Las camas de UCI y de enfermos agudos serán el único requisito inamovible para cambiar de fase
Las comunidades autónomas tendrán que presentar sus propuestas para avanzar hacia la nueva normalidad el 6 de mayo
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El cambio de fase en el camino hacia la nueva normalidad no tendrá, en general, unos números fijos. No existirá una cifra de contagios a partir de la cual las provincias, que es a priori el marco administrativo de referencia, puedan avanzar. Habrá que hacer un análisis cualitativo entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para decidirlo. Solo habrá dos requisitos cuantitativos imprescindibles, que han sido publicados este domingo en el BOE: disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos y entre 37 y 49 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.
En el caso de las UCI, esto supone prácticamente doblar la capacidad con respecto a la que tenían antes de la crisis, según la última cifra publicada (de 2017). Algunas provincias ya lo hicieron; otras, casi la han triplicado. El mensaje que manda el Gobierno es que no se desmantele, o se pueda recuperar con facilidad, todo el refuerzo que han hecho en los últimos meses.
En esta orden, una de las cinco que el Gobierno ha publicado este domingo para trazar la ruta hacia la nueva normalidad, se aclara cómo será el cambio de fase. Por el momento toda España está en la cero. El lunes, cuatro islas pasarán automáticamente a la 1. Los demás tendrán que esperar al 11 de mayo. Las comunidades autónomas que quieran proponer una o varias de sus provincias para la fase 1 tendrán que enviar sus solicitudes antes del día 6 a las 14.00. Sanidad las estudiará y “procurará” tomar una decisión consensuada, si bien es el ministerio el que tiene la última palabra. En los sucesivos cambios de fase, los Gobiernos autónomos tendrán que realizan la petición al menos con una semana de antelación.
Pese a que se había dicho que cada provincia tendría que permanecer en cada una de las fases al menos dos semanas, la orden no menciona este requisito. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado en rueda de prensa que por lo general será de debido cumplimiento “salvo casos excepcionales”. El sentido de estos plazos viene dado por el periodo de incubación del virus, que salvo raras excepciones no dura más de 14 días. Así que es el periodo tras el que se puede comprobar el resultado de cada medida adoptada.
“En este proceso de cogobernanza, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán trasladar al Ministerio de Sanidad propuestas específicas de desescalada en sus territorios [...] así como plantear alguna actividad no contemplada entre las actividades permitidas en las diferentes fases”, explica la orden.
No será un proceso automático ni matemático. Se tendrán en cuenta, además de los dos requisitos citados, la capacidad de aislamiento y control de las fuentes de contagio confirmadas; los sistemas de alerta precoz y vigilancia epidemiológica, de identificación y contención rápida de fuentes de contagio potenciales, la capacidad de la atención primaria y hospitalaria; los mecanismos para garantizar las medidas necesarias de protección colectiva; la evolución epidemiológica en el territorio, en términos de transmisión y casos activos, según la orden publicada en el BOE. Pese a que el presidente, Pedro Sánchez, aseguró que todos los marcadores iban a ser “públicos y transparentes” y que se aplicarían por igual a todas las comunidades, de momento solo los de camas de UCI y camas de agudos se han conocido.
Además, el ministerio pide a las comunidades que garanticen la disponibilidad de “suficientes profesionales sanitarios”. No da un número pero recomienda que no sea inferior al existente el 27 de marzo, cuando entró en vigor la primera prórroga del estado de alarma. Los últimos días de marzo fueron los de mayor presión asistencial en las UCI de Madrid. Esta comunidad contrató personal de enfermería para tres meses, pero está despidiendo a esos refuerzos al no considerarlos necesarios ya.
Hasta ahora se había barajado que para ir aliviando las medidas de confinamiento los territorios debían tener un porcentaje de camas libres de enfermos de covid-19, tanto hospitalarias como de UCI. En un documento entregado a las comunidades la semana pasada, se les pedía un "incremento neto de camas de [enfermos] agudos y UCI al doble de la capacidad precovid”, además del “mantenimiento de espacios vacíos” para que la capacidad de las unidades de críticos pueda llegar a triplicarse. Este criterio ha sido sustituido por uno absoluto en esta orden, que solo habla de camas instaladas.
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