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Los investigadores precarios estallan porque no llega el salario pactado

La prórroga de los Presupuestos deja a los predoctorales sin la partida para subir sus sueldos.

Protestas  ayer en la Universidad Autónoma de Madrid.
Protestas ayer en la Universidad Autónoma de Madrid.

Los graduados que preparan su doctorado han estallado después de años de denunciar sus precarias condiciones laborales en universidades y otros centros de investigación. El 28 de mayo, un grupo de predoctorales provocó un atasco kilométrico al cortar la autopista que pasa junto a la Universidad Autónoma de Barcelona. Ayer, afectados de la Autónoma de Madrid irrumpieron en un acto del rector. Y para la semana que viene están amenazadas las pruebas de Selectividad en Cataluña y se están organizando en Valladolid.

Los doctorandos —15.000 con algún tipo de contrato de los que 9.000 pueden estar afectados—, se sienten estafados porque desde el pasado marzo deberían estar cobrando un incremento salarial medio de 110 euros —crece con el paso de los años—, pero el dinero no llega. De media ingresan unos 1.000 euros al mes y lo pactado es que ese sueldo fuese subiendo hasta alcanzar 400 euros más brutos el último año. No por nada les llaman precarios.

El Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) entró en vigor en marzo, con siete años de retraso por parones políticos —aparecía ya en la Ley de Ciencia de 2011—. El texto trenza los mimbres de una carrera incierta y abrupta, y establece que los predoctorales deben ganar al menos 16.500 el primer año (la mitad de un titulado que trabaja en la Administración general) y el cuarto año 21.600.

Todas las partes estaban felices: los rectores, los sindicatos, el Gobierno y la Federación de Jóvenes Investigadores que había batallado duramente. Pero como los Presupuestos Generales para 2019 acordados por los socialistas y Podemos no salieron adelante, el Estado no puede desembolsar los nueve millones consignados allí para pagar el suplemento a 6.000 de 8.000 contratos de formación de investigadores y profesores (FPU y FPI). Estos sueldos se abonan con “subvenciones finalistas”, por tanto, el ministerio no puede desviar de otras partidas. Comisiones Obreras aumenta la cifra de afectados a 9.000, al sumar los financiados en convocatorias autonómicas y de las universidades.

El colectivo ha pasado siete años esperando el estatuto que regula su situación

“No hay dinero para pagar, pero sí hay compromiso del ministerio —si este Gobierno sigue— de incluir la partida en los siguientes presupuestos”, asegura José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades. “Los campus tienen que hacerse cargo de esas medidas y si se les puede compensar después, lo haremos”. El problema es que este pago retroactivo debe figurar en otras partidas de 2020, porque no es una actividad ejecutada ese año.

A Pingarrón los campus le responden que están asfixiadas financieramente. “En algunas universidades supone ir a déficit y por la Ley de Estabilidad Presupuestaria no podemos generarlo”, explica José Carlos Gómez Villamandos, presidente de la conferencia de rectores (CRUE). “Por eso muchas universidades no pueden todavía hacer las modificaciones presupuestarias requeridas sin generar déficit. Hay que quitar partidas de otro sitio para cumplir con este aumento salarial”, relata.

El momento del relevo generacional

Los doctorandos cuentan con cuatro años para defender su tesis y un año de prórroga si no la han terminando. Es usual que ocurra, porque deben compaginar su investigación con dar clase tutelados y con las plantillas recortadas los departamentos les han cargado de horas docentes (cambia con el estatuto).
El doctorado es la puerta para entrar en la universidad, y ya doctores deben de seguir investigando para conseguir sexenios (complementos salariales vinculados a la producción científica) imprescindibles para lograr contratos posdoctorales con el objetivo último de sacar una plaza fija. Hoy los investigadores de 40 años aceptan contratos temporales concebidos para jóvenes de 30 porque no hay suficientes puestos acordes a su experiencia.

