La Junta de Andalucía renuncia a la concertación de la atención primaria para arrancar el pacto con los sindicatos

Era una línea roja que los sindicatos habían exigido a la Junta de Andalucía para sellar cualquier pacto sobre la atención primaria: eliminar la concertación de esa prestación con la sanidad privada de la orden de tarificación, que la Consejería de Salud aprobó el 2 de marzo de este año. Y en la sexta reunión, a poco más de una semana de las elecciones municipales, la administración ha renunciado a esa medida para poder arrancar un acuerdo con los sindicatos —UGT, CC OO, Csif y Satse― que se suscribirá el próximo 22 de mayo, del que, no obstante, se ha desvinculado el Sindicato Médico Andaluz, que aglutina al 98% de los profesionales de esa especialidad, por considerar que las propuestas no van a mejorar la atención primara por desatender al colectivo de cuyo funcionamiento depende mayoritariamente.

El acuerdo también garantiza destinar el 25% del presupuesto sanitario a la atención primaria; acortar las agendas de los profesionales a 35 y 25 pacientes para médicos y pediatras; regular las continuidades asistenciales —consultas por la tarde para aligerar las listas de espera―; incentivar los puestos de difícil cobertura incrementando, entre otras medidas, en 150 euros el salario de médicos y enfermeras; un aumento de la plantilla en personal de gestión (411 administrativos) para desburocratizar las consultas; impulsar las plantillas de enfermeras consolidando los actuales puestos eventuales en las categorías de enfermeras comunitarias y referentes de centros educativos (411), enfermeras gestoras de casos (91) y trabajadoras sociales (48); el aumento de la cartera de servicio con fisioterapeutas (570), terapeutas ocupacionales (200) y logopedas (120); unificar y equiparar los servicios de urgencias en atención primaria en toda la comunidad y potenciar la presencia de matronas y la salud mental en los centros de salud.

Otra de las iniciativas que más destacan las fuentes sindicales consultadas presentes en la reunión es el pacto para mejorar el acceso a la carrera profesional de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), favoreciendo el ascenso de categoría en función de los años trabajando y recibiendo un porcentaje sobre el 100% salarial que se obtendría si se asciende por la acreditación de calidad, que es el único procedimiento que se admitía ahora. “Esto permite fidelizar y atraer a profesionales que se encuentran en otras comunidades”, explica Victoriano Gírela, responsable de Sanidad de Csif Andalucía

En el acuerdo que se firmará el próximo 22 deben incluirse matices que han solicitado las cuatro organizaciones sindicales que se han avenido a firmarlo. “Nos dejamos cosas en el tintero”, reconoce José Sánchez, secretario general de SATSE en la comunidad. Los sindicatos han conseguido adelantar las incorporaciones de las nuevas categorías para finales de 2024, frente a la primera propuesta de la Junta de irlas escalonando hasta 2026 y también han obtenido la garantía, por parte de la Consejería de Salud, de que todas las medidas cuentan con el aval de Hacienda para poderlas hacer efectivas el próximo año, según ha señalado Antonio Macías, secretario general de UGT en Andalucía. Aunque todos admiten que al final dependen de un “acto de fe”, también coinciden en que es un acuerdo “histórico”. “Es francamente positivo y desarrolla el Pacto por el Impulso Económico y Social con elementos muy favorables”, abunda Luis Gómez, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Sociosanitarios de CC OO-A.

La derivación de la atención primaria con la que no estaba de acuerdo Moreno

Pero sin duda, el logro que más se destaca es de haber logrado que la Consejería de Salud renuncie a incluir la atención primaria en la orden de tarificación. La posibilidad de concertar ese servicio esencial con las clínicas privadas a un precio de 65 euros la consulta exacerbó los ánimos del colectivo médico que protagonizó concentraciones semanales y manifestaciones multitudinarias en contra de esa medida. El Ejecutivo andaluz insistió, en un primer momento, en que no era su intención privatizar esa prestación e incluso llegó a decir que esa medida ya se adoptaba en otras comunidades gobernadas por el PSOE o que incluso el Gobierno socialista de la Junta ya había cuantificado ese servicio, en realidad se trataba del precio que se ponía a las consultas para los funcionarios públicos que renunciaban a ir al médico de cabecera de su seguro y optaban por la Seguridad Social.

