El Gobierno andaluz deroga la norma con la que adjudicó más de 21.600 contratos por la vía de emergencia

La Junta de Andalucía ha decidido derogar parcialmente la norma que le ha otorgado cobertura jurídica para firmar miles de contratos de emergencia de bienes, servicios y suministros “para luchar contra los efectos del coronavirus” a través de procedimientos excepcionales que agilizaban los trámites, pero a costa de menos controles. El Ejecutivo andaluz adopta esta medida una semana después de que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, defendiera la transparencia y viabilidad de ese mecanismo de contratación exprés tras las críticas del PSOE, que ha cuestionado la discrecionalidad y su duración, más allá de mayo de 2021, cuando el Gobierno de España determinó que las condiciones de mercado que habían justificado ese modelo de contratación excepcional habían desaparecido.

Gracias a este sistema de contratación extraordinaria, reconocido en el artículo 9 del Decreto Ley 3/2020, de 16 de marzo, que se estableció en el arranque de la pandemia, cuando en los mercados internacionales escaseaban los productos sanitarios y de protección básicos para hacer frente a la covid-19, la Junta ha firmado entre 2020 y 2022 21.668 contratos de emergencia por valor de 1.600 millones de euros, de acuerdo con los datos facilitados por el consejero de Hacienda. La mayoría se firmaron para la adquisición de material y servicios a cargo del Sistema Andaluz de Salud (SAS), el ente que más ha recurrido a este mecanismo exprés, pero todas las consejerías han hecho uso del mismo.

La mayoría, 17.472, por un valor de 979,8 millones, se corresponde a 2020, de los que el “90% fueron menores”, de acuerdo con un estudio de la Cámara de Cuentas. En 2021 se suscribieron 4.124 con un coste de 502,7 millones de euros, un 84% suscritos por el SAS. En lo que llevamos de 2022 se han autorizado una decena por un importe de 16 millones de euros. Ocho de ellos están relacionados con la adquisición de test de antígenos y material sanitario, otro con obras de ampliación del Hospital Marítimo de Torremolinos. Los más de 21.600 contratos “han ido al Consejo de Gobierno”, aclaró Bravo. En la Comunidad de Madrid, una de las más azotadas durante la pandemia, en 2020 se firmaron 4.400 contratos exprés, informa Juan José Mateo.

La Junta considera que “en la situación sanitaria actual han dejado de concurrir las razones que en su momento hicieron necesaria la aprobación de medidas excepcionales”, si bien, el 18 de junio del año pasado, la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda advirtió en unas instrucciones al resto de departamentos de la administración autonómica de que este tipo de contrataciones de emergencia debían tener “carácter excepcional y residual” y que las razones debían estar motivadas.

El PSOE de Andalucía considera que la supresión de los contratos de emergencia es una suerte de rectificación por parte del Consejo de Gobierno. “Le hemos pillado”, ha dicho la portavoz del grupo socialista, Ángeles Férriz, este miércoles. El grupo socialista ha registrado hoy en el Parlamento solicitudes de información a cada una de las 11 consejerías de todos los contratos de emergencia firmados en 2020, 2021 y hasta la fecha.

El PSOE reclama “detalles del órgano contratador, la fecha, el importe, la justificación e informe de emergencia, la forma de pago, la motivación de urgencia y la persona o entidad adjudicataria”. Según Férriz, “hay un riesgo de mal uso de fondos públicos o de aprovechamiento ilícito de alguien”. Los socialistas también han registrado una iniciativa para que la Cámara de Cuentas extienda a 2021 los trabajos de fiscalización de estos contratos. La Cámara solo tiene previsto en su plan de trabajo los firmados en 2020.

Los socialistas manifestaron la semana pasada “sus sospechas” por lo que consideran “un abuso consciente” de este tipo de contratación especial “con el ánimo de eludir los controles de la legislación en materia de contratación pública”, según aseguró el diputado socialista Mario Jiménez. El parlamentario no vertió ninguna acusación concreta, aunque aludió al contrato de suministro firmado por la Comunidad de Madrid y una empresa vinculada al hermano de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, pero sí advirtió de que su partido iba a investigar toda la contratación de emergencia de la Junta.

Convocatorias exprés anuladas por el TSJA

Este no es el único mecanismo de contratación especial empleado por la Junta a cuenta de la pandemia que ha generado suspicacias. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía fue anulando a lo largo de estos años todas las convocatorias exprés de empleo público convocadas por el Gobierno andaluz por considerarlas inconstitucionales. La decisión del alto tribunal andaluz, confirmada en casi medio centenar de sentencias, obligó al Ejecutivo a suspender este sistema de acceso a puestos de trabajo en la función pública, por el que se contrató a unas mil personas que, además, se vieron expulsadas, también por una decisión judicial, de las bolsas de interinos a las que accedieron en virtud de esos contratos.

Estas convocatorias exprés que ideó la Junta estuvieron envueltas en polémica desde el principio. Una vez que se agotaban las bolsas específicas, la administración anunciaba una oferta pública que expiraba en 24 horas. Las plazas se adjudicaban por riguroso orden de presentación de la solicitud y en las condiciones de acceso se excluían a mujeres embarazadas o en período de lactancia, a los mayores de 60 años y a quienes sufrieran un determinado tipo de enfermedades, como la diabetes o la hipertensión, aduciendo que eran personas de riesgo debido a la pandemia.

La Junta defendió este sistema de selección, amparándose en que estaba avalado por un acuerdo suscrito en el arranque de la pandemia con los sindicatos para articular un procedimiento que agilizara los trámites para la contratación de interinos y personal temporal en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por la covid. Sin embargo, las más de mil plazas ofertadas a través de estas convocatorias exprés excedían el ámbito de esa emergencia sanitaria, ya que se ofertaron puestos para archivero, arquitectos, técnicos de pesca, veterinarios, ingenieros agrícolas, técnicos en prevención de riesgos laborales o conservadores de patrimonio. Este fue el sistema empleado para la polémica contratación de 3.000 vigilantes de la playa que en el verano de 2020 se pasearon por las playas andaluzas para supervisar que se guardaba la distancia de seguridad y el resto de medidas de prevención contra el coronavirus.

En las 48 sentencias que anularon las distintas convocatorias, el TSJA constataba que las convocatorias prescindían “de los principios de mérito y capacidad, constitucionalmente consagrados” para el acceso a puestos en la administración.