El PIB de la esclavitud sexual

La entrada del tráfico de drogas y la prostitución en el Producto Interior Bruto de los países de la UE tiene el mismo límite que se aplica a cualquier otra actividad integrada en las cuentas públicas: debe tratarse de un intercambio libre. Por este motivo, Francia encabeza una rebelión contra la inclusión de la prostitución, a la que por ahora no se ha sumado ningún otro país europeo.

"El aumento del PIB no puede basarse en la violación de los derechos humanos. Muchas prostitutas son niñas. La UE tiene que reflexionar sobre esto", afirma Carmen Quintanilla, diputada del PP y presidenta de la Comisión de Igualdad. "Sería necesario que el Gobierno de España hiciera lo mismo que el francés. No estamos de acuerdo en que esto se contabilice como riqueza, lo vamos a plantear en la comisión sobre Trata y Explotación sexual, cuyas conclusiones se elevan al Gobierno, aunque no son vinculantes", asegura por su parte la diputada socialista Carmen Montón, portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad.

Tanto la policía española como dos diputadas, del PP y del PSOE, que forman parte de la Comisión de Igualdad del Congreso además de la asociación Apramp, que trata de sacar de la calle a las mujeres que sufren explotación sexual, lo tienen muy claro: no es una actividad libre y consentida. La policía y las representantes políticas barajan cifras similares y aseguran que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen obligadas, "bajo coacción física, psíquica o cultural", en palabras de un agente que ha trabajado durante 17 años en la lucha contra la trata de mujeres. 

Nadie sabe a ciencia cierta de dónde procede el porcentaje del 90%, pero casi todos coinciden en que en muchos casos la prostitución se ha convertido en una nueva forma de esclavitud. Incluso la asociación Hetaira, que defiende la legalización de la prostitución en España y que rebaja mucho estas cifras, calcula que una de cada siete trabajadoras del sexo lo hacen obligadas.

"Las normas europeas dicen que las actividades ilegales debe contabilizarse en el PIB; pero solo aquellas en las que los dos actores actúen de forma voluntaria, en las que la transacción entre cliente y consumidor sea consentida", explica desde París Ronan Mahieu, jefe del departamento de cuentas públicas del INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos). "En el caso de la prostitución, se trata muchas veces de jóvenes, incluso menores, traídas a la fuerza, que entregan todo lo que ganan a sus proxenetas. Esto no debe de entrar en las cuentas públicas, no porque sea ilegal, sino porque no hay un acuerdo entre las partes".

La ministra francesa de la Mujer, Najat Vallaud-Belkacem, y la ministra belga de Interior, Joëlle Miquet, enviaron una carta rotunda a la Comisión: "La prostitución no es una actividad comercial libremente consentida. Creer que puede serlo es una decisión ideológica, es un espejismo y una ofensa a las millones de víctimas de la explotación sexual en todo el mundo". Bélgica, sin embargo, va a incluir esta cifra en el cálculo.

Un portavoz de Eurostat —la agencia encargada de las estadísticas oficiales— aseguró no haber recibido de forma oficial la objeción francesa y, por lo tanto, declinó pronunciarse. En el Instituto Nacional de Estadística (INE) español tampoco quisieron hacer declaraciones y un portavoz remitió a la nota que explicaba los nuevos baremos para medir el PIB.

La Apramp (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituta) está situada en el centro de Madrid, junto a una de las calles históricas de la prostitución de la capital, Montera, donde decenas de mujeres, algunas extraordinariamente jóvenes, pasan día y noche. "¿Quién va a estar 18 horas ejerciendo la prostitución de forma voluntaria?", se pregunta un policía. "Todas las mujeres que están ahí lo hacen obligadas. No es una actividad consentida ni un comercio libre, es un tráfico de seres humanos", opina Rocío Nieto, presidenta de Apramp.

El panorama que describen la policía y las personas que trabajan con las víctimas en la calle es muy similar. Casi todas las mujeres viven bajo una coacción física constante, son amenazadas o torturadas si hablan con la policía o con los trabajadores sociales. En la calle controlan todos sus movimientos y sus ingresos. Una parte enorme del dinero que reciben va a parar a las mafias con las que, en muchos casos, tienen además una deuda ya que vinieron a España engañadas y deben devolver encima el importe del viaje. Incluso les pueden quitar el poco dinero que les dan con un sistema de multas(por comer chicle o por bajar tarde a la sala). El objetivo es que nunca acaben de pagar la deuda y seguir alimentando todo el negocio que se mueve en torno a estas mujeres porque, además de quedarse directamente con los ingresos que generan, las mafias les venden todos los productos que necesitan, desde maquillaje hasta alojamiento o comida.

La nueva contabilidad, que entra en vigor el 22 de septiembre y cuya aplicación es obligatoria para los estados miembros, se basa en la aplicación del nuevo Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010) basado a su vez en recomendaciones de la ONU. En realidad, es una reinterpretación del viejo dicho del emperador Vespasiano: "El dinero no tiene olor".

"Es una cuestión de armonización para poder comparar mejor los PIB. Algunos países lo integran, otros no, así se armoniza. No se trata en ningún caso de legalizar actividades que son ilegales, simplemente de medirlas como hacemos por ejemplo con el trabajo en negro", explica Ronan Mahieu, del INSEE. El caso más claro es Holanda, donde la prostitución es legal y está regulada, cosa que no ocurre con muchos otros países europeos lo que dificulta la comparación entre los PIB de los 28. La armonización es esencial porque los países contribuyen al presupuesto comunitario según su PIB y la Comisión lleva a cabo controles periódicos. 

Pero el límite está claro: la voluntariedad de los actores. El documento ESA 2010 lo explica: “Las acciones ilegales que cumplan con las características del resto de las transacciones (que exista acuerdo mutuo entre las partes) deben ser tratadas igual que las acciones legales. Muchas acciones ilegales son crímenes contra las personas o propiedades y en ningún caso pueden ser contabilizadas como transacciones. Por ejemplo, el robo difícilmente puede ser descrito como una acción en la que dos partes participen basándose en un acuerdo mutuo”. En el documento en el que explica la metodología para medir las actividades ilegales, Eurostat lo escribe negro sobre blanco: “Los servicios de prostitución que no cumplan las características de una transacción económica deben ser excluidas”.