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Las farmacias recrudecen su lucha contra Glovo por la venta de medicinas a domicilio

Los boticarios de Cataluña denuncian ante la Generalitat que la empresa viola la prohibición dictada por Sanidad hace un año

Un repartidor de Glovo, en Madrid.
Un repartidor de Glovo, en Madrid.

La pugna que desde hace más de un año mantienen las farmacias españolas con la plataforma de compra y reparto a domicilio Glovo ha vivido este jueves un nuevo episodio con la denuncia de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC) —la segunda que realiza la entidad desde enero— ante la Generalitat de Cataluña contra la comercialización de medicamentos a domicilio.

Los boticarios catalanes, que han aportado recibos de compra al Departamento de Salud, denuncian que Glovo sigue comprando por encargo y llevando los fármacos a los hogares de sus clientes, algo que la plataforma tiene prohibido desde el pasado mes de junio, cuando la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) dictó una resolución que ordenaba a la empresa cesar esta actividad.

Glovo ofrece en su aplicación la posibilidad de que sus repartidores acudan a las farmacias a comprar medicamentos —de dispensación sin receta— y los lleven posteriormente al domicilio del cliente. La empresa carga sobre el precio del fármaco una comisión, cuyo importe depende de factores como la distancia entre la botica y el domicilio.

Para el Ministerio de Sanidad esto "vulnera la normativa vigente", explicó ayer un portavoz. La Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos establece que "la venta debe llevarse a cabo siempre con la intervención de un farmacéutico". En el caso de la venta por Internet, desarrollada en el Real Decreto 870/2013, solo podrán llevarla a cabo "las oficinas de farmacia abiertas al público, legalmente autorizadas y que hayan notificado esa actividad", informó el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos.

Sanidad considera que la venta a domicilio "impide garantizar la seguridad del fármaco y abre la puerta a prácticas fraudulentas como la falsificación de medicamentos". La Generalitat por su parte, calificó de "servicio ilegal" el ofrecido por Glovo y recordó que este, en la práctica, supone ejercer labores de "intermediario" sin autorización.

Glovo, por su parte, alega que "no vende ni publicita medicamentos" y que se "limita a poner en contacto a usuarios, farmacias y a repartidores independientes". Según la posición de la empresa,  "los repartidores simplemente actúan como mandatarios verbales de aquellos usuarios, que solicitan medicamentos no sujetos a prescripción", por lo que "las compras se realizan con consejo farmacéutico y siempre de forma presencial en las farmacias".

La AEMPS rechaza esta interpretación y el 1 de junio de 2018 dictó su resolución prohibiendo a Glovo seguir con la actividad. La empresa recurrió el día 25 de ese mes, aunque un mes más tarde la Agencia desestimó la petición de la empresa. 

El conflicto llevaba entonces meses arrastrándose. En febrero de 2018, la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía inició acciones legales contra Glovo, mientras que en Madrid Adefarma presentó, a principios de julio, un escrito cuestionando la legalidad de la actividad de Glovo con respecto a la venta de medicamentos.

Pese a ello, según la Federación de Farmacias, "Glovo ha continuado vendiendo medicamentos". Como prueba, adjunta a la denuncia un comprobante de pedido que demuestra que Glovo no ha retirado de la aplicación el servicio que permite hacerlo.

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