El Poder Judicial paraliza la actividad no urgente, pero prevé refuerzos para responder al estado de alerta

La presión de jueces y fiscales ha llevado este viernes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a suspender toda la actividad judicial en Madrid, País Vasco, Igualada (Barcelona) y Haro (La Rioja), los cuatro focos principales de la epidemia de covid-19. Pero esta medida puede extenderse en las próximas horas al resto de España en función de lo que determine el decreto de estado de alarma que aprobará el sábado el Consejo de Ministros. La decisión del órgano de gobierno de los jueces blinda las vistas y procedimientos urgentes, entre ellas cualquier causa con presos o detenidos, los servicios de guardia en los juzgados de violencia de género y las licencias de enterramiento y matrimonio en el Registro Civil. Además se prepara ya para el estado de alerta y prevé el refuerzo de juzgados para responder a lo que establezca el estado de alerta.

La decisión del Consejo llegó después de tres días de quejas de jueces y fiscales contra las medidas adoptadas hasta ahora por el Consejo, que dejaba en manos de los jueces la suspensión de actuaciones en las zonas más afectadas por el virus y fijaba medidas generales de prevención en el resto. Las cuatro asociaciones judiciales y dos de fiscales (todas menos la Unión Progresista de Fiscales) se unieron este viernes para pedir al Consejo que reconsiderara su posición, que, según los representantes de la carrera, había desembocado en “caos, riesgo para la salud y desigualdad de trato en todo el territorio nacional”.

Las asociaciones lanzaron un mensaje al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes: o reconsideraba su decisión o “debería” dimitir. La petición de dimisión la puso también sobre la mesa la junta general de jueces de Madrid, que acordó por unanimidad reprobar al principal órgano de decisión del Consejo, la comisión permanente, y pedir que todos sus miembros, incluido el presidente, cesaran en sus cargos. En su acuerdo, los jueces madrileños pedían también la suspensión de la actividad en los juzgados de la capital, la medida que finalmente aprobó el órgano de gobierno de los jueces.

Las instrucciones establecidas este viernes por la comisión permanente, que se reunió de forma telemática, amplían de dos a tres los escenarios fijados el pasado miércoles. El nuevo escenario, el número tres, contempla la suspensión de todas las actuaciones no urgentes también la suspensión de los plazos procesales y, por ahora, el Consejo lo aplica a las cuatro zonas más afectadas por la pandemia. Pero fuentes consultadas por el Consejo dan por hecho que se extenderán al resto si la mayoría de medidas del decreto de estado de alarma que hoy apruebe el Gobierno abarcan a todo el país.

Ese escenario contempla también reforzar juzgados ante el estado de alarma y los escenarios más restrictivos que pueda plantearse el Gobierno ante la pandemia. Por ejemplo, para agilizar las autorizaciones que demande las autoridades y que impliquen “privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental” en aras de la salud pública. El refuerzo busca “una respuesta ágil y eficaz en la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, así como a las solicitudes de entrada en domicilios u otros lugares que requieran autorización judicial”, explicó el Consejo en un comunicado.

El acuerdo de este viernes extiende también a todas las Comunidades el escenario dos, que hasta ahora se aplicaba a estas cuatro zonas y que deja en manos de los jueces la suspensión de las vistas por razones sanitarias, una medida que ha provocado las críticas de todas las asociaciones profesionales. En el comunicado de ayer, las cuatro asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y dos de fiscales (Asociación de Fiscales y Asociación Independiente de Fiscales) dan cuenta de que esa fórmula ha provocado criterios dispares, como jueces que han suspendido su actividad sin autorización del CGPJ y otros que no lo han hecho. Además, tanto los profesionales como las personas con casos pendientes han acudido a las sedes a tratar de averiguar si juicios de otros días se iban a suspender y a intentar adelantar diligencias, lo que ha desembocado en aglomeraciones en algunas sedes y “algunas situaciones de verdadero pánico” entre los funcionarios. El jueves, día de entrada en vigor de la instrucción, 430 de los 540 jueces y tribunales de Madrid pidieron suspender las vistas, mientras a las puertas de los juzgados se agolpaban ciudadanos a los que no se les permitía el acceso sin cita.

“En una situación de crisis sanitaria como la que atravesamos, los poderes públicos tienen que liderar la organización de la sociedad en la línea de evitar la propagación de la enfermedad”, señalan. “El Consejo General del Poder Judicial ha eludido su responsabilidad, ha dado una respuesta tardía, insatisfactoria, confusa y obstruccionista al problema, descargando la responsabilidad de frenar la propagación de la enfermedad en cada juez o jueza particular y ha contribuido a mantener una situación de riesgo de contagio en las sedes judiciales, tanto de justiciables como de operadores jurídicos”, sostienen los colectivos. La única asociación que se ha desmarcado de la respuesta conjunta de ambas carreras es la Unión Progresista de Fiscales, la asociación de la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. Esta asociación ha difundido un comunicado en solitario en el que exige al Consejo General del Poder Judicial “la inmediata suspensión de todos los señalamientos no urgentes, en la misma línea que lo decretado por la Fiscalía General del Estado”.

De momento, el presidente de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes suspender todos los juicios y actuaciones judiciales de los próximos 15 días cuya suspensión ha sido solicitada por los presidentes de las Salas de lo Penal, Contencioso, Social y por el juez decano que ha actuado en nombre de todos los juzgados de la Audiencia. En el caso de los juicios de la Sala de lo Penal, se suspenden los que sean de causas sin presos, excepto los que ya hayan comenzado, algunos de los cuales se han prolongado durante meses y su suspensión podría dar lugar a nulidades. Pero estos casos, para minimizar los riesgos de contagio, podrán celebrarse desde las sedes judiciales del lugar de residencia de los procesados “siempre que ello resulte factible”. Respecto de las causas con presos ya señaladas, se mantendrán sin perjuicio de que los presidentes de las secciones puedan acordar o interesar la suspensión en supuestos de imposibilidad de efectuar los traslados de los presos, peticiones de suspensión formuladas por las partes “o cualquier circunstancia que imposibilite materialmente la celebración de los mismos”, recoge el acuerdo. Ya este jueves se adoptaron medidas para dos de los juicios más importantes que hay en marcha en la Audiencia: el que sienta en el banquillo a los implicados en la trama Gürtel por el desvío de fondos de la visita del Papa, cuyas sesiones se han suspendido hasta dentro de 29 días, y la vista oral contra la antigua cúpula de los Mossos por su supuesta connivencia con el procés —que tiene al major Josep Lluís Trapero entre los procesados—, cuya próxima sesión, prevista para el próximo lunes, se celebrará por videoconferencia.

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