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El Gobierno admite la ineficacia del sistema de control de la Universidad

El ‘caso máster’ destapa fallos en la supervisión de los campus, que saben cómo sortear las evaluaciones de las agencias de calidad. Los expertos abogan por inspecciones internas

Oficinas de registro de la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Madrid / En vídeo, el caso de los másteres daña el prestigio de las universidades españolas (ATLAS)

"Las universidades han aprendido a pasar favorablemente las evaluaciones de las agencias de calidad y así es muy difícil detectar irregularidades". Esta es la respuesta del secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, a por qué los mecanismos de control de los campus españoles no están funcionando de forma efectiva. Dar trato de favor a determinados alumnos, permitirles cursar títulos presenciales de forma online o entregar trabajos fuera de plazo son solo algunas de las irregularidades que han salido a la luz con el caso Cifuentes o la reciente dimisión de la exministra de Sanidad Carmen Montón.

Detrás se esconde un problema de fondo: los organismos como la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) no están diseñados para fiscalizar la actividad de las universidades, y el resto de mecanismos de rendición de cuentas de esas instituciones —cuya autonomía está blindada por la Constitución— o no están funcionando en absoluto, como señalan algunos expertos como el catedrático de la Universidad de Santiago José Carlos Bermejo, o, como mínimo, están dejando huecos por los que se cuelan esas prácticas corruptas.

Pingarrón admite que los procedimientos de control de la calidad universitaria a través de las agencias de calidad como la Aneca son "muy burocráticos" y "poco eficaces", como muestra el hecho de que la inmensa mayoría de las peticiones para implantar o renovar una carrera (grado, máster o doctorado) se aprueban: el 99,3% de grados y el 98,89% de másteres. "Los procedimientos actuales conducen a que prácticamente todos los títulos se evalúen favorablemente; las universidades han aprendido a superar esas evaluaciones y los departamentos que se encargan de ello se han profesionalizado", opina el secretario general de Universidades. "Es necesaria una renovación de los procedimientos, no solo de la Aneca".

Por ello, a finales de este mes el Ministerio de Ciencia —responsable de los campus— ha convocado una mesa con las comunidades autónomas, los sindicatos y los estudiantes para tratar la reforma del decreto que ordena las enseñanzas universitarias. Allí, Pingarrón prevé plantear una posible reforma de las funciones de las agencias de evaluación.

Ahora mismo, la Aneca y las otras 10 agencias autonómicas de calidad no son órganos de fiscalización, insiste el director de la Aneca y exrector de la Universidad de la Rioja, José Arnáez Vadillo. Lo que hacen, añade, es garantizar unos mínimos y asegurarse de que se cumplen los requisitos técnicos de los programas.

Aprobación y seguimiento

Para que una universidad ofrezca un título oficial, primero tiene que tener el visto bueno de esas agencias, que evalúan toda la documentación que les envía el campus: su diseño, planes de estudios, recursos humanos o instalaciones, entre otros. Si, sobre el papel, todo está bien, se le aprueba o suspende. Más tarde, se hace un seguimiento de los títulos hasta que pasados cuatro años (en el caso de los másteres, seis en el de grados y doctorados) tienen que renovar la acreditación oficial del título. A partir de ahí, ese procedimiento se repite cíclicamente cada cuatro y seis años.

Ese último proceso sí incluye una visita de expertos a los campus. En ella, un grupo de cuatro o cinco expertos —elegidos para cada ocasión y según los títulos por las agencias de una bolsa de profesores voluntarios— revisan las instalaciones, entrevistan a algunos profesores y alumnos, recogen más documentación.

La parte del seguimiento entre la aprobación inicial y la renovación es la que suscita más críticas. Según el marco normativo de la Aneca, las instituciones no están obligadas a emitir anualmente memorias sobre la actividad de los programas. Únicamente deben hacerlo una vez en ese periodo de cuatro o seis años. Ahí se pierde la pista de cómo se están impartiendo esos programas. "La mayoría de universidades no solicitan ese seguimiento anual para sus títulos, y cuando al cabo de cuatro años acuden los evaluadores no se analizan de forma exhaustiva todos los títulos, solo algunos de ellos. Se cumplen unos mínimos documentales y entrevistas, pero eso no garantiza ir al detalle", considera el director general de Universidades.

