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El mayor hospital concertado gallego gana otro pulso a la Xunta

Feijoó cede y aportará cinco millones para medicamentos además de los 80 del convenio

Hospital Povisa en Vigo, en preeconcurso de acreedores.rn
Hospital Povisa en Vigo, en preeconcurso de acreedores.

Povisa, uno de los hospitales privados más grandes de España y con uno de los más rentables conciertos con la Administración pública, echa un pulso a la Xunta: quiere más dinero de la Administración gallega, que le factura 80 millones anuales por un cupo de 137.000 cartillas de pacientes del área de Vigo. El policlínico vigués ha solicitado el preconcurso de acreedores apelando la pérdida de 42 millones de euros desde la prórroga del conveniofirmada en 2014. El hospital, que tiene una plantilla de 1.500 trabajadores (273 de ellos, médicos, y 467 técnicos y enfermeros) amenaza al Gobierno gallego, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, con romper el concierto y devolver a la sanidad pública los 137.000 pacientes. Mientras desde colectivos ciudadanos y sindicales instan al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) a que rescate el hospital para la sanidad pública, la Xunta realizó el jueves una primera cesión: se compromete a asumir la gestión de los gastos farmacéuticos de los pacientes adscritos pero no ingresados en el hospital.  

A diferencia de la Comunidad Valenciana que, en cumplimiento del Pacto del Botánico sellado por el Gobierno de las fuerzas del cambio (Partido Socialista, Compromís y Podemos), ha iniciado la recuperación del hospital de Alzira poniendo fin a la gestión privada de la sanidad pública, el Sergas no quiere oír hablar de rescatar Povisa. Lejos de ello, ha realizado la primera cesión: el pago de los medicamentos a los pacientes ambulatorios.

La Xunta de Feijóo no quiere poner fin al modelo. Pese a la visión de los sindicatos y de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que piden el rescate del hospital convencidos de que el preconcurso de acreedores no es más que una treta de la empresa para renegociar el concierto en términos más beneficiosos, el Sergas ya ha rechazado la opción del rescate que supondría asumir un volumen considerable de pacientes generando un problema de espacio y de personal tras años de recortes en la sanidad pública. No obstante, ha ofrecido al hospital intervenir su farmacia y pagar la medicación ambulatoria de los pacientes externos: unos cinco millones de euros.

La solicitud del preconcurso de acreedores supone un nuevo órdago del hospital privado a la Administración gallega, que hasta la fecha ha accedido a todas las reclamaciones de la empresa. La última, en 2010, cuando Povisa remitió un comunicado a los medios de comunicación anunciando que se vería abocada a presentar un ERE ante la “falta de negociación para un nuevo acuerdo que visibilice el futuro del hospital”. Feijóo reaccionó entonces de inmediato: anunció la prórroga del convenio con el hospital hasta 2014 y el ERE se esfumó.

El antecedente de Alzira

EMILIO DE BENITO

Los acuerdos de la sanidad pública con proveedores privados tienen una fuerte crítica ideológica –ahí está la marea blanca-, pero también económica. El caso más claro fue el de Alzira, en el que la Comunidad Valenciana subcontrató con una empresa el funcionamiento del hospital de la zona. La primera concesión fue en 2000, pero tres años después la empresa que lo gestionaba, Ribera Salud, tuvo que pedir ayuda. Gestionar solo el hospital no les era rentable. La Generalitat, gobernada por el PP, aumentó la cuantía que le daba por habitante y le asignó, además, la atención primaria, con lo que podían incentivar o desanimar los ingresos y modular el trabajo en el sistema. En marzo de este año la comunidad recuperó la gestión. La empresa afirma que con ello se pierde el ahorro de un 25% del coste en la atención. La Generalitat argumenta en contra.

Aquel modelo fue el más llamativo, pero los conciertos existen en la mayoría de las comunidades, desde Cataluña a Andalucía, gobierne el que gobierne. En Madrid, Esperanza Aguirre inauguró entre 2006 y 2012 hasta nueve hospitales de gestión privada, que se sumaron al buque insignia de este modelo en la comunidad, la Fundación Jiménez Díaz. La acusaciones de sobrecoste han sido continuas, y en el caso de este último, recientes: el día 3 de este mes, Podemos denunció que la comunidad se podía ahorrar 60 millones limitando la derivación de pacientes a este centro propiedad de Quironsalud.

