El Supremo obliga al Gobierno valenciano a derribar dos rascacielos

Dos torres de apartamentos localizadas en el paraje de Punta Llisera, en Benidorm (Alicante), —de 22 plantas cada una, 168 apartamentos en total— tendrán que ser demolidas. El Tribunal Supremo no ha admitido los recursos de casación presentados por la Generalitat valenciana y la promotora contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que ordenaba la ejecución de una sentencia de julio de 2012 que anuló los permisos a los edificios, ya construidos, tras declarar ilegal su autorización. El presidente valenciano, Ximo Puig, comunicó este jueves la decisión judicial durante la sesión de control semanal del Parlamento valenciano. Puig puso este caso de ejemplo de los despropósitos y actuaciones irracionales permitidos por los anteriores Gobiernos del PP, apuntando a la portavoz del principal partido de la oposición, Isabel Bonig.

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El fallo obliga a la Generalitat —que fue quien autorizó en 2005, bajo mandato del PP, la construcción de esta promoción de rascacielos— a indemnizar a los propietarios de estos apartamentos de lujo con vistas a la bahía de Benidorm por un importe estimado de 100 millones de euros. La Consejería de Hacienda anunció que se verá obligada a hacer una modificación de crédito presupuestaria en 2019 para hacer frente a este gasto extraordinario. Es decir, la Generalitat da en estos momentos por agotada la vía judicial.

Los dos inmuebles están construidos en primera línea de costa y las viviendas de lujo están en su mayoría habitadas desde hace años. Cuando fueron adquiridas por sus propietarios, el precio de mercado oscilaba entre los 400.000 y los 700.000 euros. El problema radica en que las torres se encuentran fuera de ordenación desde que en 2012 el Supremo anuló la licencia concedida, por no ajustarse a la ley de costas.

El alto tribunal determinó hace seis años que, cuando el Gobierno valenciano autorizó a la mercantil Edificaciones Calpe, siete años antes, la construcción de ambos edificios, “ya se había aprobado el deslinde del dominio público marítimo terrestre”, por lo que la parcela quedaba afectada por la servidumbre de tránsito y protección, que en suelo urbano es de 20 metros. En ese tramo se prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación, según refleja la norma de costas.

El auto ordenaba además a la Generalitat a consignar en el presupuesto el importe de la demolición y de las indemnizaciones a los propietarios de la promoción Gemelos 28, como se conoce a las torres. Los dueños de los apartamentos percibirán un 20% más del precio que les costó la adquisición de los pisos, locales y garajes.

Pese a todo, la opción de tirar ambos inmuebles no tomó cuerpo hasta el 6 de noviembre de 2017, según fuentes de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm. Fue entonces cuando el Tribunal Superior valenciano estableció que los edificios debían de ser demolidos para restaurar la legalidad. “Hasta ese momento, no se había contemplado la opción de derruir los rascacielos”, aseguran estas fuentes.

Sin embargo, ya en 2012, las formaciones de Esquerra Unida y Compromís reclamaron el derribo de los inmuebles y la restitución de la legalidad urbanística, aunque en la vía judicial no se había planteado.

Contra el último pronunciamiento del Supremo no cabe recurso ordinario, aunque según apuntan desde el Ayuntamiento de Benidorm “posiblemente al promotor aún le quede la vía de recurrir al Tribunal de Estrasburgo”. En su día, la empresa Edificaciones Calpe ya puso sus servicios jurídicos a disposición de los propietarios afectados.

Y es que el auto de ejecución definitiva de la sentencia ordena a la Generalitat presentar en el plazo de tres meses el proyecto de demolición de las torres, así como la previsión presupuestaria de lo que costaría. La concejal de Urbanismo de Benidorm, Lourdes Caselles, apuntó este jueves que el coste de la demolición superará los 100 millones estimados en un principio, porque los edificios “están muy cerca del mar y para evitar vertidos y daños al medioambiente tendrán que derribar piso por piso, y eso lo encarecerá más”. Los edificios se encuentran cerca de una zona de alto valor medioambiental como es la Serra Gelada.

Los vecinos que residen en los rascacielos se han mostrado “extrañados y perplejos” ante los acontecimientos. José María Pérez-Hickman es uno de ellos y calificó de “barbaridad” que el Consell se gaste más de 100 millones “para que después se puedan volver a levantar cuatro metros más atrás”. En su opinión, lo que está ocurriendo “no tiene ningún fundamento”. Y confiaba en que “la demolición no llegue a ser una realidad”.

Este propietario precisaba, además, que, hasta el momento, nadie se había puesto en contacto con ellos desde la Administración autonómica para hablarles de las indemnizaciones que tendrían que percibir.

Modificar deslindes

De igual modo, consideraba que “lo normal” es que alguien “haga de mediador” con la Dirección General de Costas y “que se modifiquen los deslindes, que se retrasen un poco o que se permuten por otros”. “Lo que hay ahora es ridículo, un sinsentido”, sostenía.

Los departamentos autonómicos de Vivienda y Hacienda deberán ahora iniciar los cálculos para determinar el precio de la adquisición de los apartamentos, garajes y otros inmuebles comerciales de las torres para conocer el coste de este fiasco urbanístico para las arcas de la Generalitat valenciana, que gobiernan los socialistas y Compromís, con el apoyo de Podem.

No se podrá determinar con más fiabilidad hasta que se apruebe el proyecto de derribo y se establezca por la vía administrativa el importe exacto de las indemnizaciones a las que tendrían derecho los propietarios afectados. De cualquier modo, este caso, que se arrastra desde hace años, puede demorarse todavía más.