Esa misma opinión la comparte Joaquín Prats, catedrático de la Universidad de Barcelona y exdirector de la agencia de acreditación catalana (AQU, por sus siglas en catalán), que remarca que una de las grandes diferencias con la Aneca es que la catalana sí exige en su reglamento la elaboración anual de las memorias de los títulos para su revisión. "El seguimiento es fundamental para garantizar que se cumplen los estándares. Aunque las universidades presionan para que se reduzca la burocracia, en ese punto no se puede ceder", apunta.

"La Aneca no sirve absolutamente para nada. Lo que hace son controles formales. Es un control vacío. Y las visitas, yo las he vivido: vienen los señores y se les pregunta: 'Y si no se cumplen los criterios, ¿qué pasa? ¿Se cierra la titulación?'. Y te contestan: 'No. Se le cambia el nombre", asegura el catedrático de Santiago José Carlos Bermejo, autor entre otros, del libro Rectores y Privilegiados, crónica de una universidad.

Arnáez rechaza de plano esa visión. Asegura que las agencias sí cumplen su cometido de garantizar unos mínimos en los procedimientos y los planes de estudio, con sistemas exactamente iguales que en el resto de países europeos. Aunque admite que es casi imposible que descubran casos como el de la Rey Juan Carlos. "Las irregularidades tienen que detectarse sobre el terreno y nuestros evaluadores solo entrevistan a un número reducido de alumnos y profesores. Puede haber fallos que no se detecten", acepta. Arnáez considera que para asegurar la calidad de los programas es necesario que las propias universidades utilicen bien sus herramientas de control interno. "Yo no creo en una superagencia que lleve a cabo un control fiscalizador de todo el proceso. En el sistema universitario cada uno tiene que asumir su responsabilidad", añade.

Responsabilidad

El secretario general de Universidades no avanza en qué sentido irá su propuesta de renovación y mejora de las agencias de calidad. Coincide con Arnáez, en todo caso, en la responsabilidad de cada miembro del sistema debe tener. Además, está convencido de que, en un entorno tan gigantesco e inabarcable como la universidad, solo los controles internos pueden garantizar que las posibles irregularidades se detecten rápido. "Creemos plenamente en la autonomía universitaria, pero requiere autocontrol". Por ello, cree que una iniciativa que puede ayudar mucho a mejorar las cosas es la extensión de la acreditación institucional, un nuevo procedimiento iniciado en enero de este año que, en lugar de verificar los títulos, se centra en acreditar los centros que integran las universidades. "Mide que los controles internos sean efectivos y reduce la burocracia". De momento, solo cuatro universidades españolas han empleado este sistema, según datos de la Aneca.

Pero el profesor Bermejo — representante de ese extendido grupo de críticos que ven las universidades como organizaciones enfermas de endogamia y corrupción— pone en duda las posibilidades de éxito. Opina que, si las supervisiones externas no funcionan (ni las agencias de calidad ni la fiscalización por parte de las cámaras de cuentas, que no se hacen de forma regular ni sistemática), mucho menos lo harán los controles internos. Para empezar, "porque los rectores tienen todo el poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial", explica. La imagen se completaría, según su descripción, con otros pequeños centros dispersos de poder (departamentos, facultades...), regidos también por profesores elegidos por sufragio, en los que se crean entramados de intereses propios mientras se diluyen las responsabilidades.

El principal contrapeso en ese contexto serían los consejos sociales de las universidades, en los que participan representantes de la sociedad (políticos, sindicatos, empresarios). Una de sus principales funciones es aprobar cada año los presupuestos que presenta el equipo de Gobierno con el rector a la cabeza. Sin embargo, muchos informes —del Ministerio de Educación o del Tribunal de Cuentas— han insistido en la última década en las dificultades que tienen los consejos para ejercer esas labores de control por falta de información y de medios. Por ejemplo, un exmiembro de la gerencia de una gran universidad pública asegura que la contabilidad de los campus es tan complicada y tan distinta de cualquier otra, que ni los empresarios las entendían y las acababan aprobando a ciegas.

