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El Tribunal de Cuentas reclamó en 2015 más controles universitarios

La institución advirtió del desorden de las entidades externas dependientes de los campus y de la falta de recursos para que los consejos sociales controlen el dinero

Entrada de la Universidad Rey Juan Carlos, en Vicálvaro (Madrid).
Entrada de la Universidad Rey Juan Carlos, en Vicálvaro (Madrid).

Las universidades públicas españolas no tienen sistemas de control interno suficientes y los consejos sociales (participados por sindicatos, políticos y empresarios, entre otros, y encargados de aprobar los presupuestos anuales) carecen de los mecanismos y los medios adecuados para ejercer de forma efectiva su tarea de control, sobre todo, ante la proliferación de entidades dependientes de los campus públicos (fundaciones, empresas y otras sociedades) que escapan de una manera flagrante a la supervisión. Estas son las principales conclusiones del último informe detallado del Tribunal de Cuentas sobre los campus públicos, aprobado en 2015 con datos hasta 2012-2013.

“Las normas ya existen, lo que se tiene que establecer es un mecanismo de control [obligatorio y con unos mínimos para todos] a través del consejo social en el que la calidad sea lo que prime. Y que se ejerza. Porque, ¿se ha ejercido en los últimos años? Yo creo que no”, decía ayer el consejero del tribunal Ángel A. Algarra, director de aquel informe. Opina que el cambio que trajo Bolonia, la reforma europea de la educación superior, tiene buena parte de la culpa. “Probablemente hayamos implantado de forma muy rápida algo totalmente distinto” y los sistemas de control no han resistido, dice. Aunque extiende las responsabilidades fuera de la Universidad: “Las comunidades autónomas se han quitado de en medio. Desde su intervención no han existido informes o seguimiento de los informes internos”, asegura.

Algarra, que es además profesor de Fundamentos de Análisis Económicos en la universidad privada CEU San Pablo, asegura que esas disfunciones se van solucionando poco a poco y reclama, en todo caso, no “criminalizar” ni generalizar en un contexto en el que el escándalo de los másteres en la Rey Juan Carlos está salpicando a toda la universidad española, que él considera buena y abierta a la crítica y la mejora. Pero lo cierto es que aquel informe sobre unos campus públicos que en 2016 manejaron unos presupuestos de 8.893 millones de euros es demoledor en algunos puntos.

Por ejemplo, el que se refiere al control de los organismos dependientes creados al abrigo de la Ley de Universidades de 2001. “La creación de entidades instrumentales no siempre ha respondido a nuevas necesidades, sino en ocasiones a la deliberada huida de los controles internos o del control presupuestario y de gestión y a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad”, dice el texto.

Casi 529 millones

Si el espíritu de estas entidades era dar a los campus instrumentos legales más ágiles y flexibles para poder responder a una realidad compleja y cambiante, el informe advierte de que se hizo sin los necesarios contrapesos. “Teniendo en cuenta que los sistemas de control interno en las propias universidades públicas no se han desarrollado de manera equivalente al de la intervención en las Administraciones públicas [...] todos estos entes instrumentales quedan exentos en la mayoría de los supuestos de cualquier control”, añade.

Y, cuando sí entran en las cuentas anuales, la mayor parte de las veces no aparecen con el suficiente detalle como para estar bien fiscalizados por los consejos sociales y los organismos externos, es decir, las cámaras de cuentas de cada comunidad. De hecho, ni siquiera hay un censo pormenorizado completo de estas entidades, dice aquel texto. Calcularon, con los datos disponibles entonces, que había 382 entidades de este tipo vinculadas a universidades públicas, las cuales habían gastado entre todas 528,9 millones de euros.

Pero los problemas detectados en estos organismos libres —el extinto Instituto de Derecho Público, dirigido por el profesor Álvarez Conde, en la Rey Juan Carlos, no lo era nominalmente, pero sí en la práctica— se enmarcan en un contexto de falta de efectividad general de los controles internos. El texto se queja de que las unidades dedicadas a estos menesteres no existen —o no existían en 2013— en todas las universidades públicas y, donde están, realizan su tarea muchas veces sin el desarrollo normativo necesario —no comparable con el de la Administración pública regional— ni los medios humanos mínimos.

Criterios claros

“El control interno no ha sido establecido con criterios claros desde hace tiempo. Entonces, la primera recomendación fue: establezcan ustedes sistemas de control interno adecuados, doten a estas unidades de los medios necesarios”, explicaba este lunes el consejero Algarra. En su opinión, la vía para mejorar esos controles son los consejos económicos y sociales, órganos compuestos por los responsables universitarios y “personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social”, según la Ley de Universidades, lo cual se suele traducir, entre otros, en representantes de las patronales, los sindicatos o los partidos políticos.

A estos consejos, dice también la ley, les corresponde “la supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios”. Pero, de nuevo, aquel informe de 2015 constata que “tanto los medios, órganos de apoyo y propia finalidad de sus reuniones hacen que se observe una necesidad de modificación legal de manera que el control atribuido a este órgano se residencie en un órgano con capacidades técnicas”.

Algarra insiste en que el efecto preventivo de esos informes está funcionando —es decir, que, aunque las mejoras lleven tiempo, las universidades están haciendo esfuerzos para que se produzcan— y, como prueba, recuerda que la Comisión Mixta del Congreso-Senado que les pidió el informe de 2015 —que era el segundo en una década— no le encargó otro general, sino uno específico sobre los sistemas de contabilidad universitarios. 

Un instituto que iba por libre

El Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid —centro de la polémica en torno a los másteres obtenidos por políticos supuestamente con trato de favor— fue creado en 2005 bajo la forma legal de un instituto universitario de investigación. Pero, en la práctica, funcionaba como una entidad independiente.

Según la Ley de Universidades de 2001, reformada en 2007, se trata de “centros dedicados a la investigación científica y técnica o a la creación artística” que pueden, además, “organizar y desarrollar programas y estudios de doctorado y de posgrado y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de sus competencias”. Así, lo raro no es que estos institutos (hay 472 en las universidades públicas) den títulos, sino que se dediquen a ello con el frenesí con que lo hacía el centro de la Universidad Rey Carlos, dirigido por Enrique Álvarez Conde: en 2017 ofreció siete másteres oficiales, 15 títulos propios y un programa de doctorado.

Pero lo más peculiar de ese instituto era el funcionamiento sin control alguno de la universidad desde 2006, según el sumario del caso máster, con un CIF propio que le permitió tener personalidad jurídica independiente y firmar contratos y convenios de forma autónoma. Esto es totalmente irregular, no solo porque la ley coloca estos centros dentro de las estructuras normales de la universidad —al mismo nivel que las facultades y las escuelas—, sino porque se salta los propios estatutos de la Rey Juan Carlos. Por ejemplo, los puntos que dicen que deberán administrar sus recursos “de acuerdo con las directrices de gestión económica establecidas por el Consejo de Gobierno” de la universidad y que este planificará la política de personal.

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