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El mar Menor, en la UVI

La retirada de tres toneladas de peces muertos por asfixia confirma el estado de colapso por la agricultura y el urbanismo excesivos de la mayor laguna salada de Europa

Trabajos de recogida de peces muertos en San Pedro del Pinatar (Murcia). En vídeo, la opinión de los ecologistas locales.Foto: atlas | Vídeo: Marcial Guillén

“Lo que ha ocurrido en el mar Menor es un delito ambiental y un desastre. Cadáveres de peces, crustáceos... por todos los sitios, es la fase extrema donde pensábamos que no íbamos a llegar, pues aquí estamos”, lamenta Juan Manuel Ruiz, científico titular del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y experto en el singular espacio, la mayor laguna de agua salada de Europa. Un escenario dantesco que tanto científicos como ecologistas y pescadores veían venir desde hace años, debido a la entrada de nitratos en la laguna por los fertilizantes usados en las explotaciones agrícolas intensivas y por las aguas residuales procedentes de un desarrollo urbanístico excesivo. Consideran que es imposible oxigenar la laguna si no se cambia este modelo de desarrollo insostenible. 

Los nitratos han provocado la progresiva eutrofización del mar Menor (incremento de sustancias nutritivas en las aguas que provoca un exceso de fitoplancton, que son organismos vegetales como ciertas algas microscópicas) que, a su vez, causa falta de oxígeno, y asfixia la vida marina. Doradas, anguilas, lubinas, cangrejos, mújoles, peces mula... muertos o moribundos se agolpaban el sábado a orillas de amplias zonas del fondo de la laguna del mar Menor frente al parque regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, además de en otras muchas playas de la orilla norte, relata Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Intentaban escapar de la falta de oxígeno, pero acabaron concentradas en unas 210 hectáreas de superficie (la laguna tiene 17.000), según el Gobierno regional. Los expertos amplían la dimensión de la catástrofe a toda la laguna. El lunes sacaron tres toneladas de peces muertos, según el consejero de Agricultura murciano, Antonio Luengo, que achacó la mortandad a la gota fría.

Jesús Gómez, patrón mayor de la cofradía de pescadores, describe como los días “peores de su vida” el sábado, domingo y el lunes pasados. “Rabia, impotencia, malestar”, describe este pescador ya jubilado, que comenzó a faenar a los 14 años. El lunes por la tarde, el olor a pescado muerto le rodeaba al salir de su casa situada en segunda línea de la playa de Villananitos, una de las más afectadas, a pesar de que ya habían retirado los animales.

“Le echan la culpa a la dana [depresión aislada en niveles altos], pero no es así. Hemos tenido muchas gotas frías y cada vez va a peor”, se queja Gómez, que recuerda también la inacción del Gobierno. Los datos científicos corroboran su opinión. “La culpa no la tiene la dana. Es cierto que, en esta ocasión, ha desencadenado la mortandad, pero el problema comenzó en los años sesenta y setenta con el desarrollo del turismo y la agricultura. En los noventa se comienzan a detectar los primeros desequilibrios por el riesgo de eutrofización”, explica Ruiz.

Los Gobiernos regional y central se culpan de la inacción

Aliviar la presión que las aguas subterráneas, de alta salinidad y contaminadas por los nitratos de la agricultura, ejercen sobre el mar Menor es uno de los objetivos del denominado Plan de Vertido Cero. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó a principios de septiembre la declaración de impacto ambiental, del plan que integra 21 medidas a ejecutar en 10 años con un coste de entre 430 y 615 millones. Desde entonces, la pugna entre la Administración estatal y la regional por determinar quién asume esos costes ha sido constante. Según el Gobierno murciano, su competencia se limita a la participación en ocho de las medidas y el Gobierno central limita su actuación a cuatro y considera que Murcia debe participar en 19.

El pasado 10 de octubre, el Consejo de Gobierno murciano aprobó el Plan de Gestión Integral del Mar Menor y la Franja Litoral, que debió entrar en vigor en 2012, porque lo exige la Unión Europea. El plan establece prohibiciones para construir nuevos puertos, límites de velocidad de los barcos o control de calidad de las aguas, entre otros. Medidas que se suman a las del decreto aprobado en febrero de 2018, que no ha entrado en vigor hasta este año.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, manifestó ayer que lo sucedido “pone de manifiesto el colapso de un modelo no sostenible”. También anunció que se entrevistará el miércoles con el presidente regional y distintos colectivos de la zona. El presidente murciano, Fernando López Miras, se reune hoy con grupos políticos y alcaldes del entorno del mar Menor.