Francisco García, vicerrector de la Universidad de Lleida y responsable del grupo de trabajo sobre calidad de la Conferencia de Rectores (Crue) defiende la postura opuesta, no porque no crea que las cosas se pueden hace mejor, sino porque cree que la situación general es ya muy buena, que esos sistemas de contrapesos internos funcionan (los departamentos, las facultades, el claustro de profesores, el consejo de gobierno, el consejo social) y también los externos. El presidente de la Crue, Roberto Fernández, rector de la misma universidad, la de Lleida, resume así la situación generada tras el escándalo de los másteres en la Rey Juan Carlos: "Los rectores no nos oponemos, en absoluto, a la implantación de más controles para garantizar la excelencia de los trabajos académicos; bienvenidos sean. Pero me gustaría recalcar que ya hay una enorme cantidad. Prueba de ello es que, dentro de un colectivo total de 200.000 trabajadores universitarios, no hay ningún rector ni decano ni gerente procesado".

Además, el rector insiste en calificar el de la Rey Juan Carlos como un "caso particular" que no puede ni debe empañar la imagen de toda la universidad. Y advierte a los políticos que la utilizan "en sus disputas partidistas" lo que está en juego: "A la sociedad española le ha costado mucho conseguir esta Universidad".

Un cuerpo de inspectores dentro de los campus

Cada universidad pública tiene sus propios instrumentos de control interno, que van desde los servicios de intervención o las oficinas de control interno a unidades económicas financieras, explica Antonio López, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía y exvicerrector de la Universidad de Granada. Entre todos ellos, algunos expertos opinan que existe una figura que, en las condiciones adecuadas de independencia funcional y económica y con los medios adecuados, puede ejercer eficazmente ese control interno tan necesario: el inspector de servicios de las universidades.

Una figura que, aunque está recogida en una norma (un real decreto) de 1985, existe en menos de la mitad de los 50 campus públicos españoles, asegura el profesor de la Complutense José Manuel Chozas. Él ejerció ese cargo durante años en su universidad y opina, como jurista y experto, que esta inspección es obligatoria aunque no aparece en la actual ley de universidades, de 2001, reformada en 2007.

"Sus funciones dependen de lo que quiera cada universidad, dentro de los estatutos. En principio, tiene que llevar todos los asuntos disciplinarios —el monopolio de las sanciones lo tiene el rector, pero la instrucción de los expedientes recae siempre en la inspección— y el seguimiento docente, es decir, que se dan las clases, que los másteres funcionan, etcétera. Ese es el mínimo, a mi juicio, según la legislación". Chozas opina que los problemas actuales de la universidad tienen muchas facetas, pero sin duda una de ellas "es la falta de potenciación de los servicios internos de inspección". "A ningún rector le interesa tener ahí un inspector que le pueda inspeccionar a uno mismo", añade.

Tanto él como Andrés Falcón, Inspector jefe de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, están convencidos de que un servicio de inspección fuerte e independiente habría atajado mucho antes las actividades irregulares del instituto de Álvarez Conde. Falcón pertenece al cuerpo de Inspección Educativa de Canarias, por lo que no solo tiene un puesto fijo externo a la universidad, sino que tiene la experiencia de haber controlado la actividad de todas las etapas educativas. Su caso, singular entre los inspectores universitarios, no solo garantiza su autonomía, sino también su profesionalización, señala.

También insiste Falcón en los planes de actuación anuales (que la inspección no solo actúe cuando haya denuncias o cuando se lo pida el rector) y en la supervisión y control de toda la actividad universitaria en sentido amplio, de los profesores, los alumnos y personal administrativo. Esto puede incluir la actividad de los másteres, la revisión de trabajos de fin de grado (si alguien los denuncia) y hasta la verificación de los currículos de los profesores para ver si se ajustan a la realidad.

En la Universidad Rey Juan Carlos, la Inspección de Servicios ya existe desde el año 2001. Sin embargo, el rector, Javier Ramón, afrontó hace unos días el inicio de uno de los cursos más críticos de su polémica historia reciente con el anuncio de un nuevo reglamento de inspección que "dotará al servicio de los medios humanos y materiales necesarios para analizar los riesgos institucionales a los que estamos sometidos y pueda realizar sus investigaciones con la celeridad" que demanda la sociedad, dijo.

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