Cannabis legal y transporte gratis: la vía luxemburguesa a la modernidad

Durante años, Luxemburgo ha sido conocido como el alcantarillado por el que se perdían millonarios ingresos fiscales de multinacionales. El sumidero está lejos de haberse cerrado, pero el desembarco del liberal Xavier Bettel en 2013, primer ministro con el apoyo de socialistas y ecologistas, ha traído una nueva narrativa al país, un próspero Estado de 600.000 habitantes —poco más que la ciudad de Málaga— con una superficie inferior a la provincia de Álava, encajado entre Bélgica, Francia y Alemania.

Si durante el primer mandato de Bettel se aprobó el matrimonio homosexual o se redujeron drásticamente las subvenciones a las comunidades religiosas, el menú legislativo para el segundo no ha decaído: el Gobierno se ha comprometido a despenalizar la producción y legalizar el consumo de cannabis para uso recreativo, dejar de cobrar por el uso de todos los transportes públicos incluyendo tren, autobús y tranvía, y subir el salario mínimo 100 euros hasta los 2.100 euros —el más alto de la UE—. Como guinda, autorizará dos días más de vacaciones al año. "Con los 100 euros compraremos cannabis para fumar en los dos días de vacaciones", fantaseaba un usuario en redes sociales.

La ambiciosa agenda social puede sorprender en un país tradicionalmente católico donde tanto el aborto como la eutanasia también son legales. La Iglesia es pragmática y centra su labor en la defensa de los derechos de los refugiados por encima de batallas éticas. La oposición a las reformas ha sido prácticamente inexistente. Basta decir que la ley de matrimonio homosexual empezó a tramitarse con el Gobierno de centro derecha de Jean-Claude Juncker.

El primer ministro, Xavier Bettel, de 45 años, no tardó en hacer uso de ella: se casó con su marido, el arquitecto belga Gauthier Destenay, dos años después de que entrara en vigor. Junto al irlandés Leo Varadkar es el único jefe de Gobierno homosexual de la UE. "Somos muy Benelux en el ámbito moral", afirma Diego Velázquez, periodista del Luxemburger Wort. Holanda y Bélgica, los otros dos miembros de ese club, se caracterizan por políticas sociales más rompedoras respecto al resto de socios europeos. A ese cúmulo de políticas consideradas avanzadas, Luxemburgo suma otro galón especialmente molesto para Donald Trump: es el país de la OTAN con menor gasto militar en relación al tamaño de su economía.

Desde el Gobierno explican que la gratuidad del transporte público responde a criterios sociales, ambientales y de mejora del tráfico. Es decir, habrá ahorro económico, menos emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y un aumento del uso de trenes, tranvías y autobuses que aligerará los infernales atascos que encierran a los conductores durante horas. Sobre el papel, la jugada parece perfecta, pero sus críticos no lo ven tan claro. El precio del transporte ya era muy asequible antes, y gratuito para jóvenes y personas de bajos recursos. Nada garantiza que aquellos habituados a utilizar el coche vayan a dejar de hacerlo por ahorrarse unos euros. Y el hecho de que unos 190.000 trabajadores residentes en Bélgica, Francia y Alemania crucen cada día la frontera hace poco probable la descongestión de las carreteras.

"Es un regalo envenenado", dice Mylène Bianchy, presidenta del sindicato Syprolux. Su organización es favorable a que se mantenga el pago. Al argumento de que los sectores más vulnerables ya están exentos de rascarse el bolsillo, Bianchy suma otros: peligra el trabajo de los revisores, el número de taquillas se reducirá y eso hará más difícil adquirir billetes internacionales a los países vecinos, y el Estado dejará de ingresar 30 millones de euros anuales en un momento en que hacen falta nuevas inversiones para aumentar la capacidad de la saturada red luxemburguesa, concebida para un país con una actividad económica muy inferior.

El modelo del gratis total ya ha sido testado en otras ciudades como Tallin, la capital de Estonia, donde los viajes en transporte público crecieron anualmente entre un 4% y un 5%, pero no disminuyó el número de coches. En Luxemburgo hubo 100 millones de viajes en la red pública de movilidad en 2016. "La ley pone en peligro la puntualidad, la comodidad y la fiabilidad del transporte. Y tenemos miedo de que el acceso libre haga que no se le respete y aumenten los casos de vandalismo", arguye Bianchy.

El discurso de sus contrarios lo presenta como un cambio estético, sin impacto real para el bolsillo. El coste de la vida ha expulsado a miles de personas que prefieren vivir en localidades cercanas de Bélgica como Arlon, más económicas. En Luxemburgo conviven dos mundos paralelos: un sector privado nutrido de extranjeros y uno público puramente local. El aperturismo de los luxemburgueses es menos evidente cuando se trata del trabajo. En 2015, el 78% votó en contra de otorgar el derecho a voto a los extranjeros. Temían que fuera el primer paso para que pudieran hacerles competencia en puestos de funcionarios.

Todavía no está fijada la fecha en que los pasajeros podrán subir a trenes, tranvías y autobuses sin pasar por caja. Tampoco se conoce el día en que los coffee shops empezarán a llenarse del denso humo de la marihuana. Solo se sabe que será en algún momento de los cinco años de legislatura que Bettel tiene por delante. Para los que estén pensando en acudir a la inauguración, una mala noticia: solo los residentes en Luxemburgo podrán comprar cannabis. "No queremos ese tipo de turismo", zanjan fuentes del Gobierno.