El dinero para dependencia se congela a pesar de la abultada lista de espera

Mientras una abultada bolsa de dependientes (más de 200.000) sigue sin poder acceder a las prestaciones a pesar de tener el derecho reconocido, y el número de beneficiarios se encuentra en claro retroceso, el Gobierno apuesta por dejar la situación como está y congelar el presupuesto para estos fondos en 2014.

La partida destinada a las comunidades autónomas en el anteproyecto de presupuestos para el año que viene, es decir, la cuota que le corresponde pagar al Gobierno por los dependientes, es la misma que la registrada en las cuentas de 2013. El dinero reservado para el nivel mínimo de protección –tal y como se conoce la parte del coste de dependencia que corresponde al Estado por dependiente registrado— asciende a 1.087.179.320 euros en 2014 y, formalmente, es igual al presupuesto inicial del año 2013.

Formalmente porque, en realidad, esta cantidad será ligeramente inferior. El Ministerio de Sanidad ha detraído un 0,1% (1.097.270 euros) para hacer frente a deudas pendientes correspondientes a las ayudas estatales a la dependencia de este ejercicio que hayan quedado por saldar con las comunidades autónomas.

Si en lugar de comparar con 2013, se abre más el foco y se toma como referencia las cuentas de 2012, las diferencias son sensiblemente mayores. Respecto a entonces, el recorte en el nivel mínimo es del 15%. Pero, además, en este año se eliminó otra partida estatal destinada a las comunidades autónomas, el llamado nivel acordado, que ascendía a 283 millones de euros, que las regiones ya no han vuelto a recuperar.

El inmovilismo presupuestario de la partida de 2014 refleja la poca confianza que tiene el Ministerio de que las distintas Administraciones autonómicas avancen en la gestión de la ley, en pleno retroceso. Las autonomías son las responsables de incorporar a los nuevos usuarios. El coste de cada nuevo beneficiario se reparte entre el copago al que puede estar sujeta la ayuda, la aportación de la comunidad autónoma y la del Estado (el nivel mínimo que reflejan los presupuestos). La asfixia financiera de buena parte de las autonomías está provocando un retraso en la concesión de ayudas, hasta el punto de que, como reflejan los datos oficiales, los beneficiarios de la dependencia en España van a menos.

Como resultado de esta situación, los beneficiarios mueren y (con alguna excepción) las autonomías no son capaces de mantener el ritmo de reposición, como insiste de forma repetida la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Así, entre enero y agosto (último mes con datos disponibles) el número de personas que gozan de una ayuda ha caído en 11.872 hasta situarse en 739.724 personas.

Algo similar sucede con la bolsa de 201.729 personas (a 31 de agosto) a los que las autonomías han reconocido como personas en situación de dependencia y con derecho a recibir prestaciones que, sin embargo, permanecen al margen del sistema atascados en el marasmo burocrático de la ley. Es cierto que este conjunto de personas era más numeroso en enero de este año (casi 31.000 más). La reducción de la lista de espera, según la entidad integrada por especialistas en servicios sociales, se debe en buena medida a la misma razón que explica la caída de beneficiarios: muchas personas mueren a las puertas del sistema sin ser atendidas. 

Las previsiones hacia las que apuntan los presupuestos no invitan a pensar que vaya a haber cambios sustanciales en la gestión de las ayudas. En agosto, según la asociación de directoras y gerentes, cada día se perdieron 150 beneficiarios de la dependencia y cada media hora se perdió un empleo relacionado con el sistema.