La presión sindical y política —y el propio malestar y desconcierto entre los militantes del PP― forzó a la Junta a una primera rectificación una semana después de que la orden se publicara en el BOJA, para concretar en qué circunstancias se podría derivar a la privada esa prestación:”en aquellas situaciones en que la cobertura prestación relacionada con las garantías establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente en períodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias”. Un enunciado que no satisfizo a nadie por lo genérico y que se volvió a cercenar una semana después en el Pacto por el Impulso Social y Económico de Andalucía, firmado entre el Gobierno andaluz, la patronal y UGT y CC OO, donde se circunscribía a “situaciones de excepcionalidad”. En ese macroacuerdo también se eliminaba otra mención polémica de la orden por la que se permitía que los médicos privados pudieran utilizar las instalaciones del Servicio Andaluz de Salud.

La inclusión de la atención primaria en la orden de tarificación sorprendió hasta al propio presidente de la Junta que, de acuerdo con fuentes cercanas al dirigente popular, ignoraba que su consejera de Salud había incluido esa prestación en la norma y que le había puesto precio, informa Lourdes Lucio. Esas mismas fuentes sostienen que la posibilidad de derivar pacientes a la privada provocó cierto desconcierto en el PP andaluz, que vio cómo a atención, que hasta entonces estaba centrada en las protestas sanitarias en la Comunidad de Madrid, viraba a Andalucía.

El entorno del presidente Moreno no oculta que su principal preocupación es la percepción que los ciudadanos tienen de la sanidad pública andaluza hasta el punto de que, en cierta medida, han saludado la polémica sobre Doñana porque ha permitido minimizar los problemas sanitarios y el caos en la atención primaria. La firma del acuerdo en plena campaña electoral es un balón de oxígeno que permite al PP y a su líder regional reforzar su perfil moderado, capaz de llegar a acuerdos.

Acuerdo en la última semana de campaña

Las organizaciones sindicales también estaban interesadas en forzar el acuerdo antes de las elecciones municipales para garantizarse el compromiso de la Junta sin estar condicionado a los resultados electorales. UGT y CC OO son conscientes de que dejan sin una de las principales bazas electorales a los partidos de izquierda, pero inciden en que en esta lucha se han encontrado “prácticamente solos”. “Las reuniones con nosotros se han producido demasiado tarde y no vamos a renunciar a medidas que son buenas para los ciudadanos y los profesionales sanitarios por tacticismo político”, sostiene Macías. “Hay muchos argumentos que si no se firmaban ahora no iban a salir el 29 de mayo”, abunda González. “Nosotros trabajamos para conseguir mejoras para nuestros trabajadores, no se nos puede responsabilizar de que el PP haya conseguido la mayoría absoluta por la desunión de las izquierdas”, abunda.

El hecho de que el SMA se desvincule del acuerdo desvirtúa lo que el resto de organizaciones sindicales consideran un buen pacto. Su presidente, Rafael Carrasco, es consciente de que van a quedar señalados, pero es rotundo. “Somos el colectivo esencial para los ciudadanos que acuden a la atención primaria y seguimos siendo los peor pagados de España y, por tanto de Europa”. Carrasco sostiene que las propuestas planteadas “no van a mejorar la atención primaria porque no abordan el problema fundamental que es la falta de médicos. “No hay alicientes retributivos, se nos dice que para los médicos no hay dinero, pero luego amplían plazas para otras categorías”, indica para advertir sobre el hecho de que ninguna de las medidas cuenta con una adenda presupuestaria.

El SMA ha sido la organización más beligerante de todas las que han participado en la negociación. Comenzó el año amagando con una huelga que desconvocó tras arrancar de la Junta y de manera unilateral el acuerdo para reducir las agendas de los médicos y que, precisamente por no haber sido pactado por el resto de sindicatos, nunca se aprobó en mesa sindical. Tres meses después, tras constatar que Salud no había movido un dedo para ponerlo en práctica, convocó huelgas semanales todos los miércoles hasta el 28-M, con escaso seguimiento. Por el camino también ha perdido la mejora salarial de casi 500 euros solo para su categoría, que la Junta propuso en los primeros encuentros y que también contó con la oposición del resto de organizaciones que querían hacerla extensiva al resto de profesionales. La administración dejó de incorporar esa subida en los puntos de la negociación. “Eso demuestra cuál es la intención de esta administración”, subraya Carrasco.