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La Generalitat obligará a la UAB a nuevos recortes por su déficit

La rectora Margarita Arboix asegura que reducirán gastos principalmente en mantenimiento

Pintadas en el campus de la UAB.
Pintadas en el campus de la UAB.

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) deberá aplicar un nuevo plan de ajuste para equilibrar sus cuentas. Así le obliga la normativa después de haber cerrado 2018 en números rojos, con un desfase de 3,2 millones, que se añadirán a los 65 de déficit acumulado que arrastra el campus. La rectora Margarita Arboix reconoce que ya están elaborando el plan, pero le quita hierro asegurando que la cifra del déficit no es muy elevada y que recortarán gastos, básicamente, de mantenimiento. “No tocaremos la docencia ni la investigación”, asegura tajante la rectora.

Los nuevos recortes se sumarán a los que ya se aplican desde el gran tijeretazo de la financiación de la Generalitat en 2011. El presupuesto del campus, que en 2010 tocó techo con 340 millones, cayó a los 285 millones en 2013, pero este año se ha recuperado hasta los 322, principalmente debido al aumento de ingresos por investigación y del coste de personal. Ello se ha traducido en ocho años de ajustes que han afectado, por un lado, a la imposibilidad de invertir en los edificios. “En la facultad de Educación había goteras y cuando llovía no se podía hacer clases. Hemos tardado mucho tiempo en poder repararlo. En Políticas no nos caben los estudiantes. Los edificios tienen 50 años, necesitan un mantenimiento. Necesitaríamos ocho millones anuales y solo recibimos dos”, ejemplifica la rectora.

La plantilla es otra de la damnificada por los recortes. De los docentes jubilados, solo han podido reponer adecuadamente el 50%. Para el resto, han recurrido a asociados (profesionales de la empresa privada que imparten clases puntuales y específicas). Desde el sindicato CGT critican que este colectivo ha crecido un 30% en los últimos tres años. “La docencia se está traspasando a este colectivo, que está asumiendo asignaturas troncales y cargos de coordinación cobrando unos 450 euros”, se queja su responsable Ermengol Gassiot. La rectora lo admite y lo achaca a la imposibilidad de contratar personal. “Tenemos que hacer la docencia. Pero tal como te lo ponen te obligan a hacer una ilegalidad”, admite la rectora.

Asimismo los sindicatos destacan la falta de reposición de algunos elementos informáticos o de laboratorio. “También recortamos en limpieza. Si antes pasaban tres días a la semana, ahora solo lo hacen uno”, apunta Juan Montesinos de CC OO.

El problema de las cuentas de la UAB se basa en dos patas: la primera —extensible al resto de campus— es que no reciben el dinero suficiente para hacer frente a los incrementos salariales de los trabajadores desde 2017, que fue del 1% y del 1,9 y del 2,2% en los años sucesivos. Esto ha hecho que el capítulo 1 del presupuesto de la UAB, el que corresponde a los gastos de plantilla, se haya incrementado desde 2017 al actual en 19 millones (un 9,3% más) hasta los 221 millones. La segunda pata, explica Arboix, es un cambio en el modelo de financiación de las universidades que perjudicó especialmente a la Autónoma. Tampoco ha ayudado el encarecimiento de las facturas: el año pasado pagaron medio millón más de electricidad por el aumento del precio de la luz.

Fondos congelados


Periódicamente los campus lanzan un grito de alerta asegurando que su situación financiera es “insostenible” y de que los recortes los están dejando al límite. Esta semana lo han vuelto a hacer, poniendo el foco en la congelación, desde 2017, de los fondos que reciben de la Generalitat, fijados en 760 millones, muy lejos de los 900 que recibían al inicio de la crisis. Para costear el aumento de los salarios, el Govern asegura que está buscando la forma para insuflar a los campus este año 42 millones adicionales.

¿Pero por qué solo la UAB declara déficit? La rectora admite que los números rojos de 2018 han sido, en cierto modo, intencionados. “Podíamos haber cerrado en equilibrio y mover un par de millones del remanente de tesorería, como se ha hecho en otras ocasiones. Pero el Consejo Social se plantó y se negó para hacer aflorar la situación. Teníamos que demostrar que estamos haciendo bien las cosas y no podemos aguantar más. Ya hemos hecho recortes suficientes”.

Cuando Arboix habla de “hacer bien las cosas” se refiere a que todos estos años la Autónoma de Barcelona se ha centrado en eliminar la deuda histórica con los bancos que arrastran los campus desde hace dos décadas a raíz de la construcción de los parques tecnológicos. El de Bellaterra arrastraba 58 millones, que se han quedado en 4 actualmente. “Tenemos un parque saneado. Podíamos no haber pagado a los bancos y hubiéramos tenido más liquidez. Es lo que han hecho otras universidades. No sé qué opción es la mejor, pero nosotros decidimos esto”, defiende Arboix.

 

Cuentas frágiles en todas las universidades públicas

Hoy ha sido la autónoma, pero mañana podemos ser nosotros. Se te disparan un par de partidas y ya haces déficit”, admite el gerente de la Universidad de Barcelona, Óscar Escardíbul, sobre la situación que viven las universidades en Cataluña. La infrafinanciación y los recortes han sido comunes a las siete universidades públicas, pero ha golpeado con dureza a las tres grandes, Universidad de Barcelona (UB), Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), que a la vez son las que más déficit histórico acumulan. “Tienes que decir no a todo, invertimos el 10% de lo que necesitan los edificios, tenemos cornisas con redes, goteras, climatizadores sin funcionar o ascensores para minusválidos que tardan mucho a instalarse”, abunda Escardíbul, que a pesar de todo puede presumir de cerrar 2018 con un ligero superávit y haber reducido el déficit acumulado de 82 millones en 2008 a 45.
Más crudos son los balances de la UPC, que no ha logrado atajar los 104 millones de déficit acumulado, aunque hace tres años que sortea los números rojos anuales recortando gastos y gracias al aumento de ingresos por la investigación. Su gerente, Xavier Massó, reclama la implicación de la Generalitat. “Todos estamos de acuerdo con subir los salarios, pero las universidades tenemos que saber de dónde sacamos el dinero”.

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