La Universidad sufre un recorte de 9.500 millones en ocho años
La crisis no ha terminado para los campus aunque, para crecer como país, es vital que avancen
Las universidades públicas catalanas, que ocupan la parte alta en las clasificaciones académicas, han denunciado en un comunicado que su financiación es inferior a la de hace una década, “cosa que es insostenible”, y reclaman una revisión del modelo de financiación. Han perdido 1.023 millones de euros entre 2010 y 2017. Esa llamada de auxilio bien podría repetirse en casi todos los campus, porque el tijeretazo que sufrieron con la crisis está lejos de ser subsanado. En esos ocho años entre los 50 centros han dejado de percibir 9.498 millones, según datos del Ministerio de Educación. De forma que ha pasado de representar el 2,15% del gasto público al 1,6% en ese periodo. Las pensiones tienen cada vez más peso.
“La dinámica de la Universidad es: inversión y luego retorno a la sociedad con la formación de buenos profesionales y científicos”, razona Joaquín Goyache, nuevo rector de la Universidad Complutense de Madrid, la institución más grande de España con 71.000 universitarios. Y enumera: “No queremos regalías, edificios como hoteles de cinco estrellas. Lo que queremos son buenas aulas, buenas condiciones de trabajo, que los equipos de investigación puedan competir y no estén lastrados por la burocracia o tener el personal de administración y servicios bien formado...”.
El mayor recorte fue el de 2014, con 1.732 millones, pero la brecha continúa aunque ahora perciban algo más. En 2017 recibieron 1.279 millones menos que en 2010, el año en el que las Administraciones fueron más generosas. En 2018, idéntico panorama.
Las universidades sufrieron un fuerte recorte presupuestario y el ministro José Ignacio Wert (PP) obligó en 2013 a los gobiernos autonómicos a fijar unas tasas de matrícula que cubrieran entre el 15% y el 25% del gasto por alumno, de tal forma que las familias tuvieron que compensar, en parte, esa merma, porque los precios subieron hasta un 47%. De forma que, mientras casi toda Europa afrontó la debacle económica invirtiendo más en sus alumnos —subió un 13% de media—, España fue, tras Irlanda, el país que más recortó por estudiante: un 13% entre 2010 y 2015, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Hace dos semanas, Roberto Fernández Díaz se despidió de la presidencia de la conferencia de rectores (CRUE) recordando que el 95% de los presupuestos de las universidades está comprometido —se va en las nóminas, los recibos y el mantenimiento—, y que apenas queda un 5% para políticas decididas por su gestor. El espacio de actuación es muy bajo. “Las nóminas van subiendo y ese margen del 5% es cada vez más pequeño. Así no llegamos a renovar los equipos obsoletos y al final se han de tirar”, se lamenta Joan Elias, rector de la Universidad de Barcelona con 63.000 estudiantes y 600.000 metros cuadrados de edificios que cuesta mucho mantener.
“La docencia se ha visto claramente afectada. Los grupos son más grandes de lo debido, porque no podemos contratar al personal necesario para una atención más personalizada”, prosigue Goyache. “Y se recurre a figuras que no son las más adecuadas, porque los profesores asociados no deben cubrir los puestos de catedráticos y profesores titulares”. En la Complutense imparten clase 5.825 profesionales. Ocho de cada diez euros de la Universidad se van en pagarles en España. En Italia o Japón se destina 6 de cada 10.
Producción científica
La ciencia también se ha resentido —en especial la investigación básica, con la que no se obtienen resultados a corto plazo— y ha llevado con éxito a los grupos a buscar financiación internacional, sobre todo de la UE. Entre 2015 y 2019, según datos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), han aumentado las patentes por profesor (7,49%), los fondos externos de investigación liquidados (4,79%) o las publicaciones por profesor (3,97%) porque los más jóvenes para hacer carrera tienen que investigar, no centrarse solo en la docencia.
“Hay un efecto perverso, porque al salir de la crisis todos los suministros van subiendo. Las empresas se contuvieron aquellos años pensando que no podían jugar al alza, y ahora creen que sí”, sostiene Elias, presidente de la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). “Se ve cuando convocamos un concurso de limpieza o de un suministro. Las empresas creen, con razón, que la economía está mejorando pero no es nuestro caso”. En la Complutense, por ejemplo, quedó desierto el concurso del servicio de limpieza por ser muy bajo el precio de salida.
La Autónoma de Barcelona, que ha pasado de limpiar todos los días a hacerlo tres veces a la semana, cerró 2018 con un saldo negativo de 3,2 millones, porque su consejo social no ha querido maquillar la realidad, dice su rectora, Margarita Arboix. Ella calcula que sería necesario un mínimo de cinco millones para mantener los edificios y se financia con dos. La falta de presupuestos autonómicos —prorrogados— impide a la Generalitat inyectar los 72 millones previstos para los campus.
En este escenario de salvar los muebles, piensa Carmen Pérez Esparrells, profesora de Economía de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, los campus son cortoplacistas y no diseñan estrategias conjuntas de financiación y sinergias, lo que en su opinión pasa factura en los rankings de calidad internacionales. La investigadora sostiene que las autonomías deben recordar que la Universidad es un gran motor de sus economías, pero cree que se deberían buscar otras fuentes de financiación. “Existen muchos mecanismos y fórmulas, y múltiples maneras para conseguir una financiación complementaria (aunque muy marginal al principio) procedente del patrocinio y el mecenazgo”, afirma en un artículo titulado ¡Dejemos de llorar! en Studia XXI. “Pero todas estas”, añade, “pasan por la constancia, la legitimidad, la reputación de la institución y la comunicación de su valor social”.
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