El Papa disuelve el Sodalicio, poderoso grupo ultraconservador peruano, tras los escándalos de abusos y corrupción económica

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El Papa ha dado un golpe de autoridad y en una decisión de una severidad con pocos precedentes ha ordenado la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), uno de los más poderosos grupos católicos ultraconservadores de América Latina, nacido en Perú en 1971 y extendido por otros países. Un fruto podrido de la Guerra Fría en la evolución religiosa del continente en esos años, como los Legionarios de Cristo de Marcial Maciel, también hundido por un escándalo similar aunque al final sobrevivió como organización, tras renegar de su fundador, bajo el mandato de Benedicto XVI. Pero con el Sodalicio, Francisco ha ido un paso más allá: no hay nada que salvar y queda liquidado. Este grupo tenía otro gurú carismático, Fernando Figari, que se inspiró en la Falange Española para crear un movimiento de soldados cristianos. Estuvo al frente del grupo hasta 2010 y está acusado de abusar sádicamente de menores y adultos. La organización ha admitido ya 67 víctimas de abusos, pero no ha reconocido otras muchas, que se estiman al menos en un centenar.

La supresión llega 25 años después de las primeras denuncias de víctimas y a los diez años de las revelaciones periodísticas que destaparon definitivamente el escándalo. Tras una investigación del Vaticano que ha constatado abusos de menores, rasgos de secta y una vasta trama financiera, dirigida por la mano derecha de Figari, el sacerdote Jaime Baertl, también ya expulsado. El Sodalicio levantó un imperio empresarial cifrado en unos 1.000 millones de dólares por investigaciones periodísticas, con inversiones en el sector inmobiliario, industrial, minería, colegios y sanidad, y con un presunto sistema de blanqueo de dinero a través de paraísos fiscales de Panamá e Islas Vírgenes.

Fue posible gracias al concordato de Perú con la Santa Sede de 1980 y a un polémico informe canónico que permitió al Sodalicio declarar como misiones sus cementerios privados, y por tanto exentos de impuestos, y empezar a amasar una fortuna. Ese informe lo firmó el entonces arzobispo de Tarragona, Luis Martínez Sistach, luego arzobispo de Barcelona y cardenal. Una de las tareas pendientes a partir de ahora, precisamente, será recuperar el dinero de la organización y atender las reclamaciones de las víctimas que no han recibido indemnizaciones mientras la organización mantiene un enorme patrimonio oculto.

El propio Sodalicio ha hecho pública la medida, hoy lunes, en un extraño comunicado, aunque era reservada y a última hora del lunes no había un anuncio oficial desde la Santa Sede. En todo caso, fuentes vaticanas confirman a EL PAÍS la decisión del Papa, que ha nombrado un comisario que se encargará del proceso de supresión, el sacerdote español Jordi Bertomeu, del dicasterio de Doctrina de la Fe. Fue el enviado por Francisco a Perú a investigar el caso en el verano de 2023, junto al maltés Charles Scicluna, y el responsable de indagar en otros graves escándalos de pederastia, como el del sacerdote Fernando Karadima y otros en Chile, que acabó con la renuncia de todos los obispos del país en 2018.

La cúpula del Sodalicio está reunida estos días en una asamblea general en Aparecida, Brasil, para intentar salvar in extremis la organización con una reforma. Desde allí precisamente ha difundido su comunicado para salir al paso de una información de un medio digital, Infovaticana, al que se le filtró la noticia desde la propia asamblea. La organización señala que ha expulsado de la asamblea a los dos sodálites ―nombre que reciben sus miembros― responsables de la filtración. Es decir, al final se ha precipitado de forma chapucera el anuncio del final del Sodalicio, un final que, de todos modos, estaba ya en el aire desde hace meses. El Papa había expulsado en agosto a Figari y en septiembre, a otros doce responsables, entre ellos a Baertl y al arzobispo emérito de Piura, José Antonio Eguren.

La organización intentó maniobrar hasta el final para salvarse con una denuncia en los tribunales y una campaña de desprestigio contra el propio enviado del Vaticano, Jordi Bertomeu, al que llegaron a acusar de manipular al Papa en su contra y tenerle mal informado. El desenlace del asunto confirma que Francisco no les hizo mucho caso.

También sufrieron acoso judicial y mediático Paola Ugaz y Pedro Salinas, los dos periodistas peruanos que destaparon el caso en 2015 con su libro Mitad monjes, mitad soldados. “No teníamos idea que al iniciar esta historia íbamos a poner en riesgo nuestra vida, la de nuestras familias y en los últimos tiempos, nuestra libertad, en base a campañas de desinformación”, explica Ugaz a este diario tras conocer la noticia.

El Vaticano y el arzobispado de Lima, dirigido entonces por Juan Luis Cipriani, del Opus Dei, desoyeron durante años las denuncias de las víctimas. Incluso cuando una de ellas era un obispo, Kay Schmalhausen, exmiembro del Sodalicio que el pasado mes de diciembre publicó un relato demoledor sobre su caso, contando cómo a pesar de su cargo nadie le quiso oír en la Santa Sede. La situación solo cambió cuando los dos reporteros se reunieron en 2022 con Francisco, que finalmente envió la misión de investigación de Bertomeu y Scicluna. “Esto hizo toda la diferencia, es invalorable lo que hicieron al valorar los testimonios y revisar las pesquisas del mal manejo del dinero que enriqueció a la organización. Es una historia donde hubo crimen y ahora hay castigo. Hay muchos cómplices en el país que hicieron que por más de 50 años no les pasara nada y se persiguiera a los que los denunciaban”, dice Ugaz. Acusa de mirar para otro lado a casi todos los obispos de la Conferencia Episcopal, salvo excepciones como Robert Prevost, Carlos Castillo, Pedro Barreto y Reynaldo Nann. “Esperemos que gracias a esta supresión el Perú sea un país menos corrupto”, concluye Ugaz.

Por su parte, Pedro Salinas considera que “finalmente, la verdad se impuso, se hizo justicia desde el Vaticano, y solo queda pendiente la reparación de las víctimas y sobrevivientes de esta organización sectaria y de características mafiosas”. “Algunos de los disueltos ya están amenazando abiertamente con represalias contra monseñor Bertomeu y los periodistas que destaparon los escándalos, lo que evidencia, incluso en los últimos estertores, en sus 53 años de tóxica existencia, que jamás cambiaron su naturaleza abusiva y arrogante y totalmente alejada de los valores religiosos”. Según Salinas, el Papa Francisco y Simona Brambilla, la nueva responsable del Dicasterio para la Vida Consagrada, que también ha impulsado la disolución del Sodalicio y ha apoyado a los periodistas, “dejan una importante lección para este tipo de instituciones de fachada religiosa: la impunidad no es eterna”.

El actual arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, ya pidió la disolución del Sodalicio en un artículo publicado el pasado 19 octubre en EL PAÍS, con el título El Sodalicio, un experimento fallido de la guerra fría en Latinoamérica. Empleó palabras excepcionalmente duras: “Mi hipótesis es que el Sodalicio obedece a un proyecto político. Es la resurrección del fascismo en América Latina, usando arteramente la Iglesia, mediante métodos sectarios (...) ha sido una máquina destructora de personas, inventado una fe que encubre sus delitos y su ambición de dominio político y económico. No hay nada espontáneo en sus miembros. No hay libertad y sin ella no hay fe. Como experimento fallido, debería ser suprimido por la Iglesia”.