Contra el Leviatán urbanístico

Enrique Lluch es una víctima del urbanismo salvaje. Desde que en 1999 se viera afectado por un Programa de Actuación Integrada (PAI) que acabó con su vivero en Náquera, este hombre no ha cejado de buscar justicia. Ha recurrido a los juzgados, levantado actas notariales, pagado informes periciales y comprobado in situ si las obras imputadas a la urbanización que le afectó se hicieron y cuánto costaron.

Lluch lleva 11 años luchando contra el Leviatán de la normativa urbanística y a la vista de lo conseguido en España -los tribunales han tumbado varias de sus reclamaciones-, a Enrique sólo le queda Estrasburgo, sede el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y poco más. Una reciente sentencia de la Corte europea favorable a un vecino de Bocairent, por un caso también de supuesto abuso urbanístico, ha abierto una diminuta rendija a la esperanza.

Al viverista sólo le queda recurrir a Estrasburgo tras pleitear en España

"Entregando mi parcela aún debería pagar al urbanizador 12.766 euros"

Este hombre, ahora de unos 60 años, montó a principios de los años ochenta un vivero de plantas en unos terrenos en Náquera que, tras la presentación de un PAI, se convirtieron en polígono industrial.

Cuando el Ayuntamiento de Náquera, gobernado entonces por el PP, aprobó el PAI y reparceló el polígono donde se ubicaba el vivero, a Enrique casi se le heló la sangre. Tenía que pagar una cuota urbanística de 103.324 euros, mientras su parcela se valoraba en 90.558 euros. "Entregando la propiedad íntegra de mi parcela en pago de la cuota, como está previsto en la LRAU (entonces en vigor), aún le adeudaría al agente urbanizador (Promociones Polígono XVI de Náquera, SL) 12.766 euros, es decir, dos millones de las antiguas pesetas", explica. Recurrió el pago y alegó, entre otras razones, que a las obras de urbanización se presentó un solo presupuesto, el proyecto se expuso al público en pleno agosto de 1999, y para colmo aun hoy repite, en contra de la versión del Ayuntamiento de Náquera, que el proyecto no se cumplió en su totalidad.

Perdió el recurso porque, según la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, la liquidación de las obras era provisional y, por tanto, hasta que no se hiciera el balance definitivo no cabía reclamación. El viverista ha esperado casi 9 años la liquidación definitiva del PAI. De ahí sus denuncias de indefensión e insistencia en que los costes de la urbanización del polígono, por compararlo con algo, superan en más del 300% el coste con que la Generalitat adjudicó uno similar seis años después al PAI de Parc Sagunt I.

Su vivero, tras la urbanización, se vio rodeado de edificios altos que alteraron las condiciones medioambientales del negocio que hasta entonces le daba de comer. Las plantas se fueron marchitando hasta morir asfixiadas de calor. "Encargué un informe a la Universidad Politécnica de Valencia para que midiera las condiciones dentro del vivero y anotaron que tras las obras dentro del invernadero las temperaturas superaban los 50 grados centígrados que, en condiciones de humedad, parecían todavía mayores", recuerda con impotencia.

Enrique se dirigió al consistorio y al agente urbanizador para que le indemnizaran para poder trasladar el vivero a otro lugar, pero los juzgados no aceptaron su reclamación. Su única compensación es una parcela en el polígono, menor que la original pero urbanizada. No le consuela.

De todo lo que le ha sucedido en la última década, lo que peor soporta Lluch es que a lo largo de estos 11 años de lucha se ha encontrado con una infinidad de supuestas irregularidades en la tramitación de los proyectos urbanísticos que le afectan. Para acreditarlos se ha dejado mucho tiempo y dinero. En un informe pericial encargado por el propio Lluch, éste insiste en que las obras de urbanización que el consistorio dio por finalizadas no se ejecutaron conforme al presupuesto del proyecto urbanístico aprobado. Según Lluch, faltan viales y la estación depuradora no se encuentra en el lugar previsto en los planos iniciales. Un experto se personó, a petición del viverista, en el polígono para comprobar dónde se encontraba la depuradora y ni el consistorio ni el agente urbanizador fueron capaces de indicarle el lugar exacto dentro de los límites del PAI afectado. La demolición de unas naves, cargada también a la cuota urbanística, tampoco se hizo y para ello aporta unas fotografías posteriores a la finalización del proyecto.

Pasados cinco años desde la aprobación definitiva de la reparcelación y al entender que las obras no se habían terminado, Lluch reclamó al consistorio la caducidad de la adjudicación. En su respuesta, el Ayuntamiento aseguró que las obras sí estaban acabadas a falta de subsanar algunas deficiencias y que el cómputo del plazo de ejecución de las obras había quedado además suspendido por la eliminación de un poste de media tensión.

Su fe está puesta ahora en la Corte de Estrasburgo, ya que aunque mantiene vivos todavía un par de procedimientos en los tribunales españoles, tampoco sabe qué pasará con ellos. "Sólo quiero que mi familia tenga la certeza de que he hecho todo lo que he podido. No me voy a dejar vencer", advierte Lluch.