Los sindicatos de la concertada reclaman un sueldo base común

La patronal de la enseñanza concertada y los sindicatos mayoritarios ( (FSIE, FEUSO, y FETE-UGT) están cerca de llegar a un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo. El anterior expira el 8 de junio y si no hay acuerdo entonces prolongarán las negociaciones amparándose en el pacto de general que han llegado los sindicatos y los empresarios y que es aplicable a todos los sectores.

Los sindicatos, tras la mediación del SIMA, reclaman a las Comunidades que a partir del 1 de enero de 2015, las tablas salariales fijen las cuantías en salario base del personal docente en pago delegado uniforme en todas ellas conforme a lo establecido en los Presupuestos  Generales del Estado durante estos años. Es decir, que no haya 17 tablas salariales sino que el sueldo base sea el mismo, con independencia de la autonomía.

Reclaman los sindicatos también que con la firma del convenio no se produzca ninguna reducción en los salarios brutos anuales de los profesores en pago delegado (el pago directo de sus haberes a los docentes de la concertada por el Estado). Y ello implica introducir una cláusula que elimine de responsabilidad a los centros en los salarios del personal docente en pago delegado. En todo el proceso sobrevuela la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre que rechazó que en 2010 se bajase un 5% el sueldo del personal de las ikastolas (una parte de la concertada vasca), como ocurrió con los funcionarios de la pública.

La patronal no quiere que paga de antigüedad se contemple en el convenio

La patronal no quiere que paga de antigüedad (tras 25 años de docencia) se contemple en el convenio —aunque desembolsen las comunidades— porque temen que las administraciones dejen de costearlo. De ser así, cada trabajador particular podría entonces denunciar al colegio por no pagarle, y no a su comunidad porque el convenio es entre ellos dos.

Además se pide habilitar a la Comisión Paritaria para que fije las bases de ésta uniformidad y un control y seguimiento periódico de las negociaciones en las distintas comunidades. Y introducir los criterios para que en las CCAA se produzca a la homologación de los salarios según lo que se acuerde en el convenio colectivo.

El pasado abril el ministerio anunció su intención de encargar un informe jurídico que interpretase la actuación de las comunidades autónomas ante la paga de antigüedad que reciben los maestros y profesores de la concertada. Días antes los sindicatos habían amenazado con un calendario de movilizaciones de los 130.000 profesores de la educación concertada, que imparten clase a casi dos millones de niños.