Vox arranca a PP y Ciudadanos concesiones a su línea dura en Andalucía

La extrema derecha de Vox, una vez más, ha mantenido en vilo hasta el último minuto la intriga sobre la aprobación del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2019. Lo que se ha negociado en los despachos del Parlamento andaluz y de la Consejería de Hacienda en los últimos días y horas no dependía de los interlocutores que han participado, sino de la decisión que el presidente de Vox, Santiago Abascal, tomó en Madrid, a 530 kilómetros de Sevilla. Sacó el dedo pulgar hacia arriba. El primer presupuesto de un Gobierno de derechas en Andalucía en casi 37 años verá la luz.

Una vez alcanzado el acuerdo, Vox hizo público un pacto de 34 puntos a desarrollar en futuros ejercicios presupuestarios. Muchos de ellos buscan aumentar la rebaja fiscal y la eliminación de entes públicos, lo que el PP llama de manera despectiva la eliminación de la Administración paralela. La extrema derecha pide más auditorías y que se racionalice el sector público andaluz. Pero, además, Vox arranca una serie de condiciones sobre memoria democrática y violencia “intrafamiliar”, un término que la extrema derecha contrapone al de violencia de género. Así, el programa sobre memoria democrática “se desarrollará estrictamente para realizar actuaciones de recuperación en fosas, investigación y localización de fosas, y banco de ADN”. Según el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, las partidas para violencia de género se mantendrán, aunque Vox cuela “la puesta en marcha un teléfono de atención debidamente gestionado por personal cualificado para la protección de víctimas de la violencia intrafamiliar, en un sentido amplio”. Otro compromiso asumido por el Gobierno bipartito es la creación del proyecto 1492: un nuevo mundo, "para la puesta en valor de la herencia histórica que conllevó tanto el descubrimiento de América y otras gestas posteriores como la circunnavegación de la tierra”. El acuerdo se firmará este jueves y aventura una cierta estabilidad para toda la legislatura.

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Vox no quiso despejar la incógnita hasta que su portavoz, Alejandro Hernández, subió a la tribuna este miércoles durante el debate a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos. Entonces anunció que la retiraría. Lo hizo estirando el suspense como si en vez de un debate presupuestario fuera un guion de una película, aunque de serie B. “Trabajamos por el interés general de los andaluces sin hacer teatro ni el gamberro”, señaló Hernández, quien no pronunció las esperadas palabras de retirada hasta el turno de réplica. Antes de proclamarlas pidió al consejero de Hacienda que “esbozara” los puntos de encuentro.

Bravo hizo un repaso extenso del acuerdo firmado con Vox para la investidura, en temas como empleo, control de subvenciones, eliminación de la subasta de medicamentos o garantizar la libertad educativa. “La prórroga presupuestaria es un paso atrás en el empleo, en la credibilidad. Hay que dar estabilidad para toda la legislatura. Les pedimos que levanten la enmienda a la totalidad”.

Dicho y hecho. Hernández volvió a la tribuna y pronunció: “Vamos a retirar la enmienda”. Un gran "¡oh!" con retranca salió de la bancada socialista. La escenografía del acuerdo fue la condición impuesta por Vox. Estirar la cuerda hasta el último minuto y hacer valer el peso de sus 12 diputados, que los días previos habían exigido una foto con Ciudadanos para retirar la enmienda. Esa imagen no se produjo antes del debate, sino al final.

Cuando el consejero de Hacienda, Juan Bravo, subió a la tribuna para defender las cuentas de 2019, PP y Ciudadanos hicieron ver que todo estaba abierto, que todo podía suceder. El sí y no. En realidad, disimulaban. Ya entonces sabían el final de la película. El acuerdo lo cerraron horas antes en Madrid el consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, con la cúpula de Vox. En estas conversaciones también se habló de posibles alianzas en Ayuntamientos andaluces.

Paralelamente, en Sevilla, el consejero de Hacienda y el portavoz del PP, José Antonio Nieto, mantenían reuniones con los diputados de Vox para buscar encaje sus demandas. Hasta que la orden no llegó de Madrid, el grupo de la extrema derecha no dio su brazo a torcer. La negociación, además, ha estado condicionada por los tirones de PP, Cs y Vox para la formación del Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento madrileño.

Durante el pleno, Bendodo hizo todos los gestos posibles hacia Vox. Se acercó a la bancada de los de Abascal para hablar con sus diputados, dando a entender que se estaba negociando hasta el último segundo. También el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ausente del salón de plenos durante la intervención de otros portavoces, hizo un guiño y escuchó desde su escaño la intervención del portavoz de Vox.

La extrema derecha está dispuesta a hacer sudar tinta al Gobierno bipartito, porque tiene la llave de la estabilidad, como ya se sabía desde que Moreno fue investido presidente de la Junta en enero pasado con los votos de los 26 diputados del PP, los 21 de Ciudadanos y la docena de Vox. Juntos suman 59, frente a los 33 del PSOE y los 17 de Adelante Andalucía. La mayoría absoluta es de 55.

El PSOE se estrenó por primera vez en defensa de una enmienda con petición de devolución del Presupuesto andaluz. La defendió su portavoz, Mario Jiménez, quien acusó al presidente de la Junta de provocar “una crisis institucional” al permitir que “manoseen el nombre de Andalucía” para hacer trueques con las alianzas de las derechas en Madrid. “Es un presidente débil sometido a la ultraderecha”, dijo.

“La autonomía andaluza acaba en el despacho de Abascal, muy triste”, se lamentó el portavoz de Adelante, Guzmán Ahumada, quien justificó el rechazo a las cuentas en que “no garantizan ni el pan ni el techo”. También exigió aclaraciones sobre las contrapartidas pactadas con Vox para retirar la enmienda. Una vez superadas las dos enmiendas a la totalidad del PSOE y Adelante Andalucía, el proyecto pasará a su debate en comisión, sin posibilidad de que se modifique la cifra final. Las cuentas para 2019 ascienden a 36.495,5 millones de euros, un 5% más que en 2018, de los que 20.343 millones se van a destinar a gasto social, un incremento del 5,9% respecto del anterior ejercicio.