47 de las 50 universidades incumplen la supervisión que exige el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas reclama desde 2002 que las comunidades autónomas aprueben un marco legal que permita actuar con más autonomía a los Consejos Sociales, que son los que supervisan las auditorías de las universidades. De tal forma que Intervención —el órgano de control y supervisión— no dependa de gerencia sino de los propios consejos. Es decir, que el que audita no esté subordinado al auditado. Pero solo tres del medio centenar de universidades, la de Las Palmas, Tenerife y Oviedo, cuentan con este modelo, según los consejos y el tribunal, porque así lo han dictaminado sus leyes autonómicas.

“Las intervenciones tienen siempre un papel muy antipático que es el de poner reparos. Y esta actividad se puede desarrollar si tú estás fuera del sistema”, sostiene Ignacio Villaverde, secretario del consejo de Oviedo, una de las universidades con este órgano independiente del rectorado. “Puedes controlar con la garantía de que nadie te va a tocar o engañar. Y te permite tener un control más objetivo, imparcial y eficaz”. Pone un ejemplo: “Puedes seguir ciertos movimientos que quizá no verías si no accedes a la información de primera mano”.

“Es como si el presidente de una empresa en bolsa se audita a sí mismo. ¿Eso qué valor tiene? Relativo”, dice Raimundo Baroja, presidente del consejo de Tenerife. “No entiendo cómo se les ha permitido a las universidades. Nosotros por ley tenemos que velar por la eficiencia en la gestión, pero ese es un capítulo que no se ha desarrollado porque es más polémico. Tendríamos que analizar resultados académicos, indicadores... y por el momento no lo hacemos”. En la nueva ley de universidades que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades trabaja con los rectores, los consejos reclaman desempeñar ese papel en la gestión.

“Los sistemas de rendición de cuentas no están funcionando”, asegura Antonio Abril, presidente de los consejos sociales. Cada consejo está conformado por empresarios, sindicatos, figuras de la cultura, el rector, el gerente y algún alumno y profesor. Su presidente es elegido por el gobierno autonómico. “La sensación que tengo —y que me transmiten— es que nadie tiene verdadero interés en que seamos realmente órganos de control y supervisión”, sostiene Abril, secretario general del gigante Inditex y presidente del consejo de A Coruña. “Porque si, cuando hacen una norma autonómica, los consejos no aparecemos es que no nos apoyan… Además, evidentemente, los rectores quieren que el control sea mínimo

En el otro extremo, los rectores reclaman más flexibilidad en su quehacer y el ministerio está dispuesto a concederla pero bajo un férreo control del dinero público. José María Sanz, exrector de la Autónoma de Madrid y hoy vicepresidente adjunto de la conferencia de rectores (CRUE), dice: “La universidad mejora con órganos como los que existen o ligeramente diferentes, pero ganando en confianza y transparencia. ¿Si pones a las mismas personas en diferentes sitios y coordinadas de forma diferente las cosas van a mejorar? Probablemente no ocurra. O se elige a las personas de forma diferente y con condiciones y disposición diferentes, o la cosa no cambia”.

“Las funciones que se nos reconocen son mínimas”, prosigue Abril. El consejo tiene que aprobar los presupuestos de la universidad para que salgan adelante, las cuentas una vez estos sean ejecutados y la creación de nuevos títulos. Sin embargo, rara vez pone pegas a la gestión del rectorado. No hace ruido.

Frente a las quejas de Abril sobre la precariedad de los consejos, hay voces autocríticas como la de Ángel Tristán, presidente del consejo de Las Palmas, uno de los campus con el modelo recomendado por el Tribunal de Cuentas. En su intervención en un reciente congreso de consejos sociales en Gran Canaria —al que este diario acudió invitado— aseguró: “Hay una inactividad forzada en distinto grado, al no poder o no querer los consejos sociales desarrollar en plenitud las funciones supervisoras y de asesoramiento que les encomienda la ley de Universidades”. Tristan sostiene que debido a esa inactividad no se ha alcanzado “excelencia, competitividad y profesionalización en la gestión universitaria”. Él ha puesto en manos de la justicia una posible irregularidad en un centro de su universidad.

Tras el escándalo del caso máster en la Universidad Rey Juan Carlos,  su consejo se negó en junio a aprobar  la memoria económica del campus por alguna “irregularidad” y tres de sus consejeros —entre ellos Adolfo Suárez Illana— acaban de dimitir por motivos "profesionales y personales".

A raíz de lo ocurrido en la Rey Juan Carlos, los Consejos Sociales —con responsabilidad penal y patrimonial sobre lo que firman— han empezado a sentirse desprotegidos. “Entiendo vuestra intranquilidad”, se solidarizó Javier Medina, letrado del Tribunal de Cuentas. “Conocemos la preocupación creciente por los problemas surgidos en la organización de las universidades y también por las insuficiencias de la normativa actual”, aseguró Medina.