La prensa británica pierde la batalla legal contra el estatuto que regula su conducta

La prensa ha perdido su última batalla legal en el Reino Unido para forzar al Gobierno a considerar una versión alternativa del estatuto regulador de los medios escritos, aprobado meses atrás con el consenso de los tres grandes partidos. El fallo contrario emitido ayer por la Corte de Apelaciones no supone, sin embargo, el punto final del pulso entre quienes ven en el nuevo sistema una amenaza a la libertad de expresión y los defensores de ciertos mecanismos de control tras el escándalo de las escuchas ilegales que se saldó con el cierre de la cabecera centenaria del News of the World. Porque el gremio de periódicos y revistas baraja entre sus próximos pasos incluso esgrimir la Convención Europea de Derechos Humanos.

A la espera de una decisión concreta que anunciará en los próximos días Pressbog –asociación que agrupa a un grueso de rotativos- el desafío sigue en pie pese al revés encajado ayer en los tribunales. En la línea de otra sentencia anterior del Tribunal Superior, la Corte de Apelaciones desestimó la petición para que se revertiera la negativa del Gobierno a estudiar la propuesta de los propios periódicos sobre el cual debe ser el marco que garantice el comportamiento ético de la prensa. Frente a las alegaciones de que la industria no fue informada de los detalles del nuevo estatuto, el juez replicó que estos estaban preclaros en el llamado informe Leveson, el resultado de una investigación judicial sobre los pinchazos telefónicos a personajes famosos para conseguir exclusivas, y que se saldó con la recomendación de reforzar la regulación de la prensa escrita.

A raíz de aquel escándalo, que hace tres años soliviantó especialmente a la opinión pública al trascender que periodistas del dominical News of the World habían intervenido incluso el móvil de una adolescente secuestrada y luego asesinada –Milly Dowler-, el primer ministro británico, David Cameron, tuvo que aceptar la idea de un mecanismo supervisor de los medios. La noción liberal de una prensa sin cortapisas y el temor a enfrentarse a los grandes varones de los medios escritos condujeron a Cameron a negociar con sus propios socios del Gobierno –los liberales demócratas- y la oposición laborista un sistema de adscripción solo voluntaria de los diarios.

Ese estatuto que ya ha recibido la sanción real (la royal chart o cédula real), y que no es estrictamente una ley sino un marco de comportamiento, presionará a los medios para publicar, por ejemplo, la rectificación de informaciones erróneas en un lugar destacado y no relegado a aquellos espacios que casi nadie lee. Quienes declinen acogerse al sistema afrontan, no obstante, la amenaza de ser castigados con multas “ejemplares” y millonarias en el supuesto de que difundan informaciones falsas.

Medios principalmente de signo conservador, como el Telegraph, los tabloides Daily Mail y Express y las cabeceras bajo el paraguas del grupo Murdoch (The Times, The Sun) han encabezado desde entonces la contestación al primer estatuto regulador de la prensa británica en 300 años. Otros periódicos como The Guardian, The Independent o el Financial Times siguen el debate desde la barrera, porque no se identifican con los excesos en los que ha incurrido una cierta prensa en los últimos años y, por lo tanto, no consideran que el nuevo estatuto vaya a afectarles. Pero eso no significa que lo avalen sin más, porque la intromisión política en los medios sigue siendo materia sensible en un país orgulloso, a pesar de todo, de la libertad de su prensa.

El Telegraph Media Group, que no se ha visto empañado por los escándalos y cuyo periódico de referencia no ha dudado en publicar informaciones que dañaron al Gobierno aunque ambos compartan la filiación conservadora, figura a la cabeza de quienes abogan por que sea la misma prensa la que se autorregule. Plantó cara al nuevo estatuto y participó en la reciente puesta en marcha de la Organización de Estándares de la Prensa (Ipso), que pretende dirimir quejas sobre los periódicos y que ha nombrado al juez Alan Moses para vigilar el proceso. Grupos de víctimas de los pinchazos telefónicos como Hacked Off consideran ese paso una mera pantomima.

Sus promotores aducen, en cambio, que solo la propia prensa debe ser la encargada de controlar los excesos de algunos de sus miembros. Para defender esa tesis están dispuestos a traspasar la geografía británica y recurrir a la legislación de la UE, un gesto que de confirmarse resultaría paradójico cuando muchos de esos medios han venido recreándose en su acerado euroescepticismo.