Un cambio de fases sin criterios claros en manos de un equipo desconocido

Existe un gran trecho entre lo dicho por el presidente del Gobierno el pasado 28 de abril —cuando aseguró que todos los ciudadanos podrían comprobar los criterios que cada territorio tendrá que cumplir para cambiar de fase— y el hecho: solo hay un par de requisitos claros. Todo lo demás está sujeto al análisis y opinión de un equipo de expertos del Ministerio de Sanidad cuya identidad tampoco se conoce.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, rechazó el miércoles revelarla: “En todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre, de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaba haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad, por lo tanto, si me permiten, no voy a dar nombres”. Se limitó a apuntar que se trata de un equipo de técnicos que trabajan en la dirección general de Salud Pública; 12 personas trabajando “muy estrechamente” con las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas. “Creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible”, zanjó.

Fuentes del Ministerio explican que son equipos liderados por varias direcciones generales. En las reuniones telemáticas que mantuvieron algunas comunidades autónomas con Sanidad, además del ministro Salvador Illa, estuvieron presentes el propio Simón, Faustino Blanco, secretario general de Sanidad; Patricia Lacruz, directora de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, y Pilar Aparicio, directora General de Salud Pública. Serán quienes lideren a estos equipos que tendrán que analizar todos los datos que han aportado las comunidades autónomas para determinar los cambios de fase.

El plazo terminaba el miércoles y las valoraciones del ministerio se conocerán previsiblemente el próximo viernes. No hay mucho más margen, teniendo en cuenta que los territorios que cumplan con los criterios entrarán en la fase 1 el próximo lunes 11. El ministerio pretende dar el margen del fin de semana para que se puedan preparar.

Lo que tampoco se sabe es exactamente cuáles serán estos criterios. Solo hay dos fijos e inamovibles, que fueron publicados en el BOE el pasado domingo: disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos y entre 37 y 49 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. En el caso de las UCI, esto supone prácticamente doblar la capacidad con respecto a la que tenían antes de la crisis, según la última cifra publicada (de 2017). Algunas provincias ya lo hicieron en las peores semanas de la epidemia.

Con respecto a los demás criterios, no existen umbrales, no hay fórmulas matemáticas que los determinen: tiene que haber una correlación de factores, en la que unos dependen de otros. El punto de partida, la clave de todo, será la incidencia acumulada (los casos por 100.000 habitantes notificados en los últimos 14 días). Este es el número que tendrán que analizar y correlacionar con todos los demás elementos. La orden del BOE enumeraba los siguientes: la capacidad de aislamiento y control de las fuentes de contagio confirmadas; los sistemas de alerta precoz y vigilancia epidemiológica, de identificación y contención rápida de fuentes de contagio potenciales; la capacidad de la atención primaria y hospitalaria; y los mecanismos para garantizar las medidas necesarias de protección colectiva.

El ejemplo que ha puesto alguna vez Simón para explicar la ponderación de estas variables es el siguiente: si un territorio tiene más casos, pero una gran capacidad para detectarlos, rastrearlos y aislarlos, puede avanzar más rápido que otro con menos positivos, pero también menor infraestructura de localización. España carece de un plan de rastreo a nivel nacional y, a falta de conocer los detalles presentados por las comunidades, el pasado fin de semana la mayoría todavía no tenía previsto cómo lo hará.

La idea es que el sistema descanse en la atención primaria, que tendrá que hacer pruebas a todos los casos sospechosos. Pero para trazar sus contactos cercanos es necesario un refuerzo de personal, como han demostrado otros países que sí lo han hecho. Un informe de la Universidad Johns Hopkins (Maryland) aseguraba que en Wuhan fueron necesarios 9.000 sanitarios únicamente dedicados a esta labor (81 por cada 100.000 habitantes).

Con toda esta información, Sanidad decidirá quiénes pasan de fase el día 11. A partir de entonces, para seguir avanzando, las comunidades tendrán que presentar sus propuestas con una semana de antelación. Aunque no está recogido en el BOE, el ministro Illa aseguró que, salvo excepciones, tendrán que permanecer dos semanas en el mismo nivel antes de avanzar. Esto tiene una lógica: el periodo máximo de incubación del virus es de 14 días. Cuando se toma una medida hace falta aproximadamente este tiempo para comprobar si tuvo efectos: si los casos siguieron disminuyendo, y por lo tanto se puede seguir avanzando, o si subieron, con lo que el territorio en cuestión debería permanecer en la misma fase o, incluso, retroceder.

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