Críticas a la campaña contra la violencia de género de la Junta de Andalucía

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía presentó el lunes una campaña para luchar contra la violencia de género que en su primera semana ha levantado las críticas de colectivos feministas, abogadas y partidos políticos. Los carteles (que muestran a víctimas sonrientes), el hecho de que se hable de maltrato y no de violencia de género y el hashtag elegido para su promoción en redes sociales (#denunciaVive) ha concentrado los mayores reproches, por entender que se banaliza el dolor y se responsabiliza únicamente a quien lo sufre, eludiendo al entorno familiar y al agresor. El lanzamiento coincide con el primer aniversario de la aprobación de la reforma de la ley de violencia de género andaluza, uno de los principales focos de crítica por parte de Vox, sostén del Gobierno bipartito regional, y que no ha sido desarrollada reglamentariamente en puntos esenciales para garantizar la protección y el amparo de los afectados.

“Se está trivializando el sufrimiento de las mujeres que sufren violencia de género”, explica Antonia Ábalos, miembro de la Asociación Mujeres Supervivientes de la Violencia de Género, sobre las imágenes de víctimas en actitud sonriente que la Junta ha elegido para protagonizar la campaña. “Quienes están viviendo situaciones de violencia machista, las mujeres, sus hijos… no están alegres ni contentas”, recalca. “Hablar además de maltrato sin aludir directamente a la violencia de género es engañoso, porque puede dar a entender que se refiere a casos puntuales, cuando el maltrato y la violencia acaban con la vida de las mujeres o con agresiones en manada. No nombrar las cosas por su nombre trivializa y banaliza la vida de la mujer”, sostiene la activista en relación con el lema que aparece sobre los carteles: “Ella ha sufrido malos tratos. Pero la vida siempre es más fuerte”. En algunos, en la parte inferior se indica que el reclamo forma parte de la campaña contra violencia de género de la Junta. El anuncio para televisión comienza con el siguiente mensaje: "Atención: las mujeres que van a ver a continuación han sido víctimas de malos tratos". 1.012 mujeres han sido asesinadas en España a manos de la violencia machista desde 2003, 201 en Andalucía.

Vox ha hecho de las políticas sobre igualdad y violencia de género uno de sus principales ejes de confrontación a lo largo de esta legislatura en la comunidad y consiguió incluir en los acuerdos para la aprobación de los presupuestos autonómicos el término “violencia intrafamiliar” en lugar de violencia de género. En el debate para su aprobación llegó incluso a solicitar que el Instituto Andaluz de la Mujer pasara a denominarse de Violencia Intrafamiliar. El hecho de que en la campaña de la Junta se haya elegido el término maltrato se considera por parte de la oposición como una clara concesión a la extrema derecha. La portavoz de Igualdad del PSOE andaluz, Soledad Pérez, alegó el viernes que la iniciativa del Gobierno andaluz era “cómoda para la ultraderecha”, al suprimir cualquier referencia al machismo. “La única medida que el Gobierno de las derechas ha puesto en marcha ha sido una campaña institucional que no trabaja por la igualdad de género”, sostuvo. La líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, se ha sumado a las críticas este sábado a través de un tuit en el que califica de “frívola” la campaña.

Desde la Consejería de Igualdad que dirige Rocío Ruiz (Ciudadanos) han confirmado a este diario que no van a responder a las críticas del PSOE y lamentan que se genere desunión sobre un tema tan sensible como la violencia de género. La campaña, financiada con 1.200.000 euros del fondo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se desarrollará en diferentes fases hasta el 25 de noviembre y sus mensajes se van a difundir en televisión, radio, prensa impresa y digital, redes sociales, vallas, mupis, autobuses, metros y tranvías. Durante su presentación, Ruiz quiso poner el énfasis en el mensaje positivo y de esperanza que se transmite a la sociedad poniendo como protagonista a la mujer superviviente y en la importancia de trasladar el mensaje positivo de que “las víctimas no están solas y que es responsabilidad de todos ayudarlas día a día”.

Deslegitimación de la Administración

Sin embargo, la ausencia de la implicación de la Administración en la campaña y el hecho de que se ponga el foco únicamente en la importancia de la denuncia por parte de la víctima, sin hacer referencia a los pasos que las instituciones públicas deben llevar a cabo para acompañar a las mujeres que denuncian, es otro foco de críticas por parte de los profesionales del sector. “Cada vez hay más mujeres que denuncian, pero hay muchas que no lo hacen y otras que sí, pero cuya situación personal sigue siendo horrible”, denuncia Amparo Díaz Ramos, abogada sevillana especialista en violencia de género y trata de personas. Un total de 8.129 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 8.316 denuncias presentadas en los órganos judiciales de Andalucía durante el primer trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ. Las denuncias presentadas suponen un incremento del 3,1 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior.

“La Junta, los funcionarios, el IAM tienen la facultad de poner en conocimiento de la Fiscalía y de los Juzgados casos de violencia y no lo están haciendo. No parece correcto trasladar a la víctima que ella tiene la obligación de denunciar, cuando la propia administración no cumple con lo que le pide la legislación”, explica Díaz. La abogada alude a la ley general de violencia de género, pero también a la reforma de la andaluza, pionera en la materia, que en su artículo 30 estipula que es la Junta la que debe acreditar la situación de violencia de género para que, quienes la soliciten, puedan acceder a determinadas ayudas sociales y beneficios, como el cambio de centro de trabajo para los funcionarios. “Cuando hemos solicitado esa acreditación se nos ha dicho que no la pueden tramitar porque no se ha desarrollado reglamentariamente”, explica Díaz, quien lamenta la dejadez de la Administración para desarrollar las normas: "Esto deslegitima a las autoridades que pidan a las víctimas que denuncien".