El rector Rafael Garesse aseguró ayer a los doctorandos que irrumpieron en un acto que la Autónoma de Madrid que se encuentra en ese proceso de búsqueda de fondos y les instó a una reunión. La CRUE publicó un informe jurídico instando a los campus a abonar el aumento. “Estamos en la idea de pagar, porque es lo que dicen los informes, pero nuestro problema es que no estaba presupuestado y necesitamos hablar con el ministerio para ver de dónde sacamos el dinero”, explica Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada. El incremento costará al campus granadino unos 350.000 euros. “Abrimos las puertas cada mañana con mucho esfuerzo, necesitamos más fondos porque si no vamos a entrar en déficit”, alerta Aranda.

La Complutense, la universidad presencial más grande de España, desde el principio está abonando la subida prometida según Carlos Andradas, rector en funciones. Explica que pueden hacerlo porque no tienen aún el visto bueno de la Comunidad de Madrid para convocar nuevas plazas y destinarán ese dinero a los precarios. “Pero se lo vamos a reclamar al ministerio, es lo razonable, y llegaremos hasta donde haya que llegar”. La cuantía, en este caso, supera el medio millón de euros. Los estudiantes, sin embargo, afirman que aún no les han ingresado.

Otros rectores, que prefieren no hacer declaraciones, reconocen en privado que no se fían de que el Gobierno pague el año que viene. Las Universidades de Córdoba y la Autónoma de Barcelona también pagarán. Otras, como las politécnicas de Cataluña o la de Castilla-La Mancha planean recurrir el decreto que obliga a subir los sueldos.

“Cobro un 20% menos de lo acordado y vivo muy justo, Barcelona es carísimo...”, cuenta el burgalés Raúl Bombín, que hace una tesis de simulación de materia cuántica en la Politécnica de Cataluña con un contrato FPI. “Yo tenía claro que sin contrato no hacía la tesis, pero hay gente que se pasa dos y tres años trabajando gratis mientras espera lograr uno o tiene un contrato de otra institución, tan bajo que han tenido que subírselo para cumplir el salario mínimo interprofesional (12.600 euros anuales)”. En su politécnica no hay visos de acuerdo y CC OO avisó ayer de que pueden terminar en los tribunales.

“No hay que hacer huelga porque el estatuto está aprobado. Por una vez la ley está de nuestra parte y apostamos por presentar denuncias colectivas contra las universidades si fracasan las negociaciones”, sostiene Ismael Benito, de la Universidad de Barcelona, que pertenece a la red D-Recerca de doctorandos y becarios.

Encina González, secretaria de Universidades e Investigación de CC OO, cree que mientras se aprueban los Presupuestos deben pagar las comunidades autónomas, que son quienes ingresan el sueldo a los doctorandos: “Que cambien las partidas, como si se tratara de una subida de sueldo para los funcionarios”. Y recuerda que la subida es vital para los que están en el último año de contrato, porque la ayuda al desempleo se calcula con los seis últimos meses trabajados.

Frenar la fuga de cerebros

En 2011, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, se aprobó la Ley de Ciencia que establecía un tipo de contrato predoctoral específico, fijando un plazo de dos años para su desarrollo reglamentario. Pero la mayoría absoluta de Mariano Rajoy truncó el plan trazado. Se suprimió el Ministerio de Ciencia y con él el desarrollo de la ley. En los últimos tiempos, la Federación de Jóvenes Investigadores, los sindicatos y Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación (PP) negociaron intensamente. No llegaron a un acuerdo y se aprobó el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) con los socialistas este marzo, cuando la legislatura languidecía. “Es verdad que hay que esperar el aumento salarial, pero sería mucho peor que no hubiese EPIF”, afirma el secretario de Universidades José Manuel Pingarrón. El texto fija un máximo de 180 horas de tareas docentes para evitar que sean mano de obra barata. Desde 2011 no son becarios, son contratados con derechos, pero no han conseguido un finiquito. El PSOE cree que las nuevas condiciones laborales ayudarán a frenar la fuga de cerebros.

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