Las valoraciones de riesgo de las víctimas de violencia de género funcionan a medio gas

"Llevo aquí desde el 30 de diciembre de 2004 y nunca nos han pedido una valoración del riesgo como tal". Lo cuenta Cristina Pozo, psicóloga de la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) de Ciudad Real. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 2004, recomendó la creación de estas oficinas, ideadas para analizar mejor el riesgo potencial de las mujeres que denuncian violencia machista con la ayuda de especialistas. Pero 14 años después ni están implantadas en todas las provincias ni funcionan de manera uniforme en las que sí existen. Trabajadores de estas unidades, fiscales y forenses alertan de que faltan medios, fondos, coordinación y formación pese a su importancia.

El 25 de septiembre Maguette Mbeugou murió a manos de su marido. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, pidió perdón tras ese caso. Y se refirió a la saturación, que parece una constante, como una de las razones por las que la justicia "no actuó bien". La juez denegó la protección que pidió la asesinada porque no pudo contar para hacerlo con un informe pericial del riesgo; ni tampoco con un informe forense de urgencia, ni con el auxilio de la unidad de valoración integral, que concede cita a varios meses vista por la carga de trabajo, según Ibarra.

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En Castellón, ese mismo día un padre mató presuntamente a sus hijas. La única valoración de riesgo en la que se basó la juez que rechazó dar la protección reclamada por la madre fue la que hizo la Policía Nacional, que calificaba su riesgo como bajo. Los informes policiales realizados mediante cuestionario son muchas veces las únicas herramientas con las que cuentan los juzgados para decidir, pese a que ya la norma de 2004 incluía la opción de analizar desde varios ámbitos en estas unidades forenses la situación física, psicológica, emocional y social de las víctimas de violencia de género. Un trabajo policial que, además, está centrado exclusivamente en la víctima. Octavio Salazar, jurista experto en materia de género, lo apunta: "No se tienen en cuenta criterios sobre el agresor, ¿cómo se valora el riesgo así?". Difícil. Y añade otra vara a esta camisa: "No vale un cursito, eso no acredita ni sensibiliza para trabajar con un delito en el que entran dimensiones emocionales, relacionales, de poder...".

La recomendación de crear esas unidades forenses quedó incluida en la ley, pero de forma ambigua. No se diseñó una normativa común ni se dejó clara la estructura ni el desarrollo de las funciones. En la disposición adicional segunda de aquella norma solo se apuntó "diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género". Así empezaron a crearse unos equipos que fueron incorporando profesionales de medicina forense, trabajo social y psicología bajo el paraguas de los institutos de medicina legal (IML).

Esa falta de precisión ha favorecido, por ejemplo, que no existan en todas las provincias —en Madrid ni siquiera se ha constituido aún un instituto—. Y aunque existe un protocolo común desde 2011, no se aplica de forma homogénea. La Fiscalía General del Estado, en su memoria de 2018, advierte de que su uso sigue siendo muy escaso: "Se han emitido exclusivamente 175 informes de conformidad con el protocolo, 109 menos que en el año anterior y, a todas luces, insuficiente e insignificante si se tiene en cuenta el número de solicitudes en las que su utilización podría haber sido de gran utilidad".

Competencias transferidas

"La implantación de las unidades ha sido irregular por el desarrollo de las transferencias de las competencias en materia de justicia", ahonda Rafael M. Bañón, presidente del Comité Científico Técnico del Consejo Médico Forense y director del IML de Murcia. Los institutos forman parte de esas transferencias y en cada comunidad se han desarrollado de forma diferente y con presupuestos distintos.

Desde el Ministerio de Justicia señalan que solo tienen capacidad de actuación en las comunidades donde las competencias aún no están transferidas (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Baleares y Murcia, además de Ceuta y Melilla). Bañón añade que en algunos casos las unidades están compuestas por funcionarios; en otros por personal laboral externo. Hay incluso algunas que "existen sobre el papel, pero no tienen un funcionamiento específico".

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"Trabajamos a salto de mata", resume Isabel Herrera, trabajadora social desde 2008 de la unidad de Ciudad Real. Junto con la psicóloga Cristina Pozo, concretan algunas de esas carencias. Falla desde la caja de cartón que usan para colocar la impresora hasta las "pegas" que les ponen para adquirir publicaciones especializadas. Hace tres meses compartían un despacho entre cuatro, el espacio para entrevistar a los menores está decorado con dibujos y muñecos que ellas han llevado de casa y durante un tiempo se ubicaron al lado de un juzgado de guardia del que las separaba una pared de pladur. "Si estábamos trabajando y llegaba un detenido dando voces, lo teníamos que aguantar, estuviésemos con un menor, una mujer víctima de violencia de género o haciendo informes", explica.

La Fiscalía reclama una y otra vez la implantación de las unidades en todo el territorio para contar con informes elaborados conjuntamente por los profesionales que la componen en los procedimientos penales y civiles y que tengan la capacidad de atender a todos los juzgados.

Laura Asensi es profesora asociada en la Universidad de Alicante y psicóloga clínica y forense, y no forma parte de la UVFI de su provincia, pero emite informes cuando le toca a través del listado oficial del Colegio de Psicólogos del que se sirven los juzgados. "¿Por qué? Ni idea", comenta. "Yo tampoco lo entiendo habiendo una unidad a tal efecto. De lo que me doy cuenta es de que los jueces no recurren mucho a este servicio".

"Cuando hablo con compañeros, la mayoría dicen que no se solicitan todos los informes que se deberían. No solo de lesiones, sino de valoración del riesgo", corrobora Eugenia Prendes, la fiscal delegada de Violencia de Género en Asturias.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, insiste en la necesidad de utilizar los instrumentos legales que llevan años creados: "El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que asumir el reto de dar a conocer su existencia allí donde hay y promover la coordinación entre los distintos organismos". Y hace referencia al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya aprobado y del que se están desarrollando distintas medidas, como un documento políticamente vinculante: "Las unidades de valoración están ahí. Hay que cumplir esas medidas, desde las comunidades y desde el ministerio. Y de forma correcta".

Sin equipos de guardia

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, apunta otro problema. Solo los forenses tienen guardias; el resto del equipo no pese a que "la valoración de riesgo es algo que hay que hacer de forma inmediata". Pide aumentar el presupuesto para engrosar las plantillas. La fiscal de sala de Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo, Pilar Martín Nájera, también aludió a este tema hace unos días: "Las órdenes de protección se deben adoptar en 72 horas. Al no existir un equipo que tenga el mismo horario que el juzgado de guardia o el de violencia sobre la mujer, no se pueden adoptar las medidas teniendo en cuenta ese informe porque no da tiempo a hacerlo".

Para algunos expertos, las diligencias están mal planteadas desde el principio, cuando una víctima decide denunciar. Y, por fin, cada vez se hace más. Más conciencia y menos miedo. El pasado año se registró el máximo histórico de denuncias, 166.260, según datos oficiales.

Isabel Herrero y Cristina Pozo, de la unidad de Ciudad Real, aseguran no llegar: "No damos abasto y podemos retrasarnos para hacer un informe hasta cuatro meses. Así no se puede trabajar con la diligencia que requiere esto”. La sobrecarga es una queja común de estos equipos que, en su mayoría, no tienen exclusividad. En Galicia, Beatriz Otero, la directora del Instituto de Medicina Legal, explica: “Tenemos las agendas programadas para toda la semana con valoraciones de otras cuestiones y hay que coordinarlo con lo que aparece de repente. Eso retrasa más los procedimientos".