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Vox pide a la Junta andaluza los nombres de trabajadores contra la violencia de género

La formación de extrema derecha alega que muchos de esos empleados no tienen capacidad suficiente para ejercer

Francisco Serrano, el pasado enero en el Parlamento andaluz. En vídeo, Susana Díaz (PSOE) critica la solicitud de Vox.

El diputado de Vox Francisco Serrano ha registrado en el Parlamento andaluz una petición para que el Gobierno de la comunidad entregue la relación de todos los trabajadores, con sus nombres y apellidos, de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. Se trataría de empleados en equipos psicosociales de los juzgados de Familia y de Menores que evalúan el riesgo que sufren las víctimas de la violencia machista, la posibilidad de reincidencia del agresor y quién debe tener la custodia del menor. Serrano ha pedido que se le facilite el número de colegiados de sus respectivos colegios profesionales, “si estuvieran dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses” que prestan o han prestado servicios en esos departamentos entre 2012 y 2019.

“Nos han llegado denuncias de afectados que aseguran que estos trabajadores no cuentan con las capacitaciones necesarias para ejercer sus funciones en materia de violencia de género o de decisión sobre las custodias de los menores y de que, en algunos casos no están ni siquiera colegiados”, explican desde Vox sobre esta petición, que este viernes adelantó Abc.

Durante su etapa como juez de Familia, primero, y luego como abogado, Serrano ha cuestionado reiteradamente la capacidad y efectividad de estos departamentos, a los que ha acusado de perjudicar a los menores en la concesión de las custodias. El diputado ha escrito en las redes sociales: “Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”.

Las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género dependen de los Institutos de Medicina Legal, adscritos a Justicia, una cartera que en Andalucía ha quedado en manos de Ciudadanos, en concreto del vicepresidente de la Junta, Juan Marín. El dirigente aseguró este viernes que “en absoluto” peligran esas plantillas de trabajadores e insistió en que Vox “no va a conseguir que Ciudadanos se mueva ni un milímetro de sus posiciones en materia de violencia de género”. La consejera de Igualdad, Rocío García, también de Ciudadanos, ha reiterado en ocasiones que tampoco peligran las subvenciones a organismos de igualdad, muy atacados también por Vox.

Cursada la petición, ahora será la Mesa del Parlamento, en la que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox tienen mayoría, la que determinará si solicita esa información al Gobierno. “El letrado mayor deberá estudiar si la solicitud es pertinente y no va contra la ley de protección de datos”, señalan desde la Cámara.

Borja Adsuara, experto en protección de datos, explica que un parlamentario tiene derecho a pedir y a que se le den los datos de trabajadores públicos “para ejercer su función de fiscalización”. “El uso que se haga después de esos datos puede incurrir en delito o no, pero la petición es legítima y la Administración no puede prejuzgar si lo hará bien o mal”, dice. Y recuerda, asimismo, que la Ley de Protección de Datos convive con la Ley de Transparencia.

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, justificó esta petición en la necesidad “de fiscalizar el destino de las ayudas y fondos recibidos en los últimos años” por distintos organismos. Un tuit del partido añadía este viernes que desean saber si esos trabajadores “están realmente cualificados o son meros agentes políticos de la izquierda dedicados a potenciar la industria de género”.

El PP se posiciona con Ciudadanos en cuanto a violencia de género. “No se van a coartar las disposiciones ni se va a dar un paso atrás”, aseguró este viernes Toni Marí, vicesecretario del partido en Andalucía. La expresidenta Susana Díaz (PSOE) ha equiparado la solicitud de Vox de “depurar a trabajadores sociales de la Junta” con “las listas negras de hace 40 años”.

Rechazo al aborto

Entre las 100 propuestas del programa electoral de Vox se incluye la derogación de la Ley de Violencia de Género “y de toda norma que discrimine a un sexo de otro”, el rechazo al aborto financiado por la sanidad pública o las listas paritarias de los partidos.

Serrano —inhabilitado en 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por prevaricar al modificar a favor del padre un turno de visita de un menor en un caso de divorcio— ya ha dicho que no renunciarán a eliminar la ley de violencia de género. Ese es uno de los principales puntos de fricción entre Ciudadanos, socio de Gobierno del PP en la Junta, y Vox, valedor del bipartito.

Las unidades de valoración andaluzas atendieron el primer semestre de 2018 un total de 7.257 actuaciones en Andalucía, según datos de la anterior Consejería de Justicia e Interior. El funcionamiento de estos organismos está muy cuestionado en todas las autonomías por la falta de homogeneidad en su estructura organizativa. Andalucía no es una excepción. Asociaciones de mujeres, abogados e incluso trabajadores de las propias unidades han criticado la sobrecarga de trabajo y las dificultades para ejercer su tarea, al no tener claros los parámetros de actuación por su dependencia de las instrucciones de los jueces.

Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno para la violencia de género y artífice de la puesta en marcha de las primeras unidades en España, advierte de que el control del juez sobre la actuación de los profesionales limita la efectividad de su trabajo y restringe el ámbito de sus funciones: “Funcionan a demanda, según lo que acota el juez, lo que favorece que los informes sean más incompletos”. Sobre la petición de Vox, señala: “¿Por qué no se extiende a los agentes de la policía o Guardia Civil, a los profesionales sanitarios o los equipos de los Ayuntamientos que atienden a las víctimas en primer lugar?”, ironiza.

El Defensor del Pueblo andaluz ya ha reclamado más medios para esos profesionales. 

"Esto puede amedrentar a los profesionales"

El funcionamiento de las unidades de Valoración Integral de Violencia de Género ha sido cuestionado desde casi todas las administraciones autonómicas por la falta de homogeneidad en su estructura organizativa. Andalucía no es una excepción. Asociaciones de mujeres, abogados e incluso trabajadores de las propias unidades han criticado la sobrecarga de trabajo y las dificultades para ejercer su trabajo, al no tener claros los parámetros de actuación por su dependencia de las instrucciones de los jueces.

“La petición de los datos personales de los trabajadores por parte de Vox puede amedrentar a los profesionales por posibles represalias, es innecesario, si se quiere mejorar el sistema hay otras maneras”, señala la abogada sevillana, Amparo Díaz Ramos, quien, sin embargo, está convencida de que ellos "no dejarán de hacer bien su trabajo".

En cuanto a los equipos psicosociales, fue el Defensor del Pueblo andaluz quien reclamó hace unos meses a la Junta la realización de mejoras, entre ellas, una normativa que regule el servicio, los derechos y obligaciones de cada una de las partes así como mayor homogeneidad en los criterios. Desde la entidad se reconoció que las quejas recibidas eran pocas “pero muy relevantes por su incidencia en los procesos judiciales y en la vida de los menores”. El Defensor del Pueblo reclamaba más medios para que los profesionales pudieran ejercer mejor sus tareas, nunca eliminar o purgar a los funcionarios.

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