Una campaña contra los “malos tratos” con falsas y alegres víctimas

Los mismos ojos brillantes, la misma sonrisa de oreja a oreja. En un caso, la mujer de pelo cano es una víctima: Ella ha sufrido malos tratos pero la vida siempre es más fuerte. En el otro, el reclamo de una cadena de clínicas dentales estadounidense. La imagen ilustra la última polémica de la Junta de Andalucía. Su nueva campaña contra la violencia machista, a la que destina 1,2 millones de fondos del pacto de Estado contra la violencia de género, colecciona críticas. Por las modelos sonrientes, por cargar toda la responsabilidad sobre las mujeres y, sobre todo, porque evita hablar de violencia de género, el concepto consensuado en España en una ley que ya tiene 15 años y que engloba la violencia específica contra las mujeres cuya raíz es la desigualdad, reconocida también por el Consejo de Europa.

“La lucha contra la violencia de género no admite flaqueza ni planteamientos tibios”, señalan desde el Ministerio de Igualdad. “Hablar de malos tratos y centrar una campaña en las víctimas reduce la eficacia de este tipo de acciones de sensibilización y concienciación”, según palabras remitidas por el ministerio que dirige Carmen Calvo. Calvo ha trasladado su “preocupación” al presidente de la Junta.

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, cuya estabilidad depende de Vox, ha eludido un término que el partido de ultraderecha ha pedido insistentemente sustituir por “violencia intrafamiliar”. No es la primera polémica sobre este asunto. A mediados de julio dimitió la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Mercedes Sánchez Vico, que comentó después el “dolor” que le causaba el “silencio” de la Junta ante la petición de Vox para rebautizar el instituto como “de violencia intrafamiliar”.

“Cualquier fisura en el posicionamiento de las instituciones responsables de proteger a las víctimas puede generar desconfianza en el sistema”, añaden desde el Gobierno, justo cuando se cierra uno de los julios más negros desde que hay datos, con nueve mujeres y un niño asesinados. Son 37 víctimas mortales en lo que va de año, más de un millar desde que comenzó la contabilidad oficial en 2003. Y este mismo lunes se investiga un posible caso nuevo, conocido en Cataluña.  En el 79% de los casos, las asesinadas no habían denunciado o no constaba que lo hubiesen hecho, según estos datos oficiales. El miedo al agresor, a no ser creídas y el efecto sobre sus hijos frenan a las víctimas, como señalan distintas especialistas. Por eso rechazan que el otro mensaje de la campaña, Denuncia. Vive, sea el más adecuado. Recomiendan que las campañas reclamen la colaboración de las familias, que denuncian en menos del 2% de los casos, reforzar medidas como el cribado sanitario, que supone que sean los médicos de cabecera quienes den la voz de alarma o permitir la acreditación como víctimas de las mujeres desde los servicios sociales de los Ayuntamientos, para facilitar su acceso a ayudas y protección social.

La Consejería andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, dirigida por Rocío Ruiz (Ciudadanos), ha reivindicado este lunes el mensaje positivo de su campaña. “Jamás nadie ha atacado de esta manera una iniciativa que busca demostrar que las mujeres pueden salir adelante, que hay futuro tras el calvario de la violencia de género”, señala Ruiz en un comunicado. Acusa al PSOE de utilizar políticamente la violencia machista. Y añade que están estudiando la adopción de medidas legales por, sostiene, “manipular los anuncios” de la campaña de la Junta.

Una "fórmula publicitaria"

El anuncio televisivo arranca con un fundido en negro en el que se lee: “Atención: las mujeres que van a ver a continuación han sido víctimas de malos tratos". Pero las fotografías de mujeres sonrientes corresponden a un banco de imágenes empleadas con anterioridad en diversos anuncios, como el de una clínica dental de Pensilvania (EE UU). “Se trata de una fórmula publicitaria que se utiliza normalmente”, explican a este diario fuentes de la Consejería de Igualdad, que alegan que en los anuncios de la DGT los médicos y las víctimas de accidentes de tráfico "tampoco son reales”.

