Médicos de la pública y la privada ven excesiva la tarifa de la Junta de Andalucía para concertar la atención primaria

Asunción Sánchez —que prefiere no dar su nombre real― es médico generalista en una policlínica de una aseguradora privada en el centro de Sevilla y está a punto de comenzar a recibir a sus pacientes en el turno de tarde. “Ya me gustaría cobrar por cada primera consulta 65 euros, pero el precio es de 9, es decir, 7 veces menos. Lo que sobra no se va a mi bolsillo”, dice con una sonrisa de circunstancias. Sánchez se refiere a la tarifa de 65 euros que pagará la Junta de Andalucía por la consulta de atención primaria en el caso de que se derive esta especialidad del Sistema Público de Salud (SAS) a la privada. La cifra, que se recoge en una orden aprobada la semana pasada, ha sido cuestionada por los sindicatos médicos y tampoco satisface a los profesionales que atienden a sus pacientes con seguros privados por los mismos motivos: el precio está muy por encima de su retribución, tanto en el caso de los facultativos que atienden en centros de salud como de los que lo hacen en clínicas privadas.

La Consejería de Salud argumenta, según las explicaciones que ha ofrecido a este diario un portavoz, que la tarifa de 65 euros se ha fijado tras examinar los precios públicos de Castilla-La Mancha —fijado en 87,87 euros en la orden de 2014 que los regula― y los de Ceuta y Melilla —de 89,93 de acuerdo con una resolución de 2013―. “Se ha optado por un precio más acorde a los costes de mercado, fijándose en 65 euros, ya que los costes directos e indirectos de la Administración son más elevados que en la empresa que pudiera ser objeto de concertación”, explica la Junta.

“Si la Administración sitúa el precio de consulta de la atención primaria en 65 euros, que es el precio de mercado, ¿por qué las aseguradoras lo establecen entre los 7 y los 10 euros?”. La pregunta que se formula Ignacio Guerrero, presidente de la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel), que agrupa a unos 10.000 profesionales de la medicina de ejercicio libre, resume la lucha que los médicos que pasan consulta privada están llevando a cabo en los últimos meses contra las compañías aseguradoras, a las que acusan de haber congelado sus remuneraciones desde hace 30 años.

“Esos 65 euros es lo que el SAS paga a las aseguradoras, una cantidad muy por encima de lo que las propias aseguradoras pagan a los médicos. Este baremo es una forma de decirle a las aseguradoras que están pagando muy por debajo del precio de mercado”, abunda Jorge Fernández Parra, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), que está negociando con las aseguradoras para mejorar la situación de los profesionales sanitarios autónomos. Fernández llama la atención sobre el hecho de que la Consejería de Salud haya incrementado el precio de la consulta respecto de la orden de 2005 —que establecía las tarifas de la atención primaria para los usuarios que no pertenecían al SAS, como los funcionarios públicos o miembros del Ejército, pero que no contemplaba, como la actual, la concertación de este servicio― que se fijaba en 41,77 euros. “La Junta ha incrementado el precio por consulta, algo que no se ha producido en la privada”, añade.

Ese maltrato impulsa a los médicos de atención primaria a abandonar las aseguradoras privadas, donde su presencia también es escasa porque estas compañías se especializan en consultas directas con especialistas. “Se están yendo de las compañías porque si hay pacientes que se pueden permitir pagar los 50 o 60 euros que cuesta una consulta, para qué se van a quedar haciendo muchas más horas para percibir menos”, sostiene Guerrero. Desde Adeslas, una de las compañías aseguradoras consultadas por este diario, se hace hincapié en que estas entidades no se mencionan en la orden, por lo que deducen que esos 65 euros se abonarían directamente al profesional sanitario o a los complejos hospitalarios.

El hecho de que la Junta haya decidido concertar la atención primaria teniendo en cuenta la falta de especialización en este servicio de las compañías aseguradoras es lo que le llama la atención a Sergio Minué, de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Minué prefiere ser cauto hasta conocer el contenido definitivo de la orden, pero llama la atención sobre la tarifa máxima estipulada para la primaria. “65 euros es una cantidad muy elevada y además hay que tener en cuenta que las aseguradoras no suelen primar este servicio entre sus ofertas”, señala. “La mayoría de médicos de atención primaria están en el SAS, esa falta de médicos privados es lo que nos hace pensar que no se puede hablar de privatización, pero estaremos muy atentos”, subraya el presidente del CACM. “Tampoco tiene sentido porque en la atención primaria del SAS el médico tiene acceso a toda la información médica del paciente porque está todo registrado y eso no puede hacerlo uno privado”, abunda Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Los sindicatos médicos, muy beligerantes con la Junta de Andalucía por el colapso de la atención primaria, también han alzado la voz contra la orden, no solo porque no se ha negociado en la mesa sectorial. Consideran que abre la puerta a la concertación de este servicio justo cuando lo que se está reclamando es una mayor inversión de fondos públicos para dotarla de más profesionales sanitarios (entre 1.000 y 1.500) y aligerar las agendas diarias. La tarifa de 65 euros constituye un agravio comparativo con respecto a lo que los médicos cobran por cada hora de la consulta de continuidad asistencial, una fórmula que les permite trabajar por las tardes para descongestionar las listas de espera. “No es nuevo, pasa con todas las derivaciones a la privada. En lugar de invertir en más médicos, se gasta más dinero en la concertación”, lamenta Carrasco.

Los facultativos que deciden hacer este turno de tarde, de cinco horas, cobran 45,52 euros por cada una. “Son 227 euros, pero si le aplicas los descuentos se pueden quedar en menos de 150, dependiendo de lo que se detraiga por el IRPF que tenga asignado el profesional, que no suele ser menos del 20% en ese colectivo”, señala Antonio Macías, secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT Andalucía. “Es lo que se lleva un médico de familia por toda la tarde viendo a un sinfín de pacientes”, insiste.

Fuentes cercanas a otras empresas de seguros de salud advierten de que el precio de 65 euros es desorbitado porque, trasladado a la media de 25 consultas por paciente que el Sindicato Médico Andaluz pactó con la Consejería de Salud para evitar el paro previsto para finales de enero, supondría un salario de 390.000 euros al año.

Aclaración de la Junta a la orden

La Junta insiste en que lo importante era “fijar un precio para la atención primaria”, pero que en ningún momento se va a privatizar ese servicio, salvo circunstancias “catastróficas o excepcionales” como una pandemia. Esta apreciación no se incluía en la orden original, publicada en el BOJA el pasado 2 de marzo, y se ha introducido una semana después a través de una aclaración. Esta estipula que solo se acudirá “a la colaboración privada en aquellas situaciones en que la cobertura prestacional relacionada con las garantías establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias”. “Esto no modifica en lo sustancial el contenido de la orden que es inoportuna y poco entendible. En casos de pandemia o excepcionales se podrían publicar órdenes excepcionales derivando la atención primaria, como se hizo cuando se habilitaron hoteles como hospitales”, puntualiza Carrasco.

Los sindicatos médicos recelan de la concertación de esta especialidad justo cuando se está reclamando un plan específico para la atención primaria en Andalucía, con concentraciones semanales de las principales organizaciones sindicales y un paro indefinido del recién creado Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria de Andalucía. Los facultativos autónomos también observan con desconfianza la orden al entender que quienes se benefician directamente son las compañías aseguradoras que no repercuten en sus emolumentos esas tarifas.