Los jueces podrán suspender vistas en las zonas más afectadas por el coronavirus
Las asociaciones cargan contra las medidas acordadas por el Poder Judicial, que deja en manos de los jueces el aplazamiento de las vistas y les insta a evitar aglomeraciones y restringir el público
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha descartado aplazar juicios de forma generalizada por la epidemia de coronavirus, aunque, en las zonas más afectadas deja en manos de los jueces suspender vistas por razones sanitarias con la autorización de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Esta es una de las medidas acordadas por el órgano de gobierno de los jueces en una reunión celebrada este miércoles para adaptar la actividad de los tribunales a las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad. El plan contempla medidas específicas para los territorios en los que Sanidad haya establecido dispositivos más rigurosos para limitar la propagación del virus y otras que se aplicarán a todas las comunidades y que insta a los juzgados a espaciar las vistas para evitar aglomeraciones y restringir el público en las sedes judiciales. Tras conocer el plan del Consejo, las cuatro asociaciones profesionales de jueces emitieron un comunicado conjunto en el que critican las medidas acordadas al considerar que causan “distorsión” y “confusión”.
Las asociaciones judiciales llevaban varios días pidiendo al Consejo que estableciera medidas para proteger al personal y a los usuarios de los juzgados, sobre todo en las comunidades más afectadas por la epidemia, pero las instrucciones finalmente acordadas por el órgano de gobierno de los jueces no les han convencido. “Dejar la decisión acerca de la suspensión de actuaciones a la discrecionalidad de cada juez es irresponsable", señala el texto suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente. Las asociaciones temen una “indeseable disparidad de criterios” en una misma sede judicial y advierten de que los jueces no tienen “los elementos de juicio necesarios” para saber si deben o no aplazar una vista.
El plan previsto por el Consejo distingue dos escenarios, en función de la evolución de la epidemia. El primero, aplicable en todos los juzgados de España, insta a los jueces a realizar los señalamientos con tiempo suficiente entre ellos para evitar aglomeraciones en los vestíbulos y pasillos. En las vistas públicas se restringirá la afluencia para permitir un metro de separación entre los asistentes. También se deberán evitar los señalamientos de juicios, vistas y otras actuaciones que impliquen la participación de personas de alto riesgo y se aplazarán las diligencias no urgentes en centros de riesgo (como hospitales o psiquiátricos, centros de mayores y de menores) e impulsar el uso de la videoconferencia siempre que sea posible. Además, los abogados estarán eximidos de llevar toga (que son compartidas) para evitar posibles contagios.
Las instrucciones acordadas por el Consejo prevén medidas específicas para los territorios más afectados por el virus, un escenario que ahora sería aplicable a Madrid, Vitoria y La Rioja. Aquí, el juez puede suspender juicios por razones sanitarias, pero tiene que motivarlo y necesitará la autorización del presidente del tribunal correspondiente y la ratificación posterior de la Comisión Permanente, aunque la decisión que tome el juez será de ejecución inmediata. La necesidad de recabar este permiso es también criticada por las asociaciones profesionales. “Someter esa decisión a autorización del TSJ y ratificación del CGPJ es del todo inviable en relación con los señalamientos de los próximos días y semanas”, sostienen.
Tanto en las zonas más sacudidas por la epidemia como en las que menos incidencia está teniendo por ahora, las instrucciones acordadas por el Consejo blindan aquellas actuaciones que si no se practican pueden “causar perjuicios irreparables”: medidas cautelares inaplazables, los servicios de guardia, cualquier actuación con presos o detenidos, órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores, actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y los actos más habituales del Registro Civil (licencias de enterramiento, matrimonios e inscripciones de nacimiento).
La disparidad de criterio que las asociaciones judiciales vaticinan en su escrito ha empezado ya a producirse este miércoles, cuando la Junta de Jueces de lo Penal de Sevilla acordó suspender los juicios, aunque la provincia no se encuentra entre las más afectadas por la epidemia y, en teoría, no entra en el escenario en el que el CGPJ prevé la suspensión de vistas programadas. El acuerdo adoptado por los jueces contempla, no obstante, seguir celebrando los juicios, aunque sin público, hasta que el CGPJ ratifique o revoque el aplazamiento, informa Javier Martín-Arroyo.
Las asociaciones piden al CGPJ que reconsidere su decisión de forma urgente. “No asumir la responsabilidad de tomar una decisión clara, razonada y acorde con una situación que ha llevado al propio CGPJ a suspender varias de sus reuniones y actividades formativas supone obviar el contenido del artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, advierten en su comunicado, en referencia a la norma que prevé que los trabajadores puedan abandonar su puesto si perciben un riesgo “grave e inminente”. Las asociaciones amenazan con “recurrir” a este artículo si el Consejo no cambia sus instrucciones para afrontar la epidemia.
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