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Comisiones Obreras: “Si no hay un cambio, acabaremos con los niveles de inversión educativa de los años 80”

La partida para educación ha pasado de representar el 4,95% del PIB en 2009 al 4,21% en 2017

El consejero de Educación visita el colegio en el primer día del curso. Alvaro Garcia.
El consejero de Educación visita el colegio en el primer día del curso. Alvaro Garcia.Alvaro García (EL PAÍS)

La inversión pública en educación no se recupera al ritmo de la economía. El gasto del Estado en esa red ha caído siete décimas desde los peores años de la crisis, según la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FE-CC OO), que este jueves ha presentado el informe de comienzo de curso 2018-2019. Esa partida ha pasado de representar el 4,95% del PIB en 2009 al 4,21% en 2017 (datos provisionales). “Si la inversión educativa cae, el derecho a la educación se resiente”, ha advertido Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, a lo que ha añadido: “Después toda la gente se llena la boca diciendo que la educación es el futuro”.

En 2015, el PIB recuperó el nivel del 2009, según consta en el documento presentado por el sindicato, pero no sucedió lo mismo con el gasto público educativo, que estaba 12,5 puntos porcentuales por debajo del PIB, según datos de Ministerio de Educación recogidos por CC OO. “En 2017 la diferencia se agranda hasta 22,7 puntos, según las previsiones”, destaca el escrito y concluye: “No estamos ante un problema de recursos o riqueza, sino de distribución y de fijar prioridades”.

Para el sindicato, se trata “una insuficiencia crónica”. “En los años que llevamos de democracia, España nunca ha alcanzado la media de la Unión Europea en los niveles de gasto público educativo”, ha apuntado García, en una rueda de prensa ofrecida en Madrid. García ha alertado: “Si no hay un cambio de rumbo decidido en las políticas presupuestarias en educación acabaremos con los niveles de inversión educativa de los años 80”. Pero ha aclarado que la situación es “radicalmente diferente” a la de entonces: “Hoy tenemos que atender a muchos más alumnos. Y eso es una ecuación insostenible”. La educación obligatoria se extendió hasta los 16 años y se escolariza a los niños de tres a seis años en centros públicos.

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García ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a implementar un cambio de rumbo en las políticas presupuestarias y educativas. “Lo más sangrante en los recortes se ha ido a quienes más lo necesitaban, el gasto público de atención a la diversidad”, ha destacado. “Cuando más falta hacía, 900.051 millones de euros se fueron por el sumidero de los recortes y no lo vamos a recuperar”, ha añadido.

Más para la privada y menos para la pública

A partir del curso 2009-2010, hubo un repunte de escolarización en la red pública, que pasó de concentrar al 67,6% del alumnado a recibir al 68,2% en cinco años. Superados los peores años de la crisis, el porcentaje de alumnos en el sistema público alcanzó niveles similares a los de 2009 (67,3% en el curso 2016-2018). Los recursos destinados a la enseñanza pública, sin embargo, se redujeron en 59 puntos entre 2009 y 2016, según el sindicato.

“Las inversiones en la pública se han abandonado mientras crecían las inversiones en la privada”, ha afirmado García, que ha señalado que los conciertos y subvenciones destinados a la educación privada crecieron 2,8 puntos entre 2009 y 2016, “sin que el número de alumnos hayan crecido significativamente”.

Según analiza el sindicato, la implantación de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha tenido consecuencias en la diferente evolución de la inversión en el sistema público y en el privado. “Cada euro invertido en implementar la LOMCE es un euro invertido en exclusión, segregación y desigualdad”, ha zanjado García.

Desde 2013, cuando entró en vigor la normativa, hay 5.219 alumnos menos en la red pública, mientras que ascienden en 42.617 los estudiantes en la enseñanza privada. “Lo sorprendente es que la privada no concertada [4,9%] crece incluso más que la privada concertada [0,8%]”, señala García. Eso se explica, según el secretario general, por “la política de subvenciones y desgravaciones fiscales que algunos Gobiernos regionales tienen en marcha, como la política de cheque escolar”. “Es una tendencia que creemos que hay que corregir”, ha señalado García, quien ha instado al Gobierno a derogar la LOMCE. “Pedimos un cambio de rumbo y una apuesta por la enseñanza pública”, ha apuntado.

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