Los sindicatos fuerzan a Andalucía a retroceder y limita más la orden para establecer tarifas en la atención primaria

La publicación de la orden de tarificación que establecía por primera vez la posibilidad de concertar la atención primaria en Andalucía y que abría las puertas a que los hospitales públicos pudieran ser utilizados por personal de la sanidad privada se ha convertido en una china en el holgado zapato del Gobierno de mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno, que no solo ha tenido que lidiar contra la indignación de la oposición política y de los sindicatos —en plena negociación para consensuar un plan para revertir el colapso en ese servicio sanitario esencial―, sino con el desconcierto de sus propios votantes, que se han acercado hasta las sedes del PP a preguntar si de verdad iban a tener que pagar por que les viera su médico de cabecera, según reconcoen fuentes de la formación.

Una semana después de su publicación, la Junta incluía una modificación en la orden en la que se concretaba en qué casos se podría concertar esa atención primaria: “En aquellas situaciones en que la cobertura prestacional relacionada con las garantías establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias”. Desde el Gobierno andaluz, se incidió en que la aclaración —impulsada por el propio Moreno― se realizaba para acallar los bulos sobre la privatización de esa prestación lanzados por el PSOE, pero no satisfizo a nadie por entender que la referencia a “períodos coyunturales” era un cajón desastre que podía incluir epidemias de gripe, falta de médicos en centros rurales o la escasez de médicos en el verano. Los sindicatos también exigían que se eliminara cualquier referencia a que la administración “podrá determinar las tarifas para la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, haciendo constar las razones objetivas que lo motivan”, una redacción que llevaba a pensar que las empresas privadas adjudicatarias de los conciertos o sus profesionales podrían utilizar las instalaciones del SAS.

Finalmente, ambas menciones serán eliminadas de la orden. Era una exigencia de UGT y CC OO para poder firmar el ambicioso acuerdo social y económico con la patronal andaluza (la Confederación de Empresarios de Anadalucía (CEA) y el Gobierno andaluz, que se ha presentado este lunes, en el que uno de los puntos esenciales es el Pacto por la Atención Primaria. Un compromiso que blinda que al menos el 25% del presupuesto del sistema sanitario se destine exclusivamente a este servicio, lo que equivale a 3.370 millones de euros. Al margen de ese marco concreto, el acuerdo general incluye también la obligación de desarrollar líneas de mejora en la atención a la salud; que se garantice un incremento en las inversiones necesarias en la sanidad pública para llegar a la media estatal; disminuir las listas de espera o fidelizar a los profesionales sanitarios que se han formado en la comunidad. “Los servicios públicos se han desgastado por la pandemia, pero también por la acción del Gobierno”, ha subrayado Nuria López, secretaria general de CC OO Andalucía.

Ejemplo frente a Sánchez y Ayuso

Fuentes cercanas al Gobierno de Moreno reconocen que la reformulación de la orden de tarificación, limitando la externalización de la atención primaria a situaciones exclusivamente de emergencia, supone una clara cesión ante los sindicatos, pero es un peaje que están dispuestos a pagar a cambio de poder presentar al dirigente popular como el impulsor del diálogo social en Andalucía en un momento en que las relaciones entre la patronal, las organizaciones de trabajadores y el Gobierno central están muy deterioradas. La foto con las secretarias generales de UGT y CC OO, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente, y el presidente de la CEA, Javier González de Lara, también sirve para marcar diferencias en la forma de gobernar dentro de su propio partido, donde esa imagen parece impensable hoy en día en la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso. “Madrid es Madrid y Andalucía es Andalucía”, subrayó el presidente andaluz en otro claro ejemplo por desvincularse del modelo de hacer política de su compañera de partido en una clara defensa de la ley trans de la región.

“Este acuerdo es ejemplarizante para el resto de España, en un contexto de exaltación política en plena precampaña, y debería ser seguido por otras administraciones e instituciones”, ha recalcado Moreno durante su intervención. “Hemos demostrado un nivel de madurez y búsqueda de objetivos comunes que es digna de elogio”, ha concluido. El acuerdo también incluye ayudas directas a familias con menores a su cargo que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza, un bono carestía de 200 euros para familias cuyos ingresos son inferiores en tres veces al IPREM anual vigente, para paliar los efectos de la actual situación económica, fondos para pymes y autónomos afectados por el incremento del coste de la energía, garantías para préstamos hipotecarios de vivienda adquirida para menores de 35, un plan de empleo juvenil o un paquete especial para luchar contra la siniestralidad laboral. Medidas de carácter urgente todas que tienen su correspondiente asignación presupuestaria comprometida -alrededor de 4.000 millones de euros- para los próximos presupuestos autonómicos.

Junto con estos acuerdos para ejecutar a corto plazo, los agentes sociales y el Gobierno de la Junta se han comprometido a un segundo bloque de acciones que se desarrollarán a lo largo del resto de la legislatura que contemplan un gran pacto por la Formación Profesional, un comité de análisis para el control y ejecución de los fondos europeos, planes para la lucha contra la pobreza infantil, la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a la vivienda, el impulso a políticas industriales, de digitalización de la empresa o un plan de apoyo a la negociación colectiva andaluza…, para los que están comprometidos otros 4.430 millones de euros. “Esto va de arremangarse y de ponerse el mono de trabajo y estar con los problemas de los ciudadanos”, ha señalado Castilla. “Coincidimos en la identificación de las necesidades. Este acuerdo es una respuesta firme, dialogada y comprometida a la realidad económica y social lejana aún de la bonanza económica”, ha abundado Javier González de Lara.

