El médico decidirá quién tiene gratis una ambulancia en casos no urgentes

Serán los médicos que prescriban el tratamiento quienes determinen si el paciente tiene derecho a la financiación del transporte sanitario no urgente. Así se lo propondrá este martes la ministra de Sanidad, Ana Mato, a los consejeros de las comunidades autónomas. Los facultativos —o si la Administración regional lo prefiere, otro órgano de control— podrán decidir que el enfermo no abone el nuevo copago (alrededor de cinco euros por trayecto en ambulancia, con un límite de pago mensual en función de la renta) si tiene limitaciones para desplazarse de manera autónoma y necesita ayuda de terceras personas. No se tendrán en cuenta los problemas socioeconómicos del paciente.

Con esta medida, que deja en manos de los sanitarios una decisión complicada, Mato trata de poner en marcha una de las polémicas medidas de la reforma sanitaria que emprendió hace un año. Lo hace con retraso: se anunció que en junio los ciudadanos ya pagarían por las prótesis y por este transporte; pero la unificación entre regiones y las dificultades para establecer los criterios de quién debe pagar lo han ralentizado. La propuesta inicial de Mato recogía que la mayoría de los enfermos —excepto colectivos muy determinados—, incluidos los crónicos, oncológicos o dializados debían abonar parte de lo que cuesta su traslado a rehabilitación o a tratamiento. Una iniciativa que despertó duras críticas de las organizaciones de pacientes, que lograron que la ministra se comprometiese a excluir de ese pago a los enfermos de larga duración —más de seis meses— . Finalmente, los criterios son más abiertos. Cualquiera que tenga limitación moderada o grave para desplazarse debida a una discapacidad de locomoción, una deficiencia sensorial o cognitiva tendrá cubierto el transporte al centro sanitario si el médico lo determina. También se financiará a quienes lo necesiten por su deterioro físico o los efectos de la enfermedad.

Además de este punto, el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde se reunirán Gobierno y comunidades, también acordará —la mayoría de autonomías gobernadas por el PP hacen que la práctica totalidad de propuestas de Sanidad se aprueben— incluir el cribado del cáncer de colon en la cartera básica de servicios; junto a los de mama y cuello de útero que ya funcionan. Así, todas las regiones realizarán cada dos años las pruebas que analizan si hay sangre oculta en heces, para detectar este tumor, que causa 15.000 muertes al año. Ahora solo ocho autonomías tienen este cribado en sus programas.

Parejas heterosexuales o criterios terapeúticos

La nueva cartera básica de servicios perfilando poco a poco. Mañana se analizará también una iniciativa polémica: como adelantó EL PAÍS, Sanidad ha propuesto a las autonomías que solo las parejas estériles compuestas por un hombre y una mujer puedan acceder a los tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública. El departamento de Ana Mato ha propuesto a las comunidades autónomas que los requisitos para recibir esta prestación sean ser estéril y ser una pareja integrada por "mujer mayor de 18 años y menor de 40 y hombre mayor de 18 años y menor de 55; sin ningún hijo en común previo y san". Pese a que estos requisitos aparecen de manera textual en la propuesta remitida a las autonomías --que analizarán hoy martes la propuesta, si es que esta sigue en los mismos términos--, y que estos dejan fuera a mujeres que acudan solas y a parejas de lesbianas, desde el Ministerio de Sanidad aseguran que el único criterio de aceptación en los programas de fertilidad será padecer un problema de esterilidad. Al margen de esta puntualización, los consejeros no han recibido más propuesta que esta. La medida ha sido duramente criticada por la oposición y por las organizaciones sociales. Ayer, cientos de personas se concentraron frente al Ministerio de Sanidad con eslóganes como “maternidad libre y deseada”, “basta ya de machismo del PP” o “Mato dimisión” para protestar contra la medida, informa Laura delle Femmine.