La ciencia como deporte de riesgo

El Gobierno argumenta que se está haciendo un “esfuerzo considerable” para mantener la inversión pública en I+D. Sin embargo, el gasto real ha caído un 33,1% durante la presente legislatura (45,7% desde 2009), dejando a nuestro país por debajo de la media europea (UE-27) en términos de porcentaje del PIB. Para maquillar este drástico recorte presupuestario en el sector público de investigación, año tras año el Gobierno ha incrementado los fondos destinados a créditos para el sector privado. Pero no nos engañemos: no es una inversión real, son créditos y en su mayoría no son requeridos por un sector privado que ha perdido interés en actividades de I+D.

Los recortes presupuestarios recurrentes están minado el sistema público de investigación. La convocatoria de proyectos del Plan Estatal de 2013 debería haber salido en diciembre de 2012 pero todavía no lo ha hecho. Incluso si fuera publicada en las próximas semanas, el tiempo requerido para evaluar las propuestas indica que de forma efectiva se habrá perdido un año de convocatoria. También preocupa el cambio brusco en la estrategia de financiación de proyectos de investigación no orientada a proyectos de investigación orientada (que ha pasado de no existir en 2012 a llevarse dos tercios del presupuesto total en 2013) y la fuerte priorización de proyectos que prometen un impacto en el mercado a corto plazo.

Incluso cuando los grupos de investigación obtienen proyectos aprobados, no existe ninguna certidumbre de cuándo vayan a recibir la financiación correspondiente. En 2012 hubo un retraso de siete meses. Pero no solo eso, los investigadores se quedaron de piedra cuando se publicó un Boletín Oficial del Estado donde el Gobierno anunciaba que los proyectos de investigación de tres años ya convocados se extendían a cuatro años sin aumentar la financiación para el cuarto año.

Por si eso fuera poco, Hacienda bloqueó la transferencia de fondos aprobados por el Ministerio de Economía y Competitividad a grupos de investigación en Universidades pertenecientes a Comunidades Autónomas que no habían alcanzado el objetivo de reducción del déficit. Estas decisiones fueron después revocadas, pero la incertidumbre forzó a muchos investigadores a paralizar su trabajo durante más de medio año.

Nadie en el Economía garantiza que esta situación caótica no se vaya a repetir durante la convocatoria de proyectos de 2013 (si finalmente sale), añadiendo la investigación a la lista de deportes de riesgo. El ministerio culpa a Hacienda de la situación… el Gobierno parece boicotear deliberadamente su propia política científica.

Los centros de investigación y universidades están perdiendo puestos de trabajo permanentes. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) solo está reemplazando un 3% de los investigadores que se jubilan. Los programas de recursos humanos para jóvenes científicos también han sufrido, el del CSIC ha desaparecido por completo, mientras que los programas Juan de la Cierva y el de incorporación Ramón y Cajal se han reducido un 30%, acumulando retrasos que de nuevo dan lugar a un intervalo de más de un año sin financiación. Como los salarios de muchos estudiantes de doctorados, investigadores posdoctorales y personal técnico dependen de estas fuentes de financiación (proyectos de investigación y programas de recursos humanos), estos retrasos, junto con las trabas burocráticas usuales en los procesos de contratación, han forzado a un número indeterminado de investigadores a trabajar durante extensos periodos de tiempo sin cobrar; una forma interesante de alentar a nuestros jóvenes al voluntariado.

El efecto de estos recortes y retrasos amplifica los problemas estructurales existentes en la carrera investigadora en España, de forma que más y más investigadores están viéndose forzados a contemplar la emigración o a dejar la investigación —en drástico contraste con la postura del Gobierno de que la fuga de cerebros es un “cliché injustificado”—. Frecuentemente se pregunta cuánto le cuesta a la sociedad formar a todos estos investigadores que se pierden; pero la pregunta más relevante sería cuál es el precio social a pagar si se impide llevar a cabo la tan necesitada renovación generacional en el sistema público de investigación (la edad media de los investigadores en posiciones permanentes es de unos 55 años).

Los recortes y la incertidumbre también están afectando a las instituciones. El CSIC, responsable de aproximadamente un 20% de las publicaciones científicas en España, es un caso emblemático. El CSIC ha pasado todo el año 2013 bajo la amenaza de quiebra. El Gobierno ha asegurado repetidamente que no lo dejará caer, sin embargo hasta el momento solo ha transferido 25 millones de euros de los 100 millones que necesita para sanear sus cuentas (aunque promete que transferirá otros 50 millones en algún momento).

