El tijeretazo en educación no se revertirá hasta el curso que viene

En 2013, apenas cinco meses antes de que el Congreso aprobara la polémica Ley Wert con la mayoría absoluta del PP —y ni un voto más— la oposición se comprometió por escrito y con solemnidad institucional a buscar la oportunidad de revocar una norma que a medida que se iba conociendo reunía en la calle a miles de familias y profesores para protestar contra ella. Esa oportunidad ha llegado y suma dos nuevos actores políticos, Ciudadanos y Podemos.

Pero urge a los partidos revertir primero los recortes anticrisis del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que restan calidad a la educación pública. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, acordaron la semana pasada volver este mismo mes a la casilla de salida, pero, como recordó la ministra Isabel Celaá el martes, ese tijeretazo solo puede echarse abajo con otra ley. Por tanto, esos cambios no entrarán en vigor este curso, sino el siguiente. El anteproyecto de ley pasa por el Consejo de Ministros esta semana.

 Algunos cambios se vislumbran, sin embargo, para este curso que comienza. La crisis, si persiste,  ahoga menos y las partidas regionales así lo indican. Baleares lleva gastados 44 millones en reformar sus centros —cuadruplicando la partida de la anterior legislatura—; en Navarra, se ha multiplicado por cuatro el gasto para alumnado desfavorecido y la Comunidad Valenciana ha reducido a la mitad los estudiantes en barracones respecto a los 8.000 que se contaban hace tres años. 

Pese a ello, las cifras abonan el recelo de los sindicatos. Por tercer año consecutivo, el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que se destina a educación se ha reducido, pasando del 4% en 2017 al 3,8% este año. No obstante, la partida que gestiona directamente el Gobierno, principalmente destinada a becas, ha subido este año un 3%.

Pese a la contención en el gasto educativo, CC OO critica que las desgravaciones fiscales y cheques para familias con niños escolarizados en centros privados suponen 1.400 millones de dinero público. Mientras, la mayoría de las necesidades se concentran en los centros estatales, donde se matriculan la mayoría de los inmigrantes y el alumnado con necesidades especiales. La ministra Celaá baraja la idea que los centros concertados (sostenidos con dinero público) asuman parte de este alumnado.

Los últimos datos de Eurostat, de 2015, mostraban que solo Rumanía, Irlanda, Bulgaria e Italia invirtieron menos en educación que España. Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, alerta de que de seguir así “se acabará en los niveles de inversión educativa de los años ochenta” y con una situación “radicalmente diferente porque hoy se atiende a muchos más alumnos. Eso es una ecuación insostenible”.

Pero, como recuerdan siempre las personas expertas en esta materia, en educación no importa solo cuánto se invierta sino cómo se haga. La prueba es Castilla y León, la región díscola del PP en cualquier reunión de consejeros, que logra un gran resultado en las pruebas PISA con un presupuesto apenas por encima de la media nacional (6.000 euros por alumno). Este año, por ejemplo, destinan 17 millones de euros, tres más, para la gratuidad de los libros de texto. Y han diseñado un ambicioso plan para integrar a la población desfavorecida dotando de más recursos técnicos y docentes a 25 centros que se presenten voluntarios.

La precariedad de profesionales de la enseñanza ha sido la primera pesadilla con la que se ha despertado este nuevo curso. Las plantillas descienden desde 2012, cuando dejó de sustituirse a quienes se jubilaban, y aunque esta medida se derogó en 2016, el porcentaje de profesado interino ha alcanzado un histórico 30%. De poco han servido las oposiciones de este verano que han dejado 1.984 plazas vacantes debido al alto nivel de suspensos. La Comunidad Valenciana empieza el curso inmersa en esa polémica: la protesta de los interinos que no han conseguido plaza. La consejería asegura, en cambio, que entre el 70% y el 80% de las oposiciones ganadas fueron a manos de interinos.

En todo caso, ya no se permite que pasen más de 10 días sin sustituir al docente que toma una baja. O incluso antes de ese plazo si el centro es pequeño, afecta a alumando con necesidades especiales o que estudian el curso de la Selectividad.

Para ahorrar en personal, el ministro José Ignacio Wert obligó a los maestros de educación infantil y primaria a impartir como mínimo 25 horas semanales y 20 el resto de docentes. Ahora, los socialistas quieren dejar la decisión de acortar la carga lectiva en manos de las comunidades, un asunto más que espinoso. La prueba es Cantabria, donde los maestros comenzaron el viernes una huelga porque en infantil y primaria se reduce parcialmente la jornada lectiva en los meses de junio y septiembre. Menos maestros tocaban a más alumnos. La ley Wert permitió elevar un 20% el número máximo de estudiantes en clase, sin embargo, las comunidades ya no lo aplican. En aquellos años sí se echaron abajo tabiques en algunos centros para aumentar la capacidad del aula.

Otros cambios

Entre las medidas que se avecinan, los socialistas pretenden que la Religión deje de hacer media con el resto de las calificaciones escolares, que desaparezcan los itinerarios formativos que están obligados a elegir los niños a los 13 años y ya han anunciado que la ley que sustituirá a la LOMCE incluirá una asignatura de educación en valores. Pero alcanzar consenso en las leyes educativas siempre lleva tiempo. 

En algunas comunidades, sin embargo, las medidas anunciadas se antojan más inmediatas. Es el caso del plurilingüismo en la Comunidad Valenciana —castellano, inglés y valenciano— que ahora se tarta de una comisión porque el Gobierno central puso algunas objeciones. Mientras, Madrid ensaya incorporar un tercer idioma (francés o alemán) y en el País Vasco sigue avanzando la modalidad en euskera, objeto de un gran debate. El Gobierno de Aragón, sin embargo, ha optado por la igualdad y ordenado a cada centro que elabore un plan para ello.

El inicio de curso también presenta problemas que ya son clásicos. O endémicos. En la Comunidad de Madrid, 12.000 alumnos han iniciado las clases entre obras, mientras que 30 centros están a la espera de que empiecen los albañiles, según CC OO. La Consejería de Educación sostiene, en cambio, que “solo” ha reubicado a 800 estudiantes. Algunos niños llevan años esperando el colegio que les correspondería porque las constructoras abandonaron las obras –tras ganar los concursos con ofertas casi temerarias- y hay que volver a licitar. El Gobierno madrileño asegura que ha empezado a multar los incumplimientos de contrato, como exigían, desesperadas, las familias.

Cataluña está también patas arriba: 93 centros tienen todas las aulas en prefabricados, apenas dos menos que el curso anterior. Y también Andalucía, donde los sindicatos señalan  que el curso comienza “arrastrando problemas pasados” como las obras de climatización de las aulas y de retirada del amianto de algunos elementos constructivos. La consejería no facilita el número de barracones instalados que se cuentan por decenas.

  Con Información de Cristina Vázquez (Comunidad Valenciana), Antonio J. Mora (Andalucía) y Grego Casanova (Cataluña).