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La Generalitat valenciana inicia la reversión de la sanidad privatizada

El Gobierno de Puig comunica a Ribera Salud que ya no puede tomar decisiones de forma autónoma

El hospital de La Ribera, en Alzira (Valencia)
El hospital de La Ribera, en Alzira (Valencia)

La Generalitat valenciana ha iniciado la reversión de la sanidad privatizada. El Gobierno que preside el socialista Ximo Puig ha remitido dos cartas a Ribera Salud comunicándole que ha activado el protocolo para que el área sanitaria de Alzira, la primera que adoptó este modelo, en 1999, y en la que viven 247.300 personas, vuelva a ser de gestión pública.

El proceso de reversión durará un año y se hará efectiva el 1 de abril de 2018. Durante ese tiempo, según consta en las instrucciones que ha transmitido la Generalitat a la empresa Ribera Salud, la concesionaria, que ha anunciado que recurrirá a los tribunales, no podrá tomar ninguna decisión relevante sin contar con el visto bueno de la Administración autonómica.

La empresa que gestiona el área de Salud de la comarca de La Ribera no podrá contratar o despedir empleados, nombrar directivos, incluidos los jefes de servicio, adquirir suministros o enajenar bienes sin la autorización de la Generalitat. Deberá, además, informar al Gobierno valenciano al detalle en el plazo de un mes de su estructura organizativa, de personal y de funcionamiento, así como de sus propiedades.

"Una vez esta consejería cuente con la información requerida, se valorará la conveniencia de desplazar al departamento de La Ribera a los técnicos que se considere necesarios para realizar las verificaciones y comprobaciones oportunas", señalan las misivas a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

La compañía ha adelantado en un comunicado que recurrirá la decisión, que ha considerado "ideológica" y adoptada sin tener en cuenta las alegaciones que presentó al expediente iniciado por la Consejería de Sanidad para decidir sobre la prórroga del contrato. Desde su punto de vista, ello supone que el expediente respondió "a un intento de dar apariencia jurídica a una decisión previamente tomada".

La concesión de Ribera Salud en el hospital de Alzira y su área de salud concluye el año que viene, y, como había anunciado, el Ejecutivo valenciano inicia el protocolo previsto para revertirla. El Gobierno de Puig ha adelantado su intención de hacer lo mismo, conforme los contratos en vigor vayan venciendo, con los otros cuatro departamentos sanitarios que ahora tienen gestión privada y abarcan al 20% de la población valenciana, en torno a un millón de personas.

El conocido como modelo Alzira fue impulsado por la Generalitat en la etapa del entonces presidente Eduardo Zaplana, del PP, y sus sucesores, especialmente Francisco Camps, ahondaron en el mismo.

Ribera Salud fue propiedad inicialmente de las cajas de ahorros valencianas CAM, Bancaja y Caixa Carlet, que montaron el negocio a instancias de la Generalitat. Después fue cambiando de manos y ahora los dueños de la compañía, que también gestiona servicios sanitarios en Madrid (análisis clínicos) y Perú, son Banco Sabadell y la aseguradora norteamericana Centene.

La empresa sanitaria afronta, por otro lado, problemas judiciales. Un juzgado investiga el funcionamiento de su central de compras B2B, a través de la cual consigue descuentos que podrían ser ilegales.

Menor gasto

Ribera Salud defiende su modelo de gestión sanitaria con los argumentos de que su gasto por habitante es un 25% inferior y sus listas de espera alcanzan en torno a los "40 días frente a los 127 de la Consejería de Sanidad”.

El Gobierno valenciano acepta que ambos parámetros son mejores que los de la sanidad pública, aunque en niveles algo inferiores a los que esgrime la concesionaria. El Ejecutivo autonómico añade, sin embargo, que el modelo Alzira también genera costes adicionales. Como el hecho de que la Administración se vea obligada a litigar con la empresa por cada contrato o actualización de medicamentos. Así como por tener que dedicar esfuerzos a la vigilancia de posibles prácticas inapropiadas de la empresa.

El Ejecutivo autonómico considera, además, que la dimensión alcanzada por las concesiones, que no solo gestionan cinco hospitales sino también los centros de salud de sus respectivos departamentos, impiden desarrollar una política sanitaria coherente.

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