Educación política

La reforma de Wert ya está aprobada y el ministro al que debe su nombre asegura que dentro de tres años, cuando conozcamos el próximo Informe PISA sobre el nivel educativo de los adolescentes españoles, sonreiremos de orgullo ante la mejora educativa lograda. No le vendría mal a España ese chute de autoestima colectiva, pero quizá peca de optimismo el político fiándolo todo a una ley que ha nacido, como todas las anteriores, lastrada por la polémica y la ausencia de consenso.

 Ahora que celebramos el 35º aniversario de la Constitución española y, por tanto, de la democracia, hay que recordar que nunca en estos 35 años se han puesto de acuerdo los dos grandes partidos de gobierno para aprobar una ley educativa. Volver la vista atrás en este asunto produce congoja. Ninguna de las siete leyes aprobadas hasta la fecha logró tampoco jamás el apoyo de los tres quintos del Congreso de los Diputados, el listón que marcan las leyes, por ejemplo, para retocar la Constitución o nombrar a los vocales del Consejo del Poder Judicial.

Solo la LOGSE de 1992 rozó ese listón de los tres quintos (210 escaños), con 205 votos a favor. Fue la ley que terminó con la EGB y el BUP, dividió los ciclos académicos en educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, impuso la escolaridad obligatoria hasta los 16 años y redujo el número de alumnos por clase. Pero fue una norma de los socialistas y, por tanto, el Partido Popular votó en contra de la misma manera que el PSOE se opuso antes y después a todo cambio normativo que hiciera en este terreno el centroderecha (UCD) o el propio PP. Los dos grandes partidos españoles han sido capaces de pactar muchas veces a lo largo de la historia; desde la reforma de la Constitución hasta la ley antidopaje. ¿Por qué no en este asunto tan importante? El Informe PISA evalúa el nivel educativo de los chicos de 15 años. Quizá si hiciera algo similar con la educación política de nuestros legisladores, que en España carecen de estudios especializados para la función pública como en Francia, se cosecharían peores resultados.

Cuando el PP está en la oposición, recurre las reformas educativas del PSOE. Cuando la situación es inversa, el resultado es el mismo: el Gobierno no admite apenas enmiendas y la oposición torpedea la ley ante el Constitucional o la deroga al llegar al poder. Lo hizo el PSOE con la del PP de 2002.

Ahora que estamos de celebración democrática sería el momento de que los políticos españoles reflexionaran un poco sobre esta cuestión. No es aceptable que sean capaces de repartirse los puestos del órgano de gobierno de los jueces (que, a su vez, elegirán a los miembros de los altos tribunales que, finalmente, juzgarán a los políticos corruptos) y no de consensuar algo tan esencial para la ciudadanía como la educación. Los socialistas amenazan con derogar la nueva ley, así que dentro de tres años si hay motivos para sonreír será difícil, con tantos cambios, encontrar la solapa sobre la que colgar la medalla. Negociar, ceder y buscar el denominador común para dotar de estabilidad al sistema sería un buen principio. Quizá así se obtuvieran mejores resultados y nuestros ministros de Educación podrían celebrarlo juntos. De paso, los ciudadanos recobrarían su perdido afecto por la política.

gcanas@elpais.es