La previsión era que el CSIC se quedaría sin liquidez el pasado mayo pero fue retrasado a octubre gracias a medidas de austeridad sin precedentes (aniquilando los ahorros que los centros habían acumulado hasta el año 2012, ahorros destinados a actividades de investigación que han acabado usándose para pagar gastos corrientes). A pesar de ello algunos centros se han visto obligados a cerrar durante dos semanas en agosto para reducir gastos. El Gobierno acaba de acordar avanzar la transferencia de 44 millones de euros correspondientes a proyectos de investigación del Plan Estatal que, en vez de cubrir gastos de investigación durante 2014, acabarán de nuevo pagando gastos corrientes durante 2013; esto retrasará la quiebra del CSIC unos pocos meses pero no resuelve el problema. Muy a nuestro pesar, a los investigadores se nos está acostumbrando al suspense. Probablemente el Gobierno impida que el CSIC entre en quiebra en el último minuto pero el impacto negativo en sus actividades de investigación, su habilidad para participar en colaboraciones internaciones y el daño a su credibilidad son indudables.

Confiar que las instituciones sobrevivan este tipo de parálisis intactas es como pedirle a alguien que deje de respirar durante una hora. De hecho, muchos investigadores ya han dejado de respirar: El CSIC ha perdido unos 1200 puestos de investigación (permanentes y no permanentes) durante 2012 y se espera que perderá otros 1000 durante 2013, resultando en un descenso del 20% de su personal investigador en dos años. O la fuga de cerebros existe o todos estos investigadores se subliman.

Luis de Guindos ha anunciado que el presupuesto de I+D aumentará durante 2014. Sus declaraciones han sido recibidas con extremada cautela, quizá porque en 2013 anunció que el presupuesto se había incrementado un 5% cuando en realidad había sido recortado un 13.7%. Los investigadores no perdonan la manipulación de datos, como tampoco toleran que éstos se ignoren: la recién aprobada Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación para 2013-2020 ni menciona los drásticos recortes presupuestarios sufridos por la I+D en los últimos años, ni analiza su impacto, ni especifica los recursos humanos y financieros que estarán disponibles a corto y medio plazo. El Gobierno espera incrementar el retorno del programa marco europeo para compensar los recortes en el presupuesto nacional, pero la financiación europea está diseñada para afianzar unos presupuestos nacionales fuertes, ni mucho menos para reemplazarlos.

España necesita urgentemente una política científica creíble. Se debe acabar con el ciclo histórico de auge y escasez del presupuesto de I+D, y éste debería recuperar el nivel de 2009 para poder converger con la media europea. Pero no se trata de mantener el status quo, el incremento del presupuesto debería venir de la mano de cambios estructurales.

La coordinación entre ministerios, y entre el Gobierno central y los autonómicos, debería mejorarse. La burocracia a todos los niveles y en todos los procesos administrativos relacionados con la investigación necesita minimizarse. Los plazos de las convocatorias han respetarse y todos los fondos presupuestados ejecutarse. Esto podría facilitarse si se creara finalmente la Agencia Estatal de Investigación y se la dotara de recursos y autonomía para operar con un presupuesto plurianual. Sí, es cierto que el Gobierno permitió la creación de la Agencia ¡pero con un presupuesto cero! También sería bueno recuperar el Ministerio de Educación y Ciencia.

El incrementó de autonomía debería ir acompañado de un incremento de responsabilidad. Todos los organismos y grupos de investigación que reciban financiación pública deberían estar sometidos a evaluaciones rigurosas para incentivar la excelencia. Estas evaluaciones deberían hacerse con los mismos criterios a nivel nacional, independientemente si la financiación viene del Gobierno central o autonómico.

La contratación permanente en el sector público necesita recuperarse de forma urgente para permitir la renovación de una población de investigadores cada vez más envejecida. Los compromisos de estabilidad del programa Ramón y Cajal deberían cumplirse. Es necesaria una mayor movilidad de investigadores entre centros de investigación, entre centros de investigación y Universidad, y también más permeabilidad del sistema a investigadores extranjeros (comunitarios y no comunitarios), con el objetivo de combatir la endogamia e incrementar la credibilidad internacional y la competitividad del sistema español de investigación.

Algunos de estos cambios requieren esfuerzos legislativos significativos. Para llevarlos a cabo con coherencia y celeridad sería conveniente restablecer las comisiones de ciencia en el Congreso y el Senado. Un Consejo Científico de peso con una fuerte representación de la comunidad científica (por ejemplo siguiendo el modelo alemán) debería tener un papel clave en el diseño de estas reformas y como órgano asesor de política científica.

La segunda Carta Abierta por la Ciencia acabó pegada con cinta adhesiva a las puertas cerradas del Ministerio de Economía y Competitividad. La fría recepción de este documento, elaborado por la Confederación de Sociedades Científicas de España, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, una amplia gama asociaciones de base científicas y los dos principales sindicatos, es una imagen impactante de la indiferencia del Gobierno por la ciencia y por la comunidad investigadora. Esto no puede volver a repetirse. El Gobierno debería ir más allá de la foto oportunista y comprometerse de una vez por todas con un sector que puede ayudar a España a desarrollar una economía menos vulnerable. De lo contrario nuestros líderes políticos estarán boicoteando el futuro del país.

Amaya Moro-Martín es investigadora Ramón y Cajal del CSIC y promotora de la Plataforma Investigación Digna.