“Mi experiencia es nefasta, mi padre murió sin las ayudas”

La Consejería valenciana de Bienestar Social ha reconocido a los dependientes agrupados en las plataformas en defensa de la ley que tiene 14.000 expedientes de cuidadores familiares paralizados por falta de fondos. Son una parte de las 218.345 personas que hay en toda España pendientes de recibir su prestación a pesar de tener derecho a ello por su grado de dependencia. Miles de ellos fallecen todos los años sin llegar a disfrutar las ayudas.

Alfredo Sánchez, de Sedaví (Valencia) es uno de ellos. Murió el 24 de noviembre de 2012 sin haber obtenido la ayuda que había solicitado en mayo de 2009 para acudir a un centro de día. Tenía alzhéimer, una mujer de 82 años con una salud delicada y dos hijas que le cuidaban cuando su familia y el trabajo se lo permitían.

Una de ellas es Amparo, de 43 años. “Mi padre comenzó a tener demencia y problemas de psicomotricidad”, relata. Por ello, su familia decidió que acudiera a un centro de día y recurrió a la Ley de Dependencia. “Queríamos que no siguiera perdiendo facultades a un ritmo tan rápido”, comenta.

En octubre de 2010 le reconocieron como gran dependiente. Sin embargo, la resolución por parte de la Administración valenciana se atascó al mismo tiempo que la salud de Alfredo se resentía cada vez más.

“El centro de día nos facturaba entre 400 y 600 euros al mes, a veces hasta 900 si tenía que quedarse más horas, y todo eso había que pagarlo con una pensión de 587 euros”, explica su hija. El resto lo abonaban tanto ella como su hermana.

Los meses pasaban, pero las ayudas no llegaban. “El sentimiento de impotencia era total, cada vez que pedía explicaciones me daba la sensación de que me tomaban el pelo, la única respuesta que me daban era que la prestación se estaba tramitando”.

Llegó un punto que la situación de Alfredo empeoró hasta el extremo de no poder continuar en casa. En ese momento, Amparo consiguió que el Ayuntamiento alojara a su padre en una residencia municipal. “Era al margen de la dependencia, costaba 449 euros de los 587 de su pensión”, apunta su hija.

Alfredo permaneció en el centro entre mayo y noviembre del año pasado, cuando falleció. “Mi experiencia con la dependencia ha sido nefasta, mi padre murió sin llegar a acceder a los beneficios de la ley, a pesar de tener derecho a ellos”.

Ahora, con la ayuda de una abogada, Amparo ha reclamado a la Generalitat Valenciana el dinero correspondiente a la prestación que nunca llegó a pagar a su padre. Para ello, ha solicitado la información recabada por el Síndic de Greuges —la figura autonómica equivalente al Defensor del Pueblo—, al que recurrió ante la falta de respuesta de la Administración valenciana. La semana pasada, Amparo recibió copias de los escritos que la Generalitat remitió al Síndic cuando este se interesó por el caso de Alfredo. Para sorpresa de toda la familia, en una notificación de noviembre de 2011, Bienestar Social admitía que se había aprobado la prestación que le correspondía a su padre. La Consejería de Bienestar Social no ha respondido a las llamadas de este diario para conocer su versión.

“En la Comunidad Valenciana, la Administración aprueba a nivel interno las ayudas, pero no se llega a trasladar al interesado, de forma que no se hacen efectivas”, relata Sandra Casas, la abogada de la plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia en Valencia. “Así, pese a encajar como beneficiarios, no se genera el derecho, y no lo perciben”.