Los responsables de la campaña, Conzeta Publicidad, sostienen que con ese mensaje inicial lo que se busca “es sorprender al espectador que espera que aparezcan mujeres agredidas, pero lo que se ve a continuación son mujeres en situación de normalidad. Es un contrasentido que sorprende al espectador”, inciden. Añaden que, pese a que se alude a que son víctimas de maltrato, “hubiera sido una irresponsabilidad utilizar mujeres reales que han sufrido malos tratos porque hubiera puesto en peligro su seguridad”. La empresa ha trabajado con el anterior Ejecutivo andaluz y con distintas firmas, así como para otras instituciones y grandes superficies.

"Cómoda para la ultraderecha"

La elección de la terminología ha suscitado buena parte de las críticas de la oposición por entender que es una clara concesión a la extrema derecha. La portavoz de Igualdad del PSOE andaluz, Soledad Pérez, alegó el viernes que la iniciativa del Gobierno andaluz era “cómoda para la ultraderecha”, al suprimir cualquier referencia al machismo. Unidas Podemos fue igual de crítico en otro tuit publicado este fin de semana: “Este es el problema cuando una campaña contra la violencia machista la hace un rehén de la extrema derecha”.

Igualdad rechaza que la elección del término maltrato en lugar de violencia de género o machista, como la propia consejera ha utilizado en un vídeo promocional de la campaña este mismo lunes, no supone ninguna concesión a Vox. La formación ha hecho de las políticas sobre igualdad y violencia de género uno de sus principales ejes de confrontación a lo largo de esta legislatura en la comunidad y consiguió incluir en los acuerdos para la aprobación de los presupuestos autonómicos el término “violencia intrafamiliar” en lugar de violencia de género.

“Si el objetivo de la campaña era acercar a las víctimas actuales que no han denunciado la experiencia de las que sí lo han hecho, no se ha logrado. Porque estas mujeres han pasado por momentos buenos, pero también por momentos muy malos, y mostrarlas felices idealiza la situación”, explica Amparo Díaz Ramos, abogada especializada en violencia de género. “Los profesionales nos pasamos buena parte del tiempo ajustando expectativas con nuestras clientas, precisamente por los efectos de las campañas. La denuncia no lo resuelve todo”, advierte.

Un "control" de los fondos para mujeres sonrientes y abanicos

El Ejecutivo andaluz ha invertido 1,2 millones de euros de los fondos para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la campaña, que se extenderá hasta el próximo 25 de Noviembre. La Consejería de Igualdad justifica que el Pacto prevé desarrollar campañas de prevención y sensibilización "con mensajes positivos". Pero distintas especialistas no lo ven así. "Las víctimas que sufren maltrato salen más fuertes, pero cuando hablan de sus experiencias, no lo hacen riéndose, como en los carteles", advierte Antonia Ábalos, miembro de la Asociación Mujeres Supervivientes de la Violencia de Género. "Las mujeres que están viviendo una situación de violencia machista no están alegres y contentas", abunda.

“En el Pacto se refiere a que se muestren ejemplos de resultados positivos, que ofrezcan herramientas a las víctimas, pero mostrarlas solo sonrientes, sin explicar sus experiencias, resulta de escasa utilidad”, sostiene Amparo Díaz Ramos, abogada especializada en violencia de género y trata de personas.

La plataforma 7N- Madrid exige al Gobierno "un mayor control" de los fondos del Pacto. Y señal que "junto a la nefasta cartelería" de la Junta, en Madrid se están repartiendo unos abanicos en los que también se pide a las mujeres que denuncien. "Lo único que hacen es estigmatizar a las mujeres y generar confusión respecto a los recursos".

Desde el Ministerio de Igualdad señalan que los fondos del Pacto se transfieren a las comunidades autónomas "encargadas y responsables de su aplicación". Una vez finalizado el periodo de justificación del gasto, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género "se comprueba que los fondos se ajustan a las medidas que establece el propio Pacto". El mecanismo de control y funcionamiento "es el mismo que el de cualquier subvención pública". Desde 2017, fecha de aprobación del Pacto, no ha habido sanciones por el mal uso de fondos.