Las cuidadoras de dependientes que cotizan se duplican desde que el Estado asumió el coste en abril

El número de cuidadoras no profesionales dadas de alta en la Seguridad Social se ha más que duplicado en solo 37 días debido al decreto ley por el cual el Estado pasa a asumir el pago de las cuotas, que entró en vigor el 1 de abril y que hasta ese día, desde los recortes de 2012, había recaído en los familiares que tenían una persona con dependencia en casa. Al acabar marzo, 7.304 personas estaban dadas de alta. Este miércoles, la cifra había aumentado hasta 16.695, según fuentes de la Tesorería de la Seguridad Social.

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Un ejército de cuidadoras

Hace siete años, antes del tijeretazo de Mariano Rajoy, más de 170.000 cuidadores no profesionales estaban dados de alta. A final de junio de 2012, unos días antes del real decreto por el cual se implantaron los recortes, eran más de 179.000. En noviembre de ese año —fecha que el Gobierno puso como tope para que quienes desearan seguir cotizando, asumiendo el pago de sus cuotas, lo comunicaran— los registros se desplomaron hasta 25.350: el sistema perdió 147.000 cotizantes en solo un mes.

Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia, fue una de ellos. Esta mujer de Azuqueca de Henares (Guadalajara) tuvo que dejar de trabajar para cuidar a su hijo, que tiene 11 años y padece el síndrome de Pitt-Hopkins, una alteración del cromosoma 18 que afecta al desarrollo neurológico, por el cual le ha sido reconocido el mayor grado de dependencia de cuantos se otorgan. En 2012 no solo vio cómo su cotización dejaba de ser gratuita. También cómo la prestación que percibían pasaba de 520 euros mensuales a 387. Y cómo se imponían incompatibilidades entre los servicios contemplados por la ley. En su casa no pueden solicitar, por ejemplo, ayuda a domicilio porque ya perciben la “paguilla”, como se conoce al dinero que reciben los dependientes.

En aquel momento tuvo que elegir entre destinar parte de esos 387 euros a su cotización o reservarlos para costear las necesidades de su hijo. Solo en logopedia y fisioterapia gastan unos 300 euros mensuales. “La mayoría de las cuidadoras, porque en más de un 90% somos mujeres, optamos por darnos de baja y temíamos por nuestra jubilación”, cuenta Jerez, que a sus 53 años ha perdido casi siete de cotización. “A mí más o menos me salen las cuentas porque cuando dejé el empleo ya tenía más de 20 años cotizados”, explica. Antes de que su hijo naciera era cocinera. “Pero al que le haya pillado con menos años trabajados le ha hecho polvo”, lamenta.

Ahora ella vuelve a formar parte de los registros. El 3 de abril solicitó darse de alta. “Ha ido rápido. El 15 recibí la notificación de la Tesorería informando de que estaba tramitada. El convenio en papel me llegó la semana pasada y ya he entregado todo”, relata.

Prestaciones estructurales

Aunque las prestaciones por cuidados en el entorno familiar nacieron como excepcionales, se han consolidado como estructurales. Hace siete años suponían casi la mitad de todas las prestaciones o servicios concedidos (alrededor del 45%). Ahora siguen siendo tres de cada 10 (30,7%) y en cuatro comunidades superan el 50% (Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra). Los colectivos feministas piden que se potencien los servicios porque la elevada concesión de prestaciones por cuidados familiares penaliza a las mujeres, quienes normalmente se ven obligadas a renunciar a su vida profesional para atender a sus familiares.

Actualmente, más de 409.000 dependientes reciben esta prestación y solo cotizan 16.695 cuidadores. El Ejecutivo espera que las altas sigan aumentando. “Hay que insistir en que las comunidades autónomas y los servicios sociales de los Ayuntamientos den una explicación formal a los ciudadanos, que se enteren de que tienen ese derecho. No todos están al tanto de las noticias”, reclama José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, expertos en el sector. “En abril no se hizo porque el Gobierno estaba en precampaña. Ahora lo están las comunidades”, lamenta.

Jerez precisa que el trámite es sencillo: además del formulario, solo es necesario presentar el Programa Individual de Atención, según el cual se reconoce la prestación, y los DNI del dependiente y del cuidador. El Estado ha asumido de oficio el pago de las cuotas de los 7.000 ya dados de alta cuando entró en vigor el real decreto ley. Quienes no lo estén, aún disponen de dos meses para pedirlo y que sus efectos computen desde el 1 de abril. Después del 30 de junio, las solicitudes tendrán efecto a partir de la fecha de suscripción al convenio.

“La recuperación del pago de las cotizaciones es cuestión de justicia”, indica Ramírez. La medida ha supuesto un desembolso de 315 millones de euros que ya venían contemplados en los fallidos Presupuestos para 2019, que Pedro Sánchez no logró que el Parlamento aprobara y que abocaron a las elecciones del 28 de abril. En la partida para dependencia se incluía una inyección de otros 515 millones para la financiación del sistema que tanto Jerez como Ramírez reclaman que se haga efectiva. “Hay que exigir que el Congreso acabe con los demás recortes. Ya hay consenso. Todos los partidos menos el PP y el PNV lo acordaron al firmar el pacto de Estado por la dependencia”, reivindica Ramírez.