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Una juez ordena a Justicia y a la Comunidad de Madrid suministrar material de protección frente al virus a los secretarios judiciales

La magistrada da 24 horas de plazo para que se les entreguen mascarillas, guantes, batas y gel desinfectante

Militares de la UME entran a los juzgados de la plaza de Castilla, en Madrid, para llevar a cabo labores de desinfección del coronavirus este jueves. 

Eduardo Parra - Europa Press
Militares de la UME entran a los juzgados de la plaza de Castilla, en Madrid, para llevar a cabo labores de desinfección del coronavirus este jueves. Eduardo Parra - Europa PressEduardo Parra (Europa Press)
Reyes Rincón

Un juzgado de Madrid ha ordenado este jueves al Ministerio de Justicia y a la Comunidad que faciliten en menos de 24 horas a los letrados de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales) de todos los juzgados de Madrid el material necesario de protección frente al coronavirus. El Juzgado de lo Social número 41 de Madrid ha aceptado parte de las medidas cautelarísimas pedidas por el sindicato Judicialización del Secretariado Judicial en materia de riesgos laborales, alegando el peligro al que se exponen en los servicios que sí están obligados a prestar mientras dure el estado de alarma. La juez María del Carmen Rodrigo admite que “resulta obvio que concurre un riesgo cierto de no tomarse ninguna acción”.

El sindicato de secretarios judiciales había solicitado que se les suministraran equipos individuales de protección y que se evalúen los riesgos que los funcionarios asumen. Además, pidieron al juzgado que se dispensara a los funcionarios de prestar sus servicios mientras no les provean de los equipos de protección. La juez ha rechazado esta última petición, pero sí ha aceptado las dos primeras y da 24 horas al ministerio y la Comunidad para que suministren mascarillas, guantes, gel desinfectante, bata para desplazamientos a centros sanitarios y gafas (“estas últimas eventualmente”) a todos los letrados de la administración de justicia de Madrid que deban trabajar de forma presencial mientras dure el estado de alarma.

La juez basa su decisión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 1995, que establece que los trabajadores tienes derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y obliga al empleador a proporcionar los equipos de protección adecuados. En un auto dictado este jueves, la magistrada expone que, según la documentación facilitada por los secretarios judiciales, la Comunidad de Madrid ha facilitado únicamente 172 cajas de guantes y 346 botes de gel desinfectante para todos los órganos judiciales Madrid. “Es público y notorio que son muchos los juzgados en los que se siguen prestando servicios sin las más elementales medidas de higiene, salud y precaución, puesto que en la comunidad de Madrid ninguna sede se ha higienizado a pesar de que han existido contagios, sin ir más lejos en esta sede judicial, en que se ha clausurado un juzgado por varios funcionarios con el virus Covid-19 –Juzgado Social 38- y se ha solicitado el cierre de otros tantos que no se ha concedido”, recuerda la juez Rodrigo.

El CGPJ ha suspendido toda la actividad judicial, pero ha blindado algunos servicios por considerarlos esenciales, entre ellos las licencias de enterramiento y matrimonio del Registro Civil, cualquier actuación con presos y detenidos y los servicios de guardia. Estos últimos funcionan las 24 horas los siete días de la semana y, desde que se activó el estado de alarma, los jueces, fiscales y funcionarios judiciales han denunciado que en muchos casos están trabajando sin medidas de protección. El CGPJ pidió este martes al ministerio y a los Gobiernos autónomos que tienen transferidas las competencias en justicia que proporcionen equipos de seguridad a todos los trabajadores, pero su petición no ha obtenido todavía respuesta.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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