Protesta en Canarias contra la privatización de la sanidad

La Marea Blanca, el movimiento de protesta contra la privatización de la sanidad pública, llegó a su pleamar ayer en Canarias. Las manifestaciones, una en cada una de las capitales de las dos islas mayores, Tenerife y Gran Canaria, critica los malos resultados del sistema (la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública la sitúa la última en la clasificación anual que elabora), la falta de financiación (dedica el 39% del Presupuesto) y la privatización: es la tercera comunidad que más gasta en conciertos con centros privados.

En el epicentro de las críticas está el consejero de Sanidad canario, José Manuel Baltar, acusado de impulsar la privatización del sistema. Baltar fue, antes de llegar al Gobierno insular en 2017, director de operaciones del grupo hospitalario San Roque, de titularidad privada.

Esta relación fue criticada el pasado mes de abril por la exvicepresidenta canaria y actualmente diputada regional socialista Patricia Hernández, quien acusó a Baltar de haber aumentado el año pasado un 51% las derivaciones quirúrgicas al Hospital San Roque, según datos solicitados por los socialistas a la propia consejería a través del Parlamento canario. Además, hubo un 17,3% más de derivaciones quirúrgicas a la privada que en 2016, y un incremento de 8,6 millones de euros en este tipo de gasto.

La consejería no ha querido hacer declaraciones a este periódico sobre esta cuestión, pero su titular invitó en el Parlamento a Patricia Hernández a ir a “los juzgados” si veía alguna ilegalidad. En un tenso debate, Baltar afirmó que las derivaciones las hacen los funcionarios de acuerdo a un protocolo y que, tras el aumento de 220 millones de euros del presupuesto sanitario del pasado año, el nivel de concertación general ha bajado un 0,68%. “Usted concertará menos, pero paga 19 millones de euros más”, le respondió Hernández.

La sanidad canaria ha vivido una época convulsa. Después del acuerdo de legislatura de 2015 entre Coalición Canaria (CC) y el PSOE, asumió su titularidad el socialista Jesús Morera. Este se propuso cambiar los conciertos, algunos de los cuales son preconstitucionales y se han prorrogado a pesar de que muchos hospitales y clínicas no cumplen los requisitos de homologación establecidos por una orden de 2006.

Hay mucho dinero detrás: Canarias gasta unos 270 millones de euros anuales en conciertos con la sanidad privada, según el Análisis de Situación de 2018 del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, entidad que agrupa al sector sanitario privado. Eso significa un 10% del presupuesto sanitario, lo que la convierte, junto a Baleares, en la tercera comunidad que más porcentaje de gasto dedica a la concertación, después de Cataluña y Madrid.

Para Juan Márquez, portavoz de Podemos en la Comisión de Sanidad del Parlamento Canario, “cuando Morera se atrevió a tocar el nervio de los conciertos, muchos saltaron. Parecía que nosotros lo defendíamos más que sus compañeros de Gobierno. Hay una gran connivencia entre CC y el sector de la sanidad privada”.

Con la ruptura del acuerdo a finales de 2016, los socialistas fueron expulsados del Gobierno y la consejería ha iniciado el proceso para firmar los nuevos conciertos de centros de media estancia. “Pero pervirtiendo el espíritu con el que nosotros habíamos trabajado”, se quejan los socialistas. Entre otras cosas porque, según sus cálculos, las nuevas tarifas supondrán 6,5 millones de euros más para la privada.

Según Arturo Borges, portavoz en Tenerife de la Marea Blanca, “la patronal sanitaria y CC se han dado cuenta de que es inevitable legalizar la situación, pero también de que tienen la sartén por el mango y están en condiciones de aumentar el dinero para los conciertos”.

Baltar, que fue también vicepresidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española, se abstuvo inicialmente de figurar en el concurso de nuevos conciertos por cuestiones de incompatibilidad. Pero a última hora ha intervenido para que los hospitales y las clínicas que participen tengan un año más para cumplir los requisitos de homologación establecidos en 2006, según ha informado el periódico digital Canariasahora.

La gran duda es cómo se podrá enderezar un sistema de salud que es el peor de toda España, según el informe de 2017 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que atiende a criterios de financiación, recursos, funcionamiento, listas de espera, gasto farmacéutico y valoración de los pacientes.