Otros casos que han enturbiado las relaciones han sido el de Boi Ruiz, consejero de Salud catalán entre 2010 y 2016 con Artur Mas (Convergència i Unió), quien nombró presidente del Instituto Catalán de la Salud a Josep Prat, proveniente de la empresa privada (igual que sucedió en Madrid con Antonio Burgueño, quien elaboró el plan de privatizaciones para Aguirre después de ser promotor del modelo Alzira y directivo de una empresa de sanidad privada).

Otro tipo de choques han sucedido, por ejemplo, en Andalucía, como la negativa del hospital propiedad de una orden religiosa donde estaba Inmaculada Echevarría a desconectarle el respirador que la mantenía con vida contra su voluntad y que forzó a trasladar a la enferma a un centro público para recibir la atención a la que tenía derecho.

Unos años antes, en 2006, había presionado también a la Xunta anunciando que acudiría a los tribunales si no pagaba la deuda acumulada en el periodo 2000-2004 por el “exceso de cupo”. El hospital, que registra históricamente las listas de espera más largas de Galicia, aseguraba que si recibía más dinero acabaría en 14 meses con las demoras. El Gobierno autonómico, presidido entonces por el socialista Emilio Pérez Touriño, pagó. Las listas de espera continuaron creciendo.

En 2014 Feijóo firmó la prometida prórroga del concierto. Lo hizo su entonces conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, directiva al mismo tiempo del grupo privado Nosa Terra, dueño del hospital.

No obstante, la empresa no lograba los beneficios esperados. Dos años después de firmar aquella prórroga, el hospital declaró 7,1 millones de euros en pérdidas y presentó una reclamación administrativa ante el Sergas para que le pagase 9,8 millones de euros por fármacos.

Ahora Povisa pide el preconcurso de acreedores aferrándose a un informe redactado por “expertos independientes” que concluye que las pérdidas registradas desde 2014 ascienden a 42 millones y se deben “exclusivamente” a su actividad en el sector público. La empresa sostiene que el Sergas le factura servicios que no están en su cartera y asegura que que le han reducido progresivamente el envío de pacientes a sus áreas de referencia (tiene 137.000 de los 140.000 que puede asumir) y alude a las dificultades con las que se encuentran los pacientes que quieren trasladarse a su hospital.

El centro ha difundido un comunicado en el que achaca la situación a las “lesivas” reinterpretaciones que el Sergas esta haciendo del convenio y sostiene que hace meses que ha informado de ello a la Xunta. Asegura que no pretende “ganar un solo euro” con la atención pública que considera “altamente deficitaria para el hospital” sino conseguir un equilibrio financiero que le permita mantener su actividad. Y asegura que ha hecho frente a esas pérdidas tirando del fondo de reserva derivado de su actividad privada con aseguradoras y pacientes particulares y porque lleva “25 años sin repartir dividendos” entre sus accionistas.

A las acusaciones de la empresa, el Sergas responde señalando que las discrepancias económicas que menciona el hospital privado fueron resueltas ya en los juzgados que confirmaron el criterio de la Xunta y puntualiza que se están cumpliendo “estrictamente” los términos del concierto.

El nuevo órdago de Povisa no ha cogido por sorpresa a los trabajadores. El sindicato CIG asegura que esperaba que la empresa realizase “un nuevo chantaje con los trabajadores, amenazando con no pagar las cotizaciones como método para renegociar un convenio atípico y opaco”; una excusa similar, sostiene, a la del ERE de 2010.

Los grupos de oposición (En Marea, BNG y PSOE) piden una auditoría urgente de las cuentas de la empresa así como de las del grupo familiar que encabeza el empresario naviero José Silveira, presidente del grupo Nosa Terra, “incluida la sicav declarada por miembros de la misma”, puntualiza el portavoz de la Marea de Vigo, Rubén Pérez. La Xunta, de momento, apuesta por el diálogo.

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