El Defensor del Pueblo Andaluz pide a la Junta que informe sobre el incumplimiento del pacto de atención primaria

“Cuando se acude al Defensor del Pueblo es que las cosas tienen mal arreglo”. Así resume Victorino Girela, el responsable del área de Sanidad de Csif Andalucía la reunión que este mediodía han mantenido los representantes de las cuatro organizaciones de trabajadores del sector sanitario de este territorio -UGT, CC OO, Satse y Csif- con Ramiro Maeztu, el responsable de esa institución en la comunidad, para denunciar el incumplimiento de la Junta de Andalucía del pacto para la atención primaria que ambas partes firmaron el 22 de mayo de 2023. El Defensor les ha informado de que ya ha iniciado la intervención para que la administración detalle la situación de esos acuerdos, según han comunicado los sindicatos y han corroborado a este diario fuentes de la defensoría.

El acuerdo para la atención primaria se firmó in extremis entre la entonces consejera de Salud, Catalina García, y cuatro de los cinco sindicatos que integran la mesa de negociación con la Junta -el Sindicato Médico Andaluz se desvinculó del pacto por considerar que no beneficiaba a esos profesionales sanitarios-, para evitar una convocatoria de huelga en vísperas de las pasadas elecciones municipales. De hecho, el documento se firmó el 22 de mayo, apenas una semana antes de la celebración de esos comicios. “Fue un acuerdo electoral con voluntad de engañar”, sostiene ahora el representante de CC OO Andalucía, Luis González.

Fruto del tira y afloja con el Gobierno de Moreno, los cuatro sindicatos lograron que su Ejecutivo retirara de la orden de tarificación la posibilidad de concertar la atención primaria -una iniciativa que había provocado concentraciones semanales por parte de las organizaciones de trabajadores y colectivos sociales en protesta por la privatización de esa prestación sanitaria-. En los 20 puntos del pacto también consiguieron el compromiso de la Junta de destinar el 25% del presupuesto sanitario a la atención primaria; acortar las agendas de los profesionales a 35 y 25 pacientes para médicos y pediatras; regular las continuidades asistenciales —consultas por la tarde para aligerar las listas de espera―; incentivar los puestos de difícil cobertura incrementando, entre otras medidas, en 150 euros el salario de médicos y enfermeras; y un aumento de las plantillas de los distintos profesionales sanitarios, desde administrativos, hasta enfermeras, pasando por fisioterapeutas, logopedas o trabajadoras sociales. Los acuerdos incluían otro de los grandes logros para las organizaciones de trabajadores, el pacto por la carrera profesional para mejorar el acceso a la carrera profesional de los trabajadores del SAS, que favorecía el ascenso de categoría en función de los años trabajando y una mejora de la retribución salarial.

Más de dos años después, la mayor parte de todos esos compromisos -estipulados en 20 puntos- no se han cumplido, de acuerdo con los sindicatos. “El 50% de las medidas debían haberse ejecutado a mediados de junio del año pasado, pero es que a 31 de diciembre, no se han firmado la mayoría de las contrataciones y muchas de las retribuciones”, advierte José Sánchez, presidente del sindicato de enfermería Satse, que pone el ejemplo de las 411 enfermeras de familia y comunitarias que se incluían en el pacto: “Faltan más de 200 por contratar”. “Nos sentimos estafados”, abunda.

Los presupuestos andaluces sí destinan un 35% de las partidas de Sanidad para atención primaria, pero el propio Moreno instó el pasado mes de noviembre a una revisión de la ratio de 35 pacientes diarios en las consultas de los médicos de atención primaria porque, sostuvo, “no ha funcionado, en función de la propia acumulación de pacientes y el malestar del usuario” y pidió “darle una vuelta” al sistema “conjuntamente con el resto de profesionales”. Semanas después anunciaba nuevas medidas para reducir el caos en los cetros de salud, entre ellas la obligatoriedad de que los pacientes sean atendidos a las 72 horas de solicitar una cita, aunque sea telefónicamente y por un médico de un distrito o una provincia distinta. Iniciativas que también fueron rechazadas por los sindicatos que, insistieron en demandar la ejecución del pacto.

Entre la falta de compromiso de la Junta, la que más irrita es el incumplimiento del acuerdo por la carrera profesional. “La nueva consejera [que tomó posesión a finales de julio] nos ha trasladado que ella no suscribió esos acuerdos y que no se responsabiliza porque no contaban con la autorización de la Consejería de Hacienda”, afirma Antonio Macías, secretario general de la federación de Sanidad de UGT-A. “Cuando firmamos entendimos que tenían el aval de Hacienda, si no es así, se trata de un acto de mala fe”, abunda González. Ese acuerdo por la carrera profesional fue rubricado en la Mesa Sectorial de Sanidad el 27 de diciembre de 2023 y aún no se ha llevado a Consejo de Gobierno para su aprobación, una demora que, a juicio de los sindicatos, es “inaceptable”.

“El incumplimiento repercute en la calidad asistencial y en el bienestar de los profesionales sanitarios, porque falta personal y el pacto garantizaba mayor dotación y mejores condiciones de trabajo, si eso no se da, la atención no puede ser la óptima”, sostiene Girela. “La Junta trasladó la sensación de que ese pacto era un logro, y ahora han demostrado que no les interesa”, añade.

Los representantes sindicales acudían al encuentro con el Defensor con la expectativa de visibilizar su irritación ante “la falta de voluntad negociadora” del Gobierno de Moreno, pero se han encontrado con una actitud mucho más proactiva, frente al silencio que han recibido por parte de la administración. “Se le ha pedido al presidente de la Junta y al consejero de Función Pública una cita para aclararles y explicarles, no lo que nosotros pedimos u opinamos, sino lo que dice un pacto y ni siquiera nos han contestado”, ha indicado Sánchez, a la salida de la reunión. En encuentro con Maeztu fue solicitado el pasado mes de diciembre y fue entonces cuando se dio trámite a las quejas por el incumplimiento de los acuerdos presentadas por los sindicatos, corroboran fuentes de la oficina del Defensor. Este lunes han podido ahondar con él en el alcance de la falta de compromiso por parte de la Junta.

Los sindicatos ya manifestaron su rechazo por la inobservancia de la administración de los pactos suscritos con un paro general de tres horas en todos los centros hospitalarios y sanitarios andaluces el pasado 26 de junio. Hasta entonces, la mesa de seguimiento solo se había reunido una vez. Poco más de un mes después, la entonces consejera de Salud era sustituida por la actual, Rocío Hernández, que mantuvo con los representantes de los trabajadores otro encuentro el 18 de noviembre.

La inacción ha provocado que las organizaciones retomen las movilizaciones. La reunión con el Defensor forma parte de una nueva ofensiva que pasa por encierros semanales (la semana pasada fue en Málaga y mañana será Jaén) en centros hospitalarios que terminarán a mediados de marzo en Sevilla y la recogida de firmas demandando el cumplimiento de los acuerdos. “Este conflicto se está alargando y no vanos a parar hasta que no se cumpla lo pactado”, advierte Sánchez.