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La lucha contra la violencia machista se apoyará en los Ayuntamientos

El Congreso respalda en bloque las primeras medidas urgentes del pacto de Estado

Protesta por una víctima de violencia machista, ayer en Borriol.
Protesta por una víctima de violencia machista, ayer en Borriol.

Casi un año después de que se aprobara el pacto de Estado contra la Violencia de Género —11 meses y 13 días— se convalidaron ayer en el Congreso las primeras medidas urgentes de este gran acuerdo. Los grupos parlamentarios lo respaldaron por unanimidad pero con críticas. Las medidas suponen sobre todo dar más protagonismo a los Ayuntamientos, que recuperan competencias, tendrán más fondos y serán las primeras instituciones desde las que acreditar a las mujeres como víctimas. Serán “un espacio seguro” para la mujer, según la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo.

En lo que va de año, han sido asesinadas 33 mujeres por sus parejas o exparejas, 957 desde que hay estadísticas oficiales (2003). El Gobierno tuvo que rectificar el modo de tramitación de estas primeras medidas de un real decreto ley a un proyecto de ley. El resto de partidos había criticado que la primera fórmula no permite el debate. Algunos, como Ciudadanos, anunciaron enmiendas. Las nuevas medidas suponen la modificación de tres normativas. Estos son los cambios y sus consecuencias:

Devolver competencias a los Ayuntamientos. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada en 2013 por el Gobierno del PP, reducía las competencias y los servicios sociales de los municipios menores de 20.000 habitantes. Desde entonces, las plantillas de trabajadores sociales han mermado. Los municipios han seguido atendiendo a las víctimas en la medida de sus posibilidades: con menos fondos y menos personal y, en algunos casos, con las reticencias de los interventores municipales. “Plantean dar más protagonismo a los Ayuntamientos y al municipalismo para prestar servicios. El papel del Gobierno ahora es regular todo eso”, señala Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social. Esperanza Vázquez, al frente de la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León, aplaude que haya más financiación para que los municipios atiendan a las víctimas. En los presupuestos están previstos 200 millones para el pacto cada año, de los que 20 corresponden a los Ayuntamientos. El Gobierno anunció que en 2019 doblará la partida a 40 millones.

Ser víctima sin denunciar al agresor. Hasta ahora, para tener la consideración de víctima de violencia de género se necesita una denuncia policial o judicial. El cambio supone que se pueda acreditar desde otras instituciones, como los servicios sociales municipales, pero solo a efectos administrativos, es decir, para facilitar su acceso a las ayudas y a la protección social. “Entre las múltiples razones por las que las víctimas no denuncian la situación de violencia que están sufriendo, se encuentra la falta de recursos económicos, uno de los factores que les impide romper el círculo de la violencia”, señala el documento aprobado por el Congreso. Tres cuartas partes de las mujeres asesinadas no presentaron denuncia. El porcentaje es extrapolable a las denuncias totales, señala Miguel Lorente, forense y exdelegado de Violencia de Género, que define así la filosofía de este cambio: “Se trata de acercarse al problema y no esperar a que el problema venga a ti”.

El Gobierno y las comunidades autónomas deberán acordar un protocolo sobre cómo hacerlo. Pero ya hay autonomías que lo aplican, como Andalucía o Castilla y León. “No pretendemos llegar a una condena judicial al agresor, se trata de gestionar ayudas”, explica Esperanza Vázquez, directora general de la Mujer de esta última comunidad. En esta región se hace a través de los trabajadores sociales acreditados —los llamados coordinadores de casos— de los Ayuntamientos que trabajan en colaboración con las secciones de la Mujer que dependen del Gobierno regional.

Psicólogo sin permiso paterno. Es una de las medidas que ha despertado más críticas porque supone modificar el concepto de patria potestad que incluye el Código Civil. El texto del Gobierno prevé que se pueda solicitar atención psicológica a los menores por parte de uno de los progenitores si el otro “está incurso en un proceso penal”. Es decir, dejar de lado la decisión común que implica la patria potestad. “En muchos casos, los maltratadores abusan de ese concepto y hacen mal a los hijos para hacérselo a la madre”, explica Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. “Hay otras cuestiones de la patria potestad que hay que corregir de manera urgente”, añade. Tras el asesinato de una mujer con hijos, ejemplifica Soleto, el padre y agresor tiene que ser consultado para saber sobre quién recae la custodia. La patria potestad no se retira hasta que no hay sentencia firme.