero temían estar jugando en un limbo legal que a la larga pudiera causar problemas. En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia ya ha avalado esta semana esta fórmula para que pueda extenderse de forma oficial. “El Consejo ha dejado demasiadas decisiones en manos de los jueces. Te dicen qué tienes que hacer, pero no te dicen cómo”, lamenta Fernández Vaquero.

La crisis del coronavirus ha agrandado la brecha que ya existía entre gran parte de la carrera y el actual órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato terminó en diciembre de 2018, pero se mantiene en funciones por la falta de acuerdo político para su renovación. Las primeras decisiones del CGPJ, que optó por dejar en manos de los jueces la suspensión de las vistas no urgentes, fueron contestadas por parte de la carrera con escritos suscritos por las cuatro asociaciones judiciales que tachaban al Consejo de “irresponsable” y le acusaban de generar “caos y riesgo para la salud”. El consenso de las asociaciones se ha ido diluyendo a medida que avanzaban los días y unas amagaban con dejar de prestar servicios presenciales mientras no se les suministrara protección frente al virus y otras optaban por distribuir entre sus socios sus propias medidas de autoprotección.

Más de una semana después de que se detectaran los primeros positivos por Covid-19 entre funcionarios judiciales de Madrid, a los juzgados de la capital, el principal foco de la pandemia en España, han llegado ya botes de geles desinfectantes, pero sigue sin haber mascarillas y guantes, asegura su decana, María Jesús del Barco. “Me consta que la Comunidad está intentando traerlos, pero ni siquiera hay para los sanitarios, entendemos que hay prioridades”, admite.

El material de los juzgados depende del Ministerio de Justicia en las comunidades que no tienen trasferida esta competencia y de los Gobiernos autónomos en las que sí, por lo que la situación no es igual en todos los territorios. En Valencia, que hace una semana estaban en una situación similar a Madrid, ya hay guantes y mascarillas; en Palma, se han desinfectado los juzgados, pero siguen sin material de protección, explica Teresa Peramato, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). “Se ha mejorado algo y lo agradecemos, pero nuestra obligación es exigir que se nos dote de medios para protegernos a nosotros y a los usuarios. Los juzgados no pueden convertirse en un foco de expansión del virus”, advierte.

Para minimizar los riesgos de contagio, el Consejo ha instado a impulsar el teletrabajo en los servicios que no sean esenciales, lo que unido a la suspensión de los plazos procesales acordada mientras dure el estado de alarma, ha reducido drásticamente la actividad en las sedes judiciales. Los jueces están disponibles, pero solo tienen que acudir al juzgado si entra un asunto urgente. En los 84 juzgados de primera instancia de la capital solo han entrado dos, señala la decana, que mira con preocupación al futuro. “Tendremos que reseñalar todo lo que ahora se ha suspendido. No sé como vamos a levantar cabeza”, admite.

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