En 2016, saltaron las alarmas: el mar Menor se convirtió en una sopa verde por el aumento del fitoplancton por la cantidad de nitratos acumulados en el agua. El fitoplancton tapó la luz del fondo, hizo desaparecer la vegetación y desestabilizó los sedimentos.

Recuperación fantasma

En 2018 se produjo un punto de euforia aprovechado por los políticos al ver las aguas transparentes. “Pero nosotros [una parte de los miembros del Comité Científico del Mar Menor creado por la comunidad autónoma] no estábamos de acuerdo”, indica Ruiz. Los hechos les dieron la razón cuando en 2019 el fitoplancton comenzó a crecer otra vez: “En agosto era obvio que estábamos en otro episodio de sopa verde”.

Entonces llegó la dana —entre el 9 y el 15 de septiembre—. Se recogieron 60 hectómetros cúbicos de agua, que arrastraron gran cantidad de sedimentos. Muchos de ellos acabaron en el Mar Menor, mezclados con tierras agrícolas llenas de nitratos. Esa capa de agua dulce permaneció arriba, estratificada, sin mezclarse con el agua salada que, al ser más densa, permaneció en el fondo, y provocó anoxia (falta casi total de oxígeno). “Durante tres semanas largas ha permanecido estable, matando a la fauna y a la flora, y el máximo ha sido este fin de semana”, dice el científico del IEO.

El consejero de Agricultura reconoció el lunes que “no hay solución inmediata” para oxigenar la laguna. Los grupos ecologistas ANSE y WWF también apuntan como causante de la masacre a “un desarrollo agrícola y urbanístico desaforado y a la inacción de los responsables políticos”, cuyos efectos ha multiplicado la gota fría. Piden también que no se bombee más agua dulce contaminada por nitratos, que proceden de la agricultura.

El presidente de la Comunidad de Regantes de Campo de Cartagena, Manuel Martínez, rechaza las acusaciones que se están vertiendo contra el sector que representa. Pide “prudencia” hasta que se conozcan los resultados de las investigaciones. Se han abierto diligencias por parte de la Fiscalía. Asegura que la agricultura de su zona es “de precisión y con un control total de los nitratos”. “Tenemos la sensación de que nos consideran unos psicóticos que los espolvoreamos por el campo, y eso no es así. Se nos está demonizando injustamente y estamos hablando de una actividad que da 40.000 empleos directos”.

Aunque la mancha sin oxígeno ha reducido su tamaño, el consejero reconoció el lunes que el episodio de mortandad de peces “puede repetirse hoy mismo”, puede volver a desplazarse, por lo que los trabajos se centran ahora en determinar hacia dónde lo hará y en preparar medios para que el traslado y retirada de peces sea lo más rápido posible. Estudian también cómo hacer aportes extra de oxígeno, pero “hay que ser muy realistas, no hay varita mágica ni actuación inminente que lleve a cabo una oxigenación total del mar Menor”, advierte Luengo.

Las denuncias de la Fiscalía

La Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia ha abierto una investigación en relación con la aparición, este fin de semana, de toneladas de peces muertos en las playas de Lo Pagan (Santiago de la Ribera)  pero no es la primera vez que la situación del mar Menor llega hasta los tribunales. El actual fiscal superior de la comunidad autónoma, José Luis Díaz Manzanera, trabajó durante años antes de acceder a ese cargo en una investigación para intentar depurar responsabilidades por el lamentable estado de contaminación de la laguna salada, que en el verano de 2016 llegó a una situación de completo colapso y se tiñó de verde. Díaz Manzanera  presentó en 2017 la querella: una macrocausa en la que acusaba a 34 políticos, funcionarios, empresarios y agricultores de haber sido "perfectamente conscientes" durante al menos 15 años de que la "desmesurada e incontrolada" actividad agrícola de la zona estaba provocando un deterioro del mar Menor "difícilmente reversible" sin hacer nada para evitarlo.

La causa recayó en el juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, que decidió a finales de febrero de 2018 dividir la causa en 26 partes diferentes.El pasado mes de abril tuvo lugar uno de los episodios más llamativos relacionados con esta investigación: la Guardia Civil clausuraba medio centenar de desalobradoras que estaban funcionando de manera ilegal, extrayendo salmueras de las aguas del acuífero Cuaternario, que atraviesa el Campo de Cartagena, una práctica prohibida por ley para evitar nuevos vertidos agrícolas a la laguna.

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