La Confederación del Tajo desconoce la existencia de los lodos radiactivos

La ley del silencio es férrea en torno a los enterramientos clandestinos de lodos radiactivos procedentes del vertido de 1970 desde Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón, en la Ciudad Universitaria de Madrid. Las tierras contaminadas se llevaron a los márgenes de la Real Acequia del Jarama. Pero muy pocos conocían –hasta este fin de semana– la existencia de esos ocho cementerios en los que la dictadura ocultó tierras con presencia (al menos) de cesio 137 y estroncio 90. Y entre esos pocos que sabían de la existencia de estas zanjas o banquetas clandestinas no está la propietaria de los suelos donde se enterraron los lodos: la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

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Los enterramientos se hicieron junto a la acequia de riego, que es propiedad de la Confederación. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han señalado este martes que a la CHT "no le consta" que se le informara de la existencia de las zanjas. "No obstante, dado que se trata de unos hechos de hace tantos años, se está haciendo un nuevo análisis en los archivos", añaden estas fuentes sobre la presencia de unos cementerios clandestinos de los que informó EL PAÍS el domingo.

La responsable del vertido radiactivo fue la Junta de Energía Nuclear (JEN), que con la llegada de la democracia fue disuelta. Con un gran secretismo, la JEN se encargó de la limpieza, sin comunicar el incidente a la población. El vertido comenzó en las instalaciones del entonces llamado Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón y pasó por las alcantarillas al Manzanares, Jarama y Tajo. La Real Acequia del Jarama fue drenada y parte de los lodos tóxicos se enterraron en 1971 en ocho cementerios, según los expedientes.

Los organismos herederos de la JEN –el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas)– tampoco difundieron la existencia de las banquetas. "No tenía ni idea", dice Emilio Ramón Lozano, alcalde popular de Borox (3.500 habitantes), uno de los municipios toledanos en los que habría zanjas con tierras contaminadas. "He preguntado también a agricultores de la zona, y no tienen ni idea tampoco", dice el regidor. "Pedimos a las Administraciones competentes que analicen e investiguen la zona y nos aclaren si existen riesgos".

Los actuales responsables del Ciemat y el CSN restan importancia al hipotético impacto sobre la población. Ambos defienden que con el paso del tiempo el nivel de radiación se ha reducido y no existe "un riesgo radiológico significativo".

Sin señalizar

Ninguno de los enterramientos está señalizado ni delimitado, con lo que la población no puede saber su ubicación. Un informe del área de Protección Radiológica Ambiental del CSN de 2012 concluía que se debía "realizar una caracterización más completa del alcance de la contaminación" en las zanjas tomando nuevas muestras. Pero la dirección del CSN no aplicó estas recomendaciones.

Nada sabían tampoco hasta ahora de estos enterramientos en el Ayuntamiento de San Martín de la Vega, municipio madrileño de 18.000 habitantes en el que también se excavó una de esas zanjas. "Nos hemos enterado ahora, no teníamos ningún tipo de conocimiento", apunta el Sergio Neira (PSOE), primer teniente de alcalde de la localidad.

El alcalde de este municipio, el también socialista Rafael Martínez, ha remitido un escrito al CSN en el que pide una reunión informativa. "También queremos que venga algún técnico del CSN aquí a explicarles a los vecinos y agricultores qué ocurre", añade Sergio Neira. Este Consistorio, a través de un comunicado, ha pedido este martes que se acabe con el "secretismo" para poder "disipar" las "dudas y preocupaciones".

"No lo sabíamos. No tenemos constancia". La misma sorpresa muestra Julián Martín, secretario de la Comunidad de Regantes de la Real Acequia del Jarama, que se encarga de gestionar ahora esta infraestructura. "La Confederación no nos ha trasladado nada", añade.

Tanto Unidos Podemos, a través de Juan López de Uralde (Equo), como el PSOE, a través de Pilar Lucio, han llevado este asunto al Congreso. El primero, a través de una batería de preguntas al Gobierno. La socialista, a través de una petición de comparecencia del presidente del CSN, Fernando Marti, para que clarifique este asunto.