Contratos de emergencia con clínicas privadas prorrogados hasta junio de 2023

Con esta puesta en escena, en la que Moreno ha querido recalcar “el compromiso rotundo” de su Gobierno “con la sanidad pública gratuita y de calidad”, el presidente ha buscado también poner sordina a las críticas de la oposición tras conocerse que la Junta prorrogó contratos con la sanidad privada amparándose la legislación de emergencia aprobada durante la pandemia, pese a que entonces ya estaba derogada. Las decisiones del Gobierno andaluz se basaron en el artículo 120 de la Ley de Contratación de Servicios Públicos (LCSP), que regula los contratos de emergencia; en el Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del covid en Andalucía; y en el Real Decreto Ley 7/2020, aprobado por el Gobierno central por los mismos motivos.

El primer contrato a dedo a 97 clínicas privadas se firmó el 18 de enero de 2021, tal y como adelantó ElDiario.es, por 70 millones de euros y fue prorrogado el 30 de diciembre de 2021 por nueve meses —apelando al citado artículo 120 de la LCSP y al Real Decreto Ley 7/2020, aprobado por el Gobierno central durante el primer estado de alarma, pese a estar derogado desde mayo de 2021―, ampliándose la cuantía hasta los 125,7 millones de euros. El 30 de septiembre de 2022 se volvió a prorrogar por otros nueve meses, por un importe de 234,7 millones de euros. Este acuerdo ha vuelto a ser prorrogado hasta el 30 de junio de 2023 por 22,7 millones, basándose en el artículo 120 de la LCSP. En todos los casos la Consejería de Salud se ampara en la “sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia”.

El PSOE presentará este martes una batería de iniciativas en el Parlamento para que Moreno informe del desvío de esos 117 millones de euros y saber “quién hay detrás de esas adjudicaciones y cuál es la justificación que se da para algo que está al margen de los procedimientos legales”, con “fórmulas de contratación que han seguido llevándose a cabo sin respaldo legal” durante un año y medio, según ha señalado su secretario general en Andalucía, Juan Espadas. Su partido ya llevó a la Fiscalía otros 4.000 contratos exprés de la Junta adjudicados con posterioridad a mayo de 2021. “Pero eran contratos de suministros, mascarillas y contratación de personal, esto es un desvío de fondos a la sanidad privada”, señalan fuentes cercanas a la formación. Por Andaducía también ha considerado que esos contratos pueden suponer un caso de “corrupción por uso fraudulento de la legislación covid”.

La Consejera de Salud, Catalina García, ha insistido a lo largo de todo este lunes en que la ampliación de esos contratos viene avalada por dos informes jurídicos de los servicios de la Junta, cuyas conclusiones ha podido leer este diario. En ellas únicamente se alude a que el marco que justifica la situación de emergencia viene recogido en el artículo 120 de la LCSP, sin aludir en ningún caso a los decretos de emergencia del covid de la Junta y del Gobierno, y justifica la ampliación en el artículo 29.4 de esa misma ley, para indicar que “resulta razonable y proporcionada” la “continuidad de la prestación del servicio de asistencia complementaria” y que debe fijarse en nueve meses —el plazo máximo que estipula ese apartado―. “Una cosa es el estado de alarma generado por el covid y otra la situación de emergencia generada por este motivo”, indican fuentes del Gobierno de la Junta consultadas. García ha señalado que esas situaciones aún siguen arrastrándose en la actualidad.

“Con el covid se usaron mucho los contratos amparados en el artículo 120, pero lo que habría que dilucidar es cómo se justifica esa necesidad de emergencia en un contexto como el 2021 y sobre todo 2022, cuando lo peor de la pandemia ya había pasado, para que no dé la sensación de que la Administración se había acostumbrado a externalizar esas prestaciones”, advierte Roberto Galán, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. Unas dudas que también ostenta Joan Carles March, exdirector de la Escuela de Salud Pública Andaluza. “La afectación del sistema sanitario fue evidente durante la pandemia Se podría entender contratar durante 2021 para revertir la situación de colapso anterior, aunque el estado de alarma hubiera ddecaido en el verano de 2020, pero desde 2022 no tiene sentido”, máxime cuando la comunidad no fue de las más afectadas por la pandemia, explica.

March también llama la atención sobre las especialidades incluidas en los contratos, donde entre los procedimientos quirúrgicos incluidos hay desde la agiología y cirugía vascular y cardiovascular, pasando por cirugía plástica, dermatología, oftalmología o cirugía ortopédica. “No todos son procedimientos urgentes. Los angiovasculares, los cardiovasculares o los oncológicos sí podrían tener sentido porque la pandemia afectó de manera clara a todo lo angiovascular, pero da la sensación de que como se tiene la oportunidad se